El Radar
Por Jesús Aguilar
En México, la historia del llamado “desarrollo” suele escribirse con trazos de concreto sobre tierras que durante generaciones han sido resguardadas por comunidades ejidales. Con el pretexto del progreso económico y la conectividad vial, empresas privadas —avaladas muchas veces por autoridades locales o federales— imponen megaproyectos que arrasan con el tejido social, los derechos agrarios y el equilibrio ecológico.
El caso más reciente, y paradigmático, se encuentra en San Luis Potosí: la controvertida construcción del último tramo de la autopista de cuota a Matehuala, un proyecto de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, del poderoso Grupo Valoran, que amenaza con repetir un modelo de despojo y opacidad que se ha vuelto dolorosamente común en todo el país.
Carreteras que atraviesan derechos
El proyecto, identificado oficialmente como “Autopista Entronque 75D-Matehuala”, ha generado una fuerte oposición por parte de los ejidos afectados, particularmente en las zonas de Guadalcázar, Villa Hidalgo y Cerritos, donde se encuentra la Reserva Estatal Real de Guadalcázar, una Área Natural Protegida que alberga importantes núcleos agrarios como La Tapona, Peotillos, Coyote de Villa Hidalgo y el Ejido El Peyote. Comunidades enteras han dicho “no” a la cesión de sus tierras, lo que no ha impedido que la empresa continúe con trámites e intentos de ocupación, en algunos casos sin el consentimiento legal que exige la Ley Agraria.
Lo alarmante no solo es la insistencia empresarial en imponer una carretera privada —que servirá, en esencia, a fines comerciales y no comunitarios—, sino la falta de transparencia en el procedimiento ambiental. El Consejo Hídrico Estatal (CHE) denunció que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto no ha sido publicada de manera completa ni en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, ni en el portal de Consulta Tu Trámite, impidiendo que técnicos, académicos y ciudadanos puedan hacer una revisión crítica del contenido, los riesgos y las afectaciones al entorno natural y social.
Consulta pública, no simulación
Por ello, el CHE —a través de su presidente Jonathan Abraham Quintero García— presentó formalmente ante la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la SEMARNAT una petición clara: abrir el expediente completo de la MIA y convocar a una consulta pública real. Este mecanismo es un derecho garantizado por la normatividad ambiental, que establece la necesidad de una participación ciudadana informada, particularmente cuando un proyecto puede alterar ecosistemas sensibles o afectar tierras sociales.
Uno de los puntos más delicados está en el uso indebido de la figura del cambio de uso de suelo, así como en la falta de asambleas ejidales válidas. En el caso del Ejido El Peyote, por ejemplo, no se autorizó ni la ocupación de territorio ni la gestión de permisos ambientales, por lo que la inclusión de sus tierras en la MIA —sin sustento legal ni consulta a la comunidad— constituye una grave violación a sus derechos agrarios.
El desarrollo sin comunidad no es progreso
Este caso no es aislado. Es reflejo de una política de desarrollo que no dialoga con la tierra ni con quienes la habitan. La imposición de infraestructura privada disfrazada de beneficio público ignora que los ejidos no son obstáculos, sino guardianes del territorio, de la biodiversidad y de las formas de vida sustentables que aún subsisten en medio de un modelo extractivo y depredador.
Peor aún, la opacidad en los trámites ambientales y la presión ejercida sobre las comunidades —frecuentemente acompañada de intimidaciones, compra de voluntades y uso de notarios o funcionarios para forzar asambleas simuladas— refleja la fractura institucional que permite el despojo como mecanismo estructural del desarrollo en México.
¿Para quién se construyen estas carreteras?
¿A quién sirve realmente el llamado “progreso”?
Si no se respeta la voluntad de los ejidos, si se pone en riesgo la recarga hídrica de una región semidesértica, si se vulnera un área natural protegida, si no hay transparencia en la evaluación de impacto ambiental… entonces lo que se construye no es un camino al desarrollo, sino una vía rápida hacia el colapso ecológico y la injusticia social.
San Luis Potosí es hoy el escenario de una batalla emblemática: la de comunidades que exigen ser escuchadas, que demandan legalidad, transparencia y respeto. Y mientras las máquinas no lleguen, aún hay oportunidad de corregir el rumbo. Porque el desarrollo no puede pasar por encima de la tierra, ni del agua, ni de quienes la cuidan desde hace generaciones.
