A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha
El Caso Rich en San Luis Potosí no solo conmocionó a la comunidad local, sino que rápidamente capturó la atención nacional. Este trágico evento, ocurrido el pasado 7 de junio, puso en evidencia las fallas sistémicas en la atención de las autoridades y la insidiosa cultura de sobornos y corrupción que permea entre los empresarios del entretenimiento en San Luis Potosí. Algunas voces incluso hablan de cuotas del crimen organizado en la “repartición” de zonas en la capital potosina relacionadas con la operación de bares y tugurios.
Las vidas perdidas de Alejandro y Rodrigo son el colmo de esta tragedia son un recordatorio doloroso de cómo la negligencia y la corrupción pueden tener consecuencias devastadoras.
La falta de atención por parte de las autoridades es una de las principales causas que permitieron que ocurriera este lamentable suceso. Las regulaciones y normas de seguridad existen para prevenir accidentes y garantizar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, cuando estas normas no se aplican rigurosamente y las inspecciones se realizan de manera superficial o, peor aún, no se llevan a cabo, las probabilidades de que ocurra una tragedia aumentan exponencialmente. En el caso Rich, la falta de supervisión y la complacencia de las autoridades locales para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad fue evidente.
Hace unos días, al retomar el caso el propio Gobernador asumió que faltaban muchas cosas por hacer para aplicar justicia en el caso, especialmente en la revisión de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados y algunos son sus subordinados, otros, del ayuntamiento capitalino.
Por otro lado, la cultura de sobornos y corrupción entre los empresarios del entretenimiento exacerba aún más la situación. En lugar de invertir en las medidas de seguridad necesarias, muchos optan por la vía rápida y fácil de sobornar a las autoridades para eludir responsabilidades. Esta práctica no solo es ilegal, sino también inmoral, ya que pone en riesgo la vida de las personas. La impunidad con la que operan estos empresarios crea un ambiente donde la negligencia es la norma y no la excepción.
El dueño y operador de la plaza Alttus también engrosa la lista de responsables colaterales en la tragedia.
Además, este caso pone de relieve una verdad aún más inquietante: la falta de justicia y rendición de cuentas en México. A pesar de la gravedad de los hechos, los responsables a menudo encuentran maneras de evadir la justicia a través de conexiones políticas y sobornos. Este círculo vicioso perpetúa la corrupción y deja a las víctimas y sus familias sin el cierre y la justicia que merecen.
El caso Rich en San Luis Potosí también ha capturado la atención de la opinión pública, no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino por los constantes aplazamientos y la falta de información que han caracterizado su proceso judicial. En una audiencia que apenas duró media hora, el juez a cargo decidió postergar la audiencia de suspensión provisional hasta el 16 de octubre, citando la falta de datos necesarios para proceder con una reparación del daño.
Los acusados, Nancy N., Ulises N. y Francisco N., enfrentan cargos graves: incumplimiento de normas, homicidio y lesiones. Estos delitos, que no son menores, requieren de un manejo judicial riguroso y eficiente. Sin embargo, la realidad parece ser otra. La audiencia del pasado 6 de agosto, que tuvo lugar a las 15:30 horas, no avanzó más allá de la formalización de una solicitud de la defensa para buscar una suspensión o un procedimiento abreviado. La respuesta del juez fue clara y contundente: no se pueden considerar estas medidas mientras la investigación siga inconclusa y no se hayan calculado los montos para la reparación del daño.
Este escenario pone de relieve un problema recurrente en el sistema judicial mexicano: la lentitud y la burocracia que entorpecen el avance de los casos. La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió no tener la información necesaria para determinar la reparación del daño, un paso esencial para cualquier medida de suspensión provisional. Esta admisión resalta una falta de coordinación y eficiencia que afecta no solo a los acusados, sino también a las víctimas y a la sociedad en general, que espera justicia pronta y expedita.
El aplazamiento de dos meses decidido por el juez añade una capa más de frustración para todas las partes involucradas. No es la primera vez que se solicita la suspensión provisional basada en la reparación del daño. Durante la audiencia de vinculación a proceso el 22 de julio, la defensa ya había planteado esta posibilidad, solo para encontrarse con la imposición de prisión preventiva para sus defendidos.
La situación actual del caso Rich refleja una problemática más amplia dentro del sistema judicial mexicano: la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades judiciales. Cada aplazamiento no solo retrasa la resolución del caso, sino que también incrementa la desconfianza pública en el sistema judicial. Las víctimas y sus familias merecen una respuesta clara y rápida, y los acusados, aunque enfrentan cargos serios, tienen derecho a un proceso justo y eficiente.
Es imperativo que la FGE y las demás autoridades competentes tomen medidas para agilizar los procesos, mejorar la coordinación y asegurar que se cuente con toda la información necesaria para avanzar en los casos judiciales. Solo así se podrá garantizar un sistema judicial que realmente sirva a la justicia y a la sociedad.
El caso Rich, con sus múltiples aplazamientos y su actual estancamiento, debe servir como un llamado de atención para revisar y reformar los procedimientos judiciales en México. La justicia retrasada es justicia denegada, y todos los involucrados merecen algo mejor.
Como colofón compartimos cómo amaneció hoy la Ciudad Judicial. (Video) Con una sobria manifestación trabajadores del Poder Judicial del Estado encabezada por el funcionario Jesús Xerardo Martínez en dónde hacen un llamado respetuoso pero enérgico al Gobernador Gallardo exigiendo se prioricen las obligaciones financieras con este poder al que han mantenido en precariedad. Después de ver lo que se ha empeñado económicamente en artistas e infraestructura para entretenimiento a un día del arranque de la FENAPO el tema da mucho de qué hablar. Primero los frijoles y luego la fiesta dirían en mi pueblo…
Finalmente el estallido del caso violento entre taxistas y choferes de unidades de plataforma (uber y otras) del martes 6 de agosto que terminó en un caos y bloqueos incluso en la carretera 57 mete presión a la SCT y a las autoridades estatales emplazando a los actores a un dialogo que no ha avanzado como se esperaba. La administración de Gallardo ya anunció que habrá mano dura contra los rijosos de parte del taxismo y aplicación de la ley para los irregulares de las plataformas, en el arranque de la feria será un reto más que resolver sin duda, ojalá lo logren en favor de la ciudadanía.
