Por Jesús Aguilar – @jesusaguilarslp
LOS MUERTOS DE AMLO
Según datos del propio gobierno de López Obrador, de diciembre de 2018 a noviembre del año en curso se han registrado un total de 169,526 casos de homicidio doloso.
No son cifras del bloque conservador, de los medios “rebeldes” opositores, tampoco son números que puedan ser combatidos con el sobado y rebasado argumento obradorista del “yo tengo otros datos”.
En el discurso matutino del Presidente del pasado miércoles, las cifras revelan una cruda realidad: los homicidios se han disparado 77% en comparación con los cinco años iniciales del sexenio de su némesis, el panista Felipe Calderón y 41% en comparación con el periodo correspondiente del priista, su antecesor Enrique Peña Nieto.
Durante los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a noviembre de 2017), los homicidios dolosos llegaron a 120,437, con un promedio de 66 casos diarios. En contraste, en los primeros cinco años del sexenio de Felipe Calderón (2006-2011) se registraron 95 mil 646 homicidios, con un promedio de 52 casos diarios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Pese a la afirmación del presidente López Obrador de una tendencia a la baja, las cifras acumuladas siguen siendo asombrosas.
El consultor en políticas públicas y especialista en seguridad David Saucedo advierte que el país nunca había presenciado cifras tan altas de homicidios en la historia moderna.
Aunque reconoce el papel de las disputas internas del mercado de drogas en la escalada de violencia, Saucedo sostiene que la actual estrategia federal de seguridad es ineficaz para frenarla. Nadie a la fecha ha podido excluir a los miembros de los cárteles, que reclutan cientos de miles de jovencitos, muchos menores de edad como carne de cañón, sicarios principiantes o halcones en cualquier pueblo del país.
El académico Guillermo Garduño anticipa un pico de homicidios bajo López Obrador si persiste la estrategia actual. Garduño critica el cansancio del régimen, señalando dos aspectos preocupantes: la cancelación de 90 mil desapariciones y la persistencia de la impunidad en casos de homicidio.
Por decreto, en un acto de presidencialismo insultante siguen dándose estos números, los podrán borrar de la estadística, pero 90 mil familias de los que hoy faltan y la multiplicación exponencial de personas allegadas y parte de sus comunidades no se pueden meter debajo de la alfombra de la ignominia.
Este país en ruinas sociales, (solo así podríamos explicar la ausencia práctica del gobierno en la cesión de territorios que están desbordados de violencia) tiene la imperiosa necesidad de una estrategia diferente, llamando la atención sobre los problemas sistémicos en la justicia y las instituciones que deben ser atendidos.
Al 20 de diciembre de este año, los estados con mayor índice de víctimas por cada 100 mil habitantes son Colima (99.3), Morelos (63.7), Baja California (58.7), Zacatecas (54.7) y Chihuahua (49), según el SNSP. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Quintana Roo y Michoacán completan los diez primeros lugares. Colima, Morelos, Baja Caifornia y Zacatecas, los primeros cuatro en éste índice son gobernado por MORENA.
El discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce el uso excesivo de la fuerza, y pretende abogar por abordar las causas profundas de la violencia. Afirma que se ha producido un descenso gradual de los homicidios y lo atribuye a las políticas en curso centradas en la juventud, los valores culturales y morales y la preservación de las familias, rechazando las medidas coercitivas como panacea. Los resultados finalmente no se pueden dosificar a través de discursos mañaneros, ni de arengas de simpatías políticas, los muertos se acumulan, los desaparecidos dejan huecos que nadie llena, y por más malas intenciones que subsistan de atiborrar con ellos los closets, este armario de la infamia sigue siendo el sótano de Palacio Nacional.
