El Peyote: desarrollo, ley y memoria

El Radar por Jesús Aguilar

Hay decisiones que parecen técnicas, pero en realidad son morales.

La nueva autopista rumbo a Matehuala —en el tramo que cruza el ejido de El Peyote— dejó de ser solo una obra de infraestructura. Se convirtió en un espejo incómodo: ¿qué significa desarrollar sin fracturar? ¿Y qué ocurre cuando una autoridad federal clausura y una autoridad estatal asegura que no hay daño?

Ese es el dilema real.

No se trata de estar a favor o en contra de una carretera. San Luis necesita conectividad. La región Altiplano necesita dinamismo económico. El país requiere infraestructura moderna. Eso es evidente.

Lo que no es evidente —y por eso merece análisis— es cómo se procesan los límites ambientales, los procedimientos legales y la coordinación entre órdenes de gobierno cuando el reloj político corre más rápido que el reloj ecológico.

Decidir: ¿qué está realmente en juego?

La clausura de la obra por parte de la PROFEPA no es un gesto menor. Implica que, al menos desde la óptica federal, existen posibles incumplimientos ambientales que ameritan detener trabajos. No es un matiz administrativo: es una medida correctiva.

Por otro lado, el Gobierno del Estado ha sostenido que no se advierte daño ambiental en el tramo señalado.

Ahí está el punto de tensión.

No es un pleito político. Es una discrepancia técnica con implicaciones jurídicas. Y cuando dos niveles de autoridad leen distinto el mismo territorio, el debate ya no es sobre concreto o asfalto. Es sobre gobernanza.

Lo que está en juego no es solo una carretera.

Está en juego la credibilidad de los estudios de impacto ambiental.
Está en juego la capacidad del Estado mexicano para armonizar desarrollo con protección ecológica.
Está en juego la confianza pública en que las reglas son reglas para todos.

Y, en el fondo, está en juego el mensaje que enviamos hacia adelante: ¿las obras se ajustan al marco legal o el marco legal se ajusta a la obra?

Decir: contexto y responsabilidad

El ejido de El Peyote no es un punto cualquiera en el mapa. Es territorio con historia agraria, con ecosistemas frágiles del Altiplano y con comunidades que no pueden ser tratadas como nota al pie.

México tiene un marco normativo ambiental robusto en el papel. Manifestaciones de Impacto Ambiental, consultas, permisos federales, evaluaciones técnicas. El problema nunca ha sido la inexistencia de reglas, sino la consistencia en su aplicación.

Cuando PROFEPA clausura, activa un proceso. No sentencia, pero sí alerta.
Cuando el gobierno estatal minimiza o relativiza el señalamiento, también envía un mensaje.

Ambas posturas deben explicarse con datos verificables, no con declaraciones cruzadas.

Si hubo omisiones, deben corregirse.
Si no las hubo, debe demostrarse con transparencia técnica.

Porque lo peor que puede pasar no es un retraso en la obra. Lo peor es que el debate se degrade en trincheras partidistas y se pierda el fondo: ¿cómo se construye en 2026 sin repetir prácticas del pasado?

San Luis ha vivido durante décadas la tensión entre inversión y territorio. Minería, agua, reservas naturales, expansión urbana. Cada generación enfrenta la misma pregunta con distinta intensidad.

La autopista a Matehuala es parte de esa conversación larga.

Consolidar: lo que viene

Este no es un momento para estridencias ni para aplausos anticipados.

Es un momento para claridad.

La autoridad federal deberá resolver conforme a derecho.
La autoridad estatal deberá acreditar técnica y jurídicamente su postura.
La sociedad deberá exigir información, no rumores.

La infraestructura no puede construirse contra la ley. Pero tampoco puede paralizarse por sospechas indefinidas. El equilibrio es fino y exige rigor.

Dentro de cinco años, cuando esa carretera esté concluida —o modificada— la pregunta no será quién ganó el debate mediático. La pregunta será si aprendimos a hacer mejor las cosas.

Desarrollar no es solo avanzar.
Es avanzar sin romper lo que no sabemos reconstruir.

El Radar no está para incendiar la coyuntura. Está para recordar que el territorio tiene memoria y que las decisiones públicas dejan huella.

Y hoy, en El Peyote, esa huella se está trazando.

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