El Radar
Por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
El reciente arranque de quienes asumieron como personas juzgadoras el 1 de septiembre en México —y el inicio hoy del “nuevo poder judicial” potosino— representa una coyuntura crucial.
Se habla de renovación, de acercar el derecho a la ciudadanía, de dar confianza al Poder Judicial. Pero, como evidentemente existe el riesgo real de que esta renovación se convierta en una fachada para un populismo judicial que erosione la credibilidad, la independencia y la justicia verdadera.
Aquí algunos cuestionamientos fundamentales, inspirados por los cinco rasgos que identifican al juez populista en ese texto, adaptados al contexto actual:
1. Respuestas fáciles para casos difíciles
Posible riesgo: Que los nuevos juzgadores opten por decisiones simplificadoras, por fórmulas de “justicia rápida” que suenen bien ante la opinión pública, pero que no resuelvan los problemas estructurales —como la corrupción, la impunidad o la desigualdad— ni fortalezcan los derechos de largo plazo.
Preguntas que deberíamos hacernos:
• ¿Cuánto peso tienen en sus decisiones los precedentes, la doctrina y la jurisprudencia frente al deseo de impactar mediáticamente?
• ¿Se están capacitando para temas complejos —como corrupción, delitos ambientales, violencia de género, derechos indígenas— o sólo para litigios “fáciles” que dan buenas fotos?
• ¿Cómo rendirán cuentas cuando fallen o cuando sus decisiones tengan consecuencias adversas?
• ¿Serán fieles a los que promovieron, pagaron e impulsaron su presencia en cualquiera de los malogrados acordeones?
2. Contradicciones en el razonamiento jurídico
Posible riesgo: Que haya inconsistencias: decisiones que dependan de la coyuntura política, de la presión mediática o del clamor social, más que de argumentos jurídicos estables. Esto degrada la certeza del derecho y favorece la discrecionalidad arbitraria.
Cuestionamientos:
• ¿Se hace pública la argumentación completa de sus resoluciones o sólo un resumen mediático?
• ¿Cómo se aseguran de que los juzgadores no modifiquen o flexibilicen criterios legales según quién proteste o qué medios así lo demanden?
3. Visibilidad y notoriedad pública
Posible riesgo: Que el nuevo juzgador busque protagonismo: entrevistas, redes sociales, poses mediáticas. Esto puede ser saludable si hay transparencia, pero puede ser peligroso si la justicia se mide por la aprobación popular más que por su corrección técnica.
Elementos a vigilar:
• ¿Cuánta presencia mediática tienen en los medios masivos y en redes?
• ¿Usan plataformas públicas para explicar decisiones o para construir una “marca personal” como “el juez cercano al pueblo”, “el que combate el poder”?
• ¿Se promueve deliberación judicial silenciosa, colegiada, independiente de las exigencias del show?
4. Teatro y trivialización
Posible riesgo: Que adopten ceremonias exageradas, simbolismos vacíos, discursos con retórica emotiva pero pobre en sustancia jurídica; o que usen escenarios poco apropiados para decisiones que requieren seriedad institucional.
Preguntas concretas:
• ¿Dónde y cómo se celebran sus primeras audiencias importantes? ¿Son públicas o privadas? ¿Hay solemnidad real o simple escenografía?
• ¿Cuál es la relación entre el lenguaje que usan en comunicados y sentencias versus las explicaciones completas disponibles para los afectados?
5. Negligencia frente a fallas estructurales e intromisión en otros poderes
Posible riesgo: Que se concentren en decisiones espectaculares mientras ignoran los problemas graves del aparato de justicia: demoras procesales, falta de personal, rezago judicial, corrupción interna. O que emitan resoluciones que dictan políticas públicas, presupuestos o acciones que deberían corresponder a los legisladores o al Ejecutivo, poniendo al juez como actor político.
Puntos críticos:
• ¿Los nuevos juzgadores tienen autoridad y autonomía real para enfrentar la burocracia judicial, para exigir transparencia dentro del poder judicial?
• ¿Van a respetar el equilibrio entre poderes, o buscarán resolver mediante sus decisiones lo que corresponde a otros (política pública, legislación, presupuesto)?
• ¿Cómo se está garantizando que sus nombramientos y evaluaciones no sean meramente instrumentos de reparto partidista o de favores políticos?
La reforma judicial que permitió la entrada de estas nuevas personas juzgadoras tiene un enorme potencial. Podría representar un paso hacia una justicia más accesible, transparente e imparcial. Pero ese potencial está en riesgo si no se acompaña de:
• Mecanismos sólidos de evaluación externa y rendición de cuentas que no dependan sólo de los mismos órganos judiciales.
• Transparencia absoluta: de las decisiones, de los criterios de nombramiento, de los procesos internos. No basta con “apariencia” de cambio; el contenido debe cambiar.
• Comunicación responsable: evitar castillos de teatralidad, evitar decisiones calculadas para lucimiento mediático. Que lo judicial no se degrade en espectáculo.
• Justicia centrada en las víctimas, no en el aplauso popular: que las resoluciones permitan reparación, verdad y garantía de no repetición, más allá de titulares.
El 1 de septiembre y el día de hoy en San Luis Potosí pueden quedar como fechas simbólicas de un cambio real, si los nuevos juzgadores no sucumben al populismo Judicial. Pero también podrían transformarse en pequeñas cicatrices de ilusión si resultan solo un maquillaje sin sustancia. Está en juego algo mayor que la renovación de rostros: está en juego la credibilidad del Estado de derecho.
En el estado hay 87 nuevas personas juzgadoras, muy pocas ratificadas en su puesto, ojalá que esta idea e intención pueda ser tomada en cuenta muy en serio, la “democratización” de los poderes judiciales, nacional y local, los ponen en la mira, en otro nivel de exigencia ciudadana y de altísima responsabilidad.
Que el verde de fondo en lo local, y lo guinda de lo nacional no los confunda, queremos verdadera imparcialidad y ahora el juicio masivo, se lo llevarán ellos.
