El Radar
Por Jesús Aguilar
El miércoles 26 de noviembre de 2025, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200), el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, esperaba la llegada de integrantes del Congreso del Estado, ambas partes interesadas en debatir el presupuesto que la universidad requerirá para 2026.
Sin embargo, la cita resultó un desaire total y seguramente premeditado: sólo dos diputadas, María Aranzazu Puente Bustindui y Jéssica Gabriela López Torres, avisaron en un atisbo de decencia personal que se tendrían que disculpar, ante la “imposibilidad” de quedarse a la reunión. El resto de los legisladores no se presentó, ni confirmó ni canceló.
La transparencia que hemos pedido en este espacio aplica absolutamente para todas las instituciones públicas y el Congreso es una caja de cristal polarizada en sus formas pero con claridad desde el fondo, la maneja el ejecutivo con total displicencia.
¿Qué pretendía la UASLP?
Según Zermeño Guerra, el propósito era “presentar un panorama general de la universidad”: exponer las necesidades institucionales, explicar los proyectos previstos para 2026, y mostrar “hasta dónde se quiere llegar” con los recursos que la casa de estudios reciba.
El rector también señaló su apertura al diálogo, siempre y cuando la conversación se centre en el presupuesto universitario —no en otros temas ajenos—. En ese sentido, sugirió que la reunión podría llevarse en una sede neutral, como por ejemplo un museo, aunque hasta ese momento nadie lo había propuesto.
Además, para la siguiente reunión prevista con la Comisión de Hacienda del Congreso, podrían asistir otros funcionarios de la UASLP: el secretario de Finanzas o el secretario general, con el fin de aportar información técnica más precisa.
Es la primera de los toma y daca que han sostenido innecesariamente el gobierno y sus tentáculos y la máxima casa de estudios, otra vez Federico Garza cuya función principal es llevar las operaciones políticas de la UNI brilla, por su absoluta ausencia.
¿Qué está en juego: presupuesto y transparencia?
La convocatoria a este diálogo se enmarca en la definición del presupuesto estatal 2026, que debe incluir la asignación correspondiente a la UASLP.
Para el Legislativo, la reunión representa una oportunidad de transparentar asignaciones y obligaciones, revisar posibles “errores legislativos” que afectaron la asignación presupuestal en ejercicios anteriores, así como aclarar cuestionamientos sobre lo que representa el gasto institucional.
Por su parte, para la universidad podría significar asegurar los recursos necesarios para su operación, planes de infraestructura, programas académicos, becas, y demás rubros fundamentales para su oferta educativa en 2026.
Tensiones institucionales y comunicación
El faltante de la mayoría de los diputados a la reunión revela una tensión política: por un lado, la universidad insiste en que el diálogo debe realizarse en su campus (o en una sede neutral), argumentando que allí hay capacidad técnica para explicar sus finanzas. Por otro, el Congreso considera que cualquier negociación presupuestal debe ocurrir dentro del Poder Legislativo, con “protocolos y formalidades” institucionales.
Este desencuentro deja al descubierto una falta de consenso sobre los canales institucionales adecuados para abordar temas financieros. En ese contexto, la UASLP reclama visibilidad sobre sus necesidades y proyectos, mientras que parte del Congreso busca regímenes de transparencia y responsabilidad presupuestal.
R E C A D E R O
*Una de las dos diputadas que al menos tuvieron la decencia de al menos comunicarse con el Rector para avisar que no asistirían a la reunión a la que faltó el Congreso entero, Gabriela López Torres, tal vez una de las únicas legisladoras que ofrece congruencia y consciencia en su proceder dio una entrevista. La diputada de Morena lamentó el conflicto de logística y fechas con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para esta reunión, señalando que la disputa sobre la sede y la ausencia confirmada del Rector demuestran una falta de acuerdo que no es productiva, pues el interés principal de respetar la autonomía y discutir el presupuesto de la universidad debería prevalecer. Torres confirmó su asistencia a la reunión convocada en el Congreso, a pesar de las controversias, y sugiere utilizar las reuniones de la Comisión de Hacienda (que inician el viernes con el desglose del presupuesto) como sede alterna para dialogar, manifestando su interés en cuestionar a la UASLP sobre la mejora de sus planes de estudio, la inversión en seguridad y la necesidad de su autonomía presupuestal.
*Después de que Lucy Lastras anunciara un recurso para buscar la destitución de la responsable de derechos universitarios en la UASLP, el Rector dejó claro que en la normatividad vigente el Consejo Técnico de la Facultad es quien debe establecer la nueva terna (en la anterior desecharon a Georgina González, Delgado Sam y a la propia Lucy).
¿Medida de presión o deslinde a tiempo? El Rector dijo clarito que incluso se puede volver a postular a la misma terna… si se ponen de acuerdo
*En fuentes confiables encontramos que varios de los líderes campesinos que mantienen el bloqueo nacional si tienen relación partidista, Rubén Corona del Frente Nacional Campesino es militante del PAN, igual que Santiago Hernández Bautista de Hidalgo, así como Cuauhtémoc “Temosolís” García de Michoacán.
Aldo Ricardo Alatorre de Ocotlán ha sido dirigente del PRI, igual que el ex diputado federal jaliscience Eleazar Rodríguez y el diputado federal actual Luis Gerardo Sánchez al que acusaron directamente de estar fondeando el mega bloqueo. Que sus demandas sean válidas, ése es otro boleto.
*La quema de la puerta de la Secretaría de la Mujer y la demanda constante de colectivos en este 25N de no erradicar las alertas de género, una de las últimas herramientas que aun con sus ineficiencias son indispensables para seguir recordando el negro panorama que existe en la persistencia de la impunidad parece un verdadero botón de pánico de la trágica realidad que subsiste en la simulación del combate de la violencia contra las mujeres en el estado.
