El precio que paga México por la impunidad.

Letras Económicas
Por José Claudio Ortiz
La corrupción no es solo un problema moral o de justicia, también tiene un impacto directo en la economía de cualquier país. Y en el caso de México, los números hablan por sí solos. Según el último informe de Transparencia Internacional, nuestro país cayó al puesto 140 de 180 naciones en el Índice de Percepción de Corrupción, igualándose con Iraq, Uganda y Nigeria. Dentro de la OCDE, México ocupa el último lugar, y en el G20 solo está por encima de Rusia.
Pero, ¿cómo impacta esto en nuestros bolsillos y en la economía nacional? La corrupción afecta desde la inversión extranjera hasta los precios que pagamos por bienes y servicios. Es un enemigo silencioso que encarece la vida de todos.
La desconfianza espanta las inversiones
Uno de los principales problemas económicos de un país con altos niveles de corrupción es que los inversionistas extranjeros simplemente no quieren arriesgar su dinero. Empresas internacionales buscan estabilidad, reglas claras y seguridad jurídica, pero cuando ven que en México los escándalos de corrupción se resuelven con impunidad, prefieren llevar su dinero a otro lugar.
Esto se traduce en menos empresas, menos empleos y menor crecimiento económico. Cuando un país pierde credibilidad, también pierde oportunidades. Y no es solo la inversión extranjera; también las pequeñas y medianas empresas nacionales enfrentan un ambiente hostil donde los “moches” y la burocracia corrupta dificultan su crecimiento.
El sobreprecio que pagamos todos
Un claro ejemplo es el escándalo de Segalmex, un desfalco que involucró 955 millones de pesos invertidos ilegalmente en fondos bursátiles. Estos recursos estaban destinados a programas de alimentación para los sectores más vulnerables, pero acabaron en esquemas de corrupción. Al final, quienes más sufren estas pérdidas son los ciudadanos de a pie, que ven sus impuestos desperdiciados y reciben servicios públicos deficientes.
El costo de la impunidad
El informe de Transparencia Internacional destaca que entre 2017 y 2024 se identificaron más de 3,350 responsabilidades administrativas en 33 órganos de fiscalización. Sin embargo, solo el 8.4% de esos casos terminaron en una sanción real. Esto significa que, en la mayoría de los casos, los responsables no enfrentan consecuencias.
La impunidad es una señal clara de que la corrupción seguirá ocurriendo. Si los responsables no pagan por sus acciones, la percepción de que “robar del erario sale gratis” se extiende y se normaliza. Esto afecta no solo a la economía, sino también a la moral de la sociedad.
¿Se puede revertir esta situación?
Para que la economía mexicana no siga sufriendo los estragos de la corrupción, se necesitarían cambios estructurales. Implementar reformas de transparencia, fortalecer el Poder Judicial para castigar a los corruptos y mejorar la fiscalización de los recursos públicos son pasos clave, sin embargo, el gobierno actual y el anterior, van en la dirección contraria, destruyendo organismos autónomos que nos garantizaban transparencia y piso parejo y convirtiendo al poder judicial en un órgano controlado por el mismo gobierno.
En estos momentos, resulta fundamental que la ciudadanía participe activamente denunciando actos de corrupción y exigiendo cuentas a los gobernantes. La presión social puede ser un factor determinante para impulsar cambios reales.
Conclusión
México está pagando un precio muy alto por la corrupción, y ese costo se refleja en menos empleos, precios más altos y un menor crecimiento económico. Mientras la impunidad siga siendo la norma, la inversión se alejará, y el dinero de los contribuyentes seguirá evaporándose en escándalos como los de Segalmex.
Si queremos un futuro económico más próspero, el combate a la corrupción debe ser una prioridad real, no solo un discurso político. La pregunta es: ¿estamos listos para exigir ese cambio?
Te deseo un excelente miércoles y te espero por aquí la próxima semana.
@jclaudioortiz