Por Jesús Aguilar
La utilización ilícita de recursos públicos se erige como un importante canal para la financiación extraoficial de campañas, constituye un aspecto inherente a la dinámica electoral dentro de un estado lleno de simulaciones como el mexicano.
Cuando los organismos gubernamentales manejan el presupuesto con opacidad discrecional, desviando fondos con impunidad, no sólo inclinan el campo de juego a su favor, sino que también privatizan las finanzas comunales, transformándolas en recursos que alimentan los enredos delictivos. Este proceso sirve tanto de génesis como de fin de muchas redes de corrupción.
Durante los primeros cinco años de la administración de López Obrador, el Poder Ejecutivo ha desviado más de 5 billones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), reasignándolos sin deliberación ni control democrático para financiar empresas, programas y organismos de su preferencia, en contra de lo estipulado por la Cámara de Diputados. Esto representa una asombrosa desviación del 20% del presupuesto ratificado entre 2019 y 2023. Para ponerlo en perspectiva, esta suma se aproxima a todo el PIB de Colombia o supera ligeramente al de Chile.
Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a estos gastos se ha exacerbado. Algunos casos evidentes son los megaproyectos presidenciales: el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. Inicialmente proyectados para costar aproximadamente 391 mil millones de pesos, las estimaciones actuales sugieren que estos emprendimientos se han disparado a casi tres veces la cifra inicial, superando los 1.2 billones de pesos. Sin embargo, sigue siendo difícil discernir cómo se utilizaron los fondos inicialmente asignados y el gasto adicional de más de 840.000 millones de pesos. La información contenida en los documentos presupuestarios o en las bases de datos de contratación pública es escasa, por lo que sólo se dispone de datos fragmentarios y revelaciones esporádicas de las sesiones informativas presidenciales y los materiales promocionales.
En este proceso electoral potosino las cosas se anticipan en una evolución inherente a esas maquinarias que han llevado el dinero directamente a la gente a través de programas sociales y “beneficios” que después cobran en presencia clientelar y evidentemente votos.
¿Quién está pidiendo la auditoría adecuada para poder saber cuánto y cómo ha sido el movimiento?
¿Qué efectos reales puede tener esto en un panorama local carente de liderazgos adecuados y emergentes?
¿Sabrán los “facilitadores” de programas sociales, apoyos y componendas que eso ya no es tan incidente en el resultado electoral?
¿Cómo se van a comportar las “bases” que tanto presumen cuando tengan que votar cruzado?
¿Habrá presencia de la guardia nacional “cuidando” la elección en el estado?
La bolita rebota y rebota y caerá en la casilla definitiva muy pronto.
