Durante estos últimos días, la lideresa sindical Francisca Reséndiz lanzó acusaciones hacia funcionarios de Gobierno del Estado respecto de un problema que de novedoso no tiene nada, lleva mucho tiempo ahí: el patronazgo. Dicha práctica consiste en aprovechar la posibilidad que da el empleo público a los gobernantes como patrones para colocar a gente cercana a ellos, o a sus clientelas, asegurándose mediante las basificaciones –cuando es el caso– el mantener a algunos fieles en la administración pública aún después de su gestión.
Según Reséndiz, funcionarios estatales aprovechan ciertos convenios –presuntamente ilegales además– suscritos con las centrales sindicales para ‘meter a su gente’, lo que cuadra perfectamente con la práctica que estoy describiendo.
Las dimensiones de este problema, relacionado con el patrimonialismo con el que los funcionarios ven a la administración pública, son difíciles de calcular. Alguna vez, hará un par de años, pedí datos a la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal sobre la cantidad de empleados que éste tiene en total y por despacho. Me interesaba más que el dato estático del momento una serie de tiempo histórica, pues precisamente en un crecimiento desmedido de la administración pública se pueden encontrar indicios del patronazgo.
Resultó que ‘no tenían la información’. Lógico: si cada administración ‘atiborra’ de fieles a los despachos de gobierno, la nómina saldrá inflada sexenio con sexenio (o trienio con trienio, en casos municipales), y a quienes no les conviene que este tipo de datos estén disponibles es precisamente a quienes están metiendo a toda esa gente, que son quienes tendrían que generar y acumular esta información. Es creíble que ni siquiera la produjeran en el pasado, si es que hoy lo hacen de forma más o menos adecuada.
Pero indicios de que el problema es grande sí que hay. Simplemente hay que ver los egresos de los gobiernos estatales, que en términos reales por lo menos se han triplicado en unos quince años. Muy presumiblemente, gran parte de esos jugosos incrementos se han dedicado a la contratación adicional de personal que va haciendo cada administración.
¿Por qué vale la pena exponer todo esto? Porque este fenómeno aleja, sin duda alguna, a la administración pública que tenemos de la administración pública que deberíamos tener, más eficiente, más pequeña, más especializada, con un sentido del servicio público, en la que los criterios de acceso y ascenso se fijen racionalmente en función de intereses de la comunidad. Una mejor administración pública haría más, que vaya que hace falta, con menos. Por eso urge atender el patronazgo.
¿Qué necesitamos? Caminar en el sentido de transparentar los criterios de contratación y ascenso en las administraciones públicas. Transparentar y limitar, también, la cantidad de personal que tienen y del que pueden hacerse los gobiernos, y avanzar en la implantación de auténticos servicios civiles de carrera ya no sólo a nivel federal, sino también en los estados y municipios. A pesar de lo que parezca, esto no es ninguna obviedad, y no lo es al grado de que no se ha hecho correctamente. Ahí están las acusaciones de esta semana.
Cambiando brevemente el tema, hacía algunos meses apuntaba yo a que los gobiernos Estatal y Municipal tendrían que hacer ‘malabares’ para distanciarse de la administración de Victoria Labastida y al mismo tiempo no colaborar al 100% para que se dieran los castigos que las irregularidades en la misma merecen. Cada vez hay más señales de que están tratando de operar en ese sentido.
Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones del alcalde Mario García, desentendiéndose en buena medida del proceso al enfatizar que ‘los tiempos procesales ya son de otros (otras instancias)’, como diciendo ‘ya no podemos hacer nada’. Si mi pronóstico es correcto, a ver a qué chivo expiatorio culpan de que no haya un castigo ejemplar: auditores, contralores, jueces, Telmex, o en una de esas al Chupacabras.
Carlos Leonhardt.
Twitter: @leonhardtalv
