El Radar
Por Jesús Aguilar
En la semana en que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP estalló en protesta y paro por un presunto abuso sexual en instalaciones de la Facultad de Derecho, el Congreso del Estado —con mayoría afín al gobierno estatal— decidió entrar a una escena que la universidad misma ya ha empezado a procesar: exhortos retirados y la sugerencia de que el rector comparezca ante los diputados, justo cuando se han aplicados sanciones administrativas internas y la fiscalía ha avanzado en la investigación penal.
Ese movimiento no es casual; huele a instrumentalización política de una crisis institucional y humana que exige, sobre todo, prudencia y eficacia.
Lo esencial no puede perderse entre gestos: por un lado la universidad activó protocolos —con ceses y expulsiones derivados de sus procedimientos disciplinarios— y puso en marcha instancias internas para atender la seguridad y las demandas estudiantiles; por otro lado, la Fiscalía del Estado confirmó la detención de al menos una persona vinculada al hecho, lo que traslada la materia penal al ámbito competente. Estas dos vías —la administrativa-universitaria y la penal— son complementarias y no deberían convertirse en disputa de legitimidades entre poderes.
¿Por qué entonces el Congreso insiste en avivar el fuego? La respuesta tiene varias capas. En lo obvio están los intereses partidarios y la necesidad política de mostrarse “duros” ante la opinión pública: pedir comparecencias, exigir salidas, retirar y rehacer exhortos son actos con alto contenido simbólico útiles para marcar perfil público y asignar responsabilidades rápidamente. En el caso potosino, al menos un exhorto impulsado por bancadas vinculadas al gobierno fue retirado y replanteado por sus promotores, lo que indica una decisión política más que técnica sobre cómo gestionar la crisis.
Pero además de la táctica política existe un problema de fondo: la comprensión (o convenientemente la falta de ella) de lo que significa la autonomía universitaria. La autonomía no es un escudo para la impunidad ni una argucia formal para eludir la rendición de cuentas; es una garantía para que las universidades gobiernen su vida académica y administrativa sin injerencias indebidas.
Esa autonomía, sin embargo, no exime a la universidad de cumplir con la ley ni impide que autoridades competentes investiguen delitos. Cuando un congreso decide convertir un caso puntal en un espectáculo —con llamadas públicas a la renuncia del rector o a la intervención directa—, corre el riesgo de violentar la independencia institucional al mismo tiempo que politiza la legitimidad de las víctimas y de las medidas adoptadas por la propia universidad.
Existe además una trampa muy frecuente en estos episodios: el uso de la defensa de la víctima como manta política. Nadie en su sano juicio minimiza la urgencia de proteger a las víctimas ni de exigir justicia; el problema aparece cuando la exigencia se transforma en arma contra la institución que, precisamente, puso en marcha procedimientos y colaboró con la autoridad penal.
Si el objetivo real de las intervenciones legislativas es mejorar protocolos, dotar de recursos y promover transparencia, bienvenido; si el objetivo es desgastar a la UASLP para ganar puntos políticos, entonces la acción es ilegítima y contraproducente. Los ciudadanos exigimos dos cosas a la vez: justicia para las víctimas y respeto al marco institucional que permite que esa justicia exista.
Hay una contradicción explícita que merece subrayarse: mientras el gobernador afirma públicamente respetar la autonomía universitaria, actores cercanos al gobierno o a su bancada en el Congreso han impulsado medidas públicas que tensionan precisamente esa autonomía. Es una dinámica conocida: la autoridad declara prudencia en los micrófonos y deja que sus personeros escenifiquen la tensión en la arena pública. El resultado es una doble señal —“respetamos la autonomía” y, simultáneamente, “vamos a presionar para sacar réditos políticos”— que confunde a la sociedad y, peor, puede causar daño adicional a las víctimas y a la comunidad universitaria.
¿Qué legitimidad tiene, entonces, la intervención del Congreso? Legítima en tanto que un poder legislativo puede y debe ejercer contrapesos y exigir cuentas públicas. Ilegítima cuando sus acciones buscan sustituir o humillar a la autoridad universitaria, o cuando se usan como instrumento de guerra política.
La prueba de legitimidad es doble: a) ¿la intervención contribuye a la verdad, la reparación y la prevención?, y b) ¿se hace con respeto a los procedimientos legales y a la autonomía institucional?
Si la respuesta a ambas es no, entonces la intervención pierde fundamento y se convierte en pantomima política.
La autonomía universitaria no es una reliquia del pasado que deba protegerse por inercia; es una condición viva que exige responsabilidad interna e interlocución sensata con el Estado. El Congreso tiene derecho a cuestionar y el deber de vigilar; pero esa función pierde legitimidad si se ejerce para inflamar y desgastar una institución cuando esta misma institución ya activó mecanismos y cuando la fiscalía actúa en el terreno penal.En estos episodios la política se juega con vidas y con el tejido social: usar el dolor ajeno para marcar agenda es un atajo inmoral que, al final, debilita a todos.
La lección debería ser evidente: quienes gobiernan deben elegir entre dos caminos —hacer política de Estado, que construye protocolos, recursos y confianza; o hacer política de espectáculo, que erosiona autonomía, revictimiza y convierte cada tragedia en moneda electoral. La legitimidad pública mide esa elección.
Mientras tanto, la UASLP, la Fiscalía y la sociedad exigen dos cosas: justicia real y que los poderes públicos no la sacrifiquen en un altar de conveniencias partidistas y electoreras.
RECADERO
*Carlos Arreola, diputado Moreno de proceder verdoso, cada vez está más desubicado, pero pues “está chavo y todo se le hace fácil” dirían los clásicos, así como parece que fue ayer cuando aún estaba en la Facultad de Derecho de la UASLP haciendo cosas de fósil, hoy se asume como juez de cosas que el mismo hacía hace no mucho tiempo. Memoria y congruencia, y sobre todo discreción, por el AMLOVE de Dios o del monchis.
*En la Facultad de Derecho, epicentro de los últimos temblores universitarios la pugna por quién se quedará en la dirección arrancó entre empujes de grupos, resurreciones de momias y grupúsculos movidos por control remoto de intereses partidistas. Los alumnos se deben de poner bien vivos y buscar también la unidad y la certidumbre en su gestión del asunto. Ya incluso hay quienes aseguran se andan moviendo las cosas entre Suhey, Morán y el colmilludo Delgado Sam quien entrará como director interino para convocar a la nueva elección de dirección, en su calidad de consejero maestro. Las circunstancias apremian en un sentido totalmente contrario a lo que se hizo en la imposición de Germán Pedroza con su reelección del año pasado.
Las maestras jóvenes y alumnos del movimiento quieren que haya una directora, y este logro histórico debe ser objetivo real y parece que avanza ése consenso.
* Con un espectácular altar en Palacio de gobierno arranca hoy el Xantolo en tu ciudad, aquí en la capital, aprovechemos los mega puentes para visitar la huasteca y contribuir con su reconstrucción.
