El Radar
Por Jesús Aguilar X @jesusaguilarslp
En San Luis Potosí, la transparencia pública atraviesa una paradoja inquietante: el organismo que debería garantizar el acceso ciudadano a la información y la rendición de cuentas terminó cuestionado por su propio manejo interno. No estamos frente a un escándalo aislado.
Estamos ante una crisis de coherencia institucional.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) fue creada para proteger un derecho fundamental: que cualquier persona pueda conocer cómo se toman decisiones públicas y cómo se administran los recursos. Sin información no hay vigilancia; sin vigilancia no hay contrapesos; sin contrapesos, la democracia se debilita.
Sin embargo, durante la presidencia de David Menchaca, la institución acumuló señalamientos que no pueden leerse como simples omisiones administrativas. Diversas publicaciones de Antena San Luis y Astrolabio documentaron un patrón de actuación que fue erosionando la credibilidad del organismo: gastos en viáticos sin comprobar, uso cuestionado de tarjeta institucional en restaurantes y bares de alto costo, bonos y compensaciones que generaron dudas, así como resistencias para transparentar los propios expedientes de entrega–recepción.
Ciudadanos Observando lo ratificó.
La cifra de más de 300 mil pesos sin comprobar no es el punto central —aunque debe aclararse plenamente—. El verdadero problema es el símbolo. Cuando el titular del órgano encargado de vigilar la transparencia deja cuentas pendientes, la institución pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, la autonomía se convierte en fragilidad.
No es un tema menor. En los años recientes, miles de recursos de revisión promovidos por ciudadanos fueron desechados o resueltos sin un impacto claro en la mejora de la rendición de cuentas. La percepción pública comenzó a desplazarse: de órgano garante a oficina burocrática distante.
Esto ya lo habíamos observado con todo rigor aquí.
https://antenasanluis.mx/el-demonio-de-la-opacidad-desatado/?utm_source=chatgpt.com
Conviene recordar lo que el investigador Mauricio Merino ha sostenido durante años al analizar el sistema nacional de transparencia: la rendición de cuentas no es un trámite, es una relación política entre autoridad y ciudadanía. Cuando esa relación se fractura, el daño no es solo contable, es democrático. La confianza pública no se decreta; se construye con consistencia.
En la misma línea, Sergio López Ayllón, ex comisionado presidente del INAI y académico en derecho constitucional, ha insistido en que la autonomía de los órganos garantes no es un privilegio institucional sino una responsabilidad que exige estándares más altos de integridad. Es decir, quien vigila debe aceptar un escrutinio más severo que el promedio, no uno más indulgente.
A la luz de esos principios, el periodo de Menchaca no puede analizarse únicamente como un cierre administrativo problemático. Debe leerse como un episodio que debilitó la legitimidad de la CEGAIP en un momento donde, además, el debate nacional cuestiona la permanencia y rediseño de los organismos autónomos.
Cuando un órgano pierde credibilidad, se vuelve vulnerable políticamente. Y cuando se vuelve vulnerable, su supervivencia institucional entra en riesgo. No porque alguien lo ataque desde fuera, sino porque dejó de blindarse con coherencia interna.
La discusión, entonces, no es personal ni coyuntural. Es estructural.
¿Qué modelo de transparencia queremos en San Luis Potosí? ¿Uno que cumpla formalmente con la ley mientras acumula dudas éticas? ¿O uno que entienda que el ejemplo comienza en casa?
La transparencia no se sostiene con portales actualizados ni con discursos de compromiso. Se sostiene con integridad verificable. Y si esa integridad falla en la cabeza de la institución, lo que se pone en riesgo no es solo una gestión específica, sino el derecho ciudadano que esa institución existe para proteger.
Por eso la pregunta no puede eludirse:
¿Qué pueden esperar los ciudadanos del órgano encargado de vigilar la transparencia cuando su propia cabeza ocultaba o no aclaraba sus malos manejos?
¿Podemos exigir apertura a municipios, dependencias y poderes cuando el árbitro pierde autoridad moral? ¿O estamos ante el síntoma de un modelo que olvidó que la legitimidad se construye todos los días con coherencia?
No se trata de cancelar instituciones por indignación momentánea. Se trata de entender que la transparencia empieza por casa.
Porque si el guardián no rinde cuentas, la pregunta deja de ser administrativa y se vuelve democrática.
¿Podemos esperar que le pida alguien formalmente que explique y en el mejor de los casos reintegre el dinero que se malversó?
