El Radar
Por Jesús Aguilar
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el poder no se pierde: se recicla.
El reciente ingreso de Mariana López Ponce, exvicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), a la nómina de la Secretaría General de la UASLP, encabezada por Federico Garza Herrera, es una postal precisa de cómo opera el poder en una institución que hace tiempo perfeccionó un modelo de control político e institucional bajo el capelo de la autonomía.
López Ponce, abogada recién titulada, fue contratada como auxiliar administrativa con un salario de poco más de ocho mil pesos netos mensuales. En sí mismo, el cargo no tendría trascendencia pública. Pero el contexto lo convierte en un símbolo poderoso: apenas un año antes, en mayo de 2023, la entonces dirigente estudiantil había acusado a Garza Herrera y a otros funcionarios de discriminación e invisibilización, denunciando públicamente haber sido ignorada, sobajada y tratada con desdén por el hecho de ser mujer.
En aquella ceremonia de toma de protesta, su discurso rompió el protocolo habitual del elogio y la subordinación:
“Licenciado Federico Garza y licenciado Jorge Mascareñas: desde que obtuvimos la victoria no han hecho nada más que ignorarme e intentar invisibilizarme. Tal vez porque soy mujer o porque ustedes querían dar las ventajas a los hombres. Hoy no les pido, les exijo respeto”.
Palabras duras, pronunciadas frente a las cámaras, que marcaron distancia con una de las figuras más influyentes del entramado universitario.
Dos años después, López Ponce trabaja justamente bajo las órdenes del funcionario al que señaló.
Federico con F de Fabían, parece el espíritu languido del oportunismo que parece insignificante pero que cada día es más intolerable en la Universidad.
El mecanismo de absorción
Este tipo de episodios no son nuevos.
A lo largo de las últimas décadas, la UASLP ha mostrado una sorprendente capacidad para absorber a sus críticos dentro del propio sistema. Exdirigentes estudiantiles, activistas y voces disonantes suelen terminar integrados a la estructura institucional, en puestos menores o intermedios, diluyendo así la posibilidad de una oposición interna con peso político real.
El caso de López Ponce ilustra con claridad ese mecanismo de encapsulamiento del poder.
Primero, se desactiva el discurso crítico mediante el acercamiento burocrático; luego, se convierte la inconformidad en subordinación. En la práctica, se trata de un modelo de “neutralización institucional” que no castiga, pero tampoco permite que el disenso se transforme en cambio.
El sistema universitario local —decanatos, direcciones, secretarías— funciona como una red cerrada de lealtades internas donde los espacios de movilidad se determinan más por la docilidad que por el mérito. La FUP, que alguna vez fue semillero de debate y contrapeso, se ha convertido gradualmente en una cantera funcional al poder universitario, más orientada a la reproducción del orden que a la defensa de los estudiantes.
Manoseada por ex porros y liderazgos turbios como hemos mencionado antes en este espacio.
Autonomía como blindaje
La autonomía universitaria, bandera histórica de independencia intelectual, se ha transformado en un blindaje político-administrativo.
En su interior, los conflictos se administran; las tensiones se disuelven en acuerdos discretos y las denuncias se desactivan con silencios. Desde hace años, las autoridades universitarias han aprendido a capitalizar el discurso de la estabilidad: “sin conflictos, la Universidad avanza”. Pero ese avance suele implicar la marginación de la crítica.
En la historia reciente de la UASLP, hay ejemplos de este patrón. Voces estudiantiles que incomodaron durante su gestión fueron después contratadas, integradas o marginadas bajo figuras administrativas menores. Así, el sistema no reprime directamente, pero asimila. El resultado es una cultura universitaria donde el cuestionamiento se ve como falta de gratitud y donde el mérito se mide por la obediencia.
En el caso de Mariana López Ponce, la ironía es inevitable.
Su denuncia pública contra el trato discriminatorio que recibió por parte de Garza Herrera fue, en su momento, una bocanada de aire fresco en un entorno rígido. Pero al aceptar trabajar en la oficina del mismo funcionario, su incorporación simboliza —voluntaria o no— la domesticación del desacuerdo.
¿Estuvo de acuerdo el Rector Zermeño?
El mensaje a las nuevas generaciones
Para la comunidad universitaria, especialmente los jóvenes, el mensaje es claro: el sistema no se confronta, se integra.
Quien levanta la voz puede terminar encontrando un espacio, pero bajo las condiciones del poder que cuestionó.
Esta lógica destruye la esencia del debate universitario, ese espíritu crítico que debería ser el corazón de una institución pública de educación superior. En su lugar, se impone una cultura de silencios cómodos, de acomodo y gratificación inmediata.
Mientras tanto, la universidad mantiene un discurso de apertura y modernización, presume transparencia y avances administrativos, pero sigue arrastrando una vieja deuda con su pluralidad interna. El caso de López Ponce no es una anécdota menor: es un reflejo de cómo el poder universitario absorbe toda diferencia hasta convertirla en burocracia.
La pregunta que queda abierta es inquietante: ¿cuánto puede avanzar una universidad que neutraliza a su propia generación crítica?
Las discretas salidas sin voz contundente de la rectoría actual y la absolutamente desafortunada presencia de ciertos personajes de gran poder en su círculo más cercano de toma de decisiones hoy son una catapulta al fracaso.
En tiempos en que el país entero discute la rendición de cuentas, la UASLP parece moverse en sentido contrario, fortaleciendo un modelo de lealtades circulares, donde los nombres cambian, pero las estructuras permanecen intactas.
Al final, la exvicepresidenta no solo ingresó a la nómina; ingresó al mecanismo que la invisibilizó.
Y ese, en términos políticos, es el triunfo más silencioso —y más peligroso— de cualquier poder: lograr que sus críticos terminen trabajando para él.
