Por Jesús Aguilar
DEA-MLO Y SUS SEÑALAMIENTOS.
El presidente López Obrador montó en cólera y aceptó por fin una preocupación “diferente” a las que normalmente vive atajando “ataques” de sus “adversarios” al intentar combatir las revelaciones publicadas en Estados Unidos, en las que se le acusa de haber recibido fondos del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial de 2006.
Obviamente desde su púlpito y postura incólume condenó al gobierno estadounidense por permitir tales “prácticas inmorales”, sin especificar si se refería a la libertad de prensa o a las investigaciones realizadas por entidades judiciales y de inteligencia. Llamativamente, recrudeció la situación desafiando al presidente Joe Biden a reconocer su malestar. Esto marcó la postura interna en la materia, pero la historia está lejos de terminar.
La importancia del 30 de enero de 2024 no puede ser subestimada, es una fecha toral, un antes y después no solo en la relación bilateral, sino que implica un radical cambio en la indulgencia política que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado hacia los enfrentamientos del presidente López Obrador con la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, yuxtapuesto a un enfoque aparentemente permisivo hacia el crimen organizado.
No es lo mismo combatir a Loret con su expediente del SAT en la mano que a Tim Duncan doble merecedor de un premio Pullitzer que tuvo un expediente de la DEA en la suya.
Como era de esperar, López Obrador respondió acusando a la prensa estadounidense de estar “subordinada” al poder, sugiriendo implícitamente una conexión con la administración Biden. Esta insinuación dejaba entrever un motivo político detrás de las revelaciones en Washington. Además, contextualizó la publicación dentro de la dinámica electoral de Estados Unidos y del panorama nacional, inyectando una capa de complejidad a la situación que se estaba desarrollando. Sin embargo, es posible que lo que el Presidente no comprenda del todo es la previsión que encierran estas acusaciones.
En un giro sin precedentes, tres periodistas -la mexicana Anabel Hernández y los estadounidenses Tim Golden y Steven Dudley- abordaron el mismo tema el mismo día. Hernández inició la controversia con un artículo de opinión en el portal de la radio pública alemana, Deustche Welle, en el que hacía referencia a una investigación del Departamento de Justicia de 2010 a 2011, que concluyó que el Cártel de Sinaloa había contribuido financieramente a la campaña presidencial de López Obrador.
Posteriormente, Dudley y Golden publicaron sus hallazgos en InsightCrime y ProPublica, basándose en una investigación de la DEA examinada por el Comité de Revisión de Actividades Sensibles. La investigación ahondaba en Mauricio Soto Caballero, un consultor de Ciudad de México con dudosas conexiones que intentaba entrar en el negocio del tráfico de cocaína. La narración entrelazaba elementos del cártel de Sinaloa, la organización de los hermanos Beltrán Leyva y Edgar Valdés, La Barbie, un presunto enlace para el dinero. Por parte mexicana, estaban implicados personajes como Soto, el empresario Héctor Francisco Pancho León García y Nicolás Mollinedo.
Mientras surgen intentos de desacreditar a los medios, a los periodistas y a la información misma, el presidente López Obrador no puede darse el lujo de detenerse en simples descalificaciones. Dos casos mexicanos críticos -la detención en 2020 del general Salvador Cienfuegos y el juicio en curso contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna- reclaman su atención. El método empleado en Washington para acusar a López Obrador, unido a la multitud de fuentes estadounidenses que respaldan las acusaciones, supera la gravedad presenciada con Cienfuegos y García Luna.
Además se debe observar con denuedo que estos casos, como el de la ahora potencial vinculación de fondeo a AMLO en 2006 se da a partir de testimonios de testigos protegidos.
A la luz de esto, López Obrador debe ir más allá de reprender a los mexicanos y menospreciar a la DEA. Claudia Sheinbaum debe tomar silenciosa distancia de quien le entregó el 7 de septiembre pasado el “bastón de mando”.
El aún Presidente en su lugar, debe considerar los acontecimientos del martes como una citación a la justicia estadounidense, que le obligue a enviar un enviado presidencial a Washington, entender los cargos en su contra y comenzar los preparativos para su defensa. La gravedad de la situación exige pasar de la inacción y la negligencia a un compromiso proactivo con el escrutinio legal que se está desarrollando.
También es un llamado definitivo del incómodo vecino del norte para que no se dinamite la estructura del país como pretende López Obrador en su último tramo con la desaparición de los organismos autónomos y la ideologización de su política de los poderes.
