La tarde del viernes, San Luis Potosí presenció uno de esos movimientos que se anuncian como avances, pero huelen —desde lejos— a imposición. En una sesión exprés, sin deliberación profunda y con evidente sincronía política, el CEEPAC aprobó enviar al Congreso una reforma para que en 2027 sólo puedan competir mujeres por la gubernatura. Una decisión que, lejos de ser un paso legítimo hacia la igualdad, se siente como un albazo burocrático diseñado para ajustar el tablero a conveniencia del poder.
Decirlo con claridad no descalifica la lucha histórica de las mujeres ni pone en duda la necesidad impostergable de abrir espacios en los que han sido sistemáticamente relegadas. El problema no es la paridad. El problema es su uso faccioso.
Porque cuando un órgano electoral se apresura a construir un cerco legal en torno a una sola elección —y cuando esa elección coincide con el apetito transexenal del grupo gobernante—, la sospecha se vuelve inevitable. No por Ruth González, quien ha hecho su carrera con mérito propio y no es responsable de los excesos del gallardismo. La responsabilidad es del sistema que decide torcer la lógica democrática para favorecer un proyecto político.
Una decisión que huele a diseño, no a justicia
Nadie puede negar que San Luis Potosí arrastra un rezago: nunca ha tenido una gobernadora. Pero la solución a la exclusión histórica de las mujeres no puede ser la exclusión absoluta de los hombres. Las acciones afirmativas emparejan la cancha; no cierran la puerta. Cuando lo hacen, pasan de ser justicia correctiva a convertirse en mecanismo de control.
La paridad, para ser legítima, debe abrir oportunidades, no fabricar candidaturas únicas. Y sobre todo: debe nacer de un proceso limpio, no de un madruguete legislativo organizado al ritmo que marca el Ejecutivo.
Las Juanitas: el espejo que no queremos repetir
México ya vivió un episodio vergonzoso cuando partidos de todos colores descubrieron que podían usar la paridad como “calzador” para manipular el poder. Las llamadas Juanitas—candidatas mujeres obligadas a renunciar para que el suplente varón asumiera el cargo— representaron una de las simulaciones más descaradas de nuestra democracia reciente.
Aquel abuso llevó al Tribunal Electoral a emitir una sentencia histórica: la paridad debía ser real, no ornamental.
Lo ocurrido con el CEEPAC remueve ese recuerdo:
no porque se repita el esquema, sino porque vuelve a utilizarse la bandera de género como coartada, ahora no para despojar a las mujeres, sino para blindar un proyecto político.
La manipulación es la misma.
Sólo cambió la dirección.
Democracia de exclusión: un peligro que no debemos normalizar
El derecho a ser votado es universal. No depende del apellido, del partido ni —mucho menos— del sexo. Cuando un Estado decide que todo un género queda impedido para competir por un cargo público, inaugura un peligroso precedente: el de condicionar derechos políticos en función de coyunturas y no de principios.
Hoy se excluye a los hombres.
Mañana podría excluirse a cualquier otro grupo.
Pasado mañana, a cualquiera que no convenga al poder.
Así empiezan las erosiones suaves de la democracia.
La paridad fue creada para derribar techos de cristal, no para levantar muros de género. Para equilibrar desigualdades, no para acomodar herencias políticas disfrazadas de justicia social. No es paridad si se usa como herramienta de sucesión ni como palanca transexenal.
El riesgo real: que la paridad termine pagando los platos rotos
Si esta reforma prospera, la mayor perjudicada no será la oposición ni los aspirantes hombres. Será la propia causa de las mujeres en política.
La paridad impuesta sin legitimidad se convierte en paridad cuestionada.
La paridad cuestionada se convierte en paridad debilitada.
Y una paridad debilitada retrocede décadas de lucha.
El sistema político mexicano ya sabe cómo destruir conquistas legítimas: basta con corromperlas.
La pregunta que sí importa
La verdadera discusión no es si San Luis necesita una gobernadora.
La verdadera discusión es:
¿Queremos una gobernadora producto del voto libre,
o una gobernadora producto de un cerco legal construido a conveniencia del poder?
Porque son cosas muy distintas.
Y de la respuesta dependerá la calidad democrática de esta entidad en los próximos diez años.
La igualdad no puede nacer de una renuncia forzada.
La justicia no puede construirse sobre una prohibición.
Y la paridad no puede ser el caballo de Troya de un proyecto matrimonial, familiar o faccioso.
San Luis Potosí merece más que eso.
Las mujeres también.
La democracia, ni se diga.
