CEGAIP: el muerto sin féretro
El Radar por Jesús Aguilar
Hay instituciones que no mueren de golpe: quedan suspendidas, operando por inercia, sin destino claro. La CEGAIP potosina parece hoy una de ellas. Tras la desaparición del INAI, el órgano local de transparencia sigue existiendo… pero en un limbo político y jurídico. Un muerto sin féretro. Y sin acta visible de defunción.
En entrevista reciente, el diputado verde Luis Castro Barrón fue directo: este año la CEGAIP se incorporaría a la Contraloría estatal, manteniendo —según la versión oficial— “la misma función”. La frase suena técnica, ordenada, incluso tranquilizadora. El problema es que, como advierten especialistas en derecho constitucional y políticas anticorrupción, la función no sobrevive intacta cuando cambia la naturaleza del órgano que la ejerce.
El efecto dominó del INAI
La extinción del INAI no fue un ajuste administrativo, sino un cambio de modelo. Analistas en materia de transparencia han señalado que el nuevo diseño federal privilegia la centralización y reduce los márgenes de autonomía, bajo la premisa de eficiencia. Ese viraje empuja inevitablemente a los estados a “armonizar” su legislación, aunque ello implique debilitar contrapesos locales.
San Luis Potosí no es ajeno a ese proceso. En el Congreso ya se discute cómo extinguir o transformar a la CEGAIP. El debate, advierten expertos en gobernanza democrática, no es dónde se reubica la oficina, sino qué tan independiente queda el derecho que debía proteger.
Contraloría como garante: el conflicto estructural
Aquí aparece el punto crítico. Especialistas en acceso a la información han sido consistentes durante años: el garante no puede depender del mismo poder que debe vigilar. La Contraloría fiscaliza al Ejecutivo; la transparencia debe permitir al ciudadano fiscalizar al poder. Cuando ambas funciones se funden, el diseño nace con un conflicto de origen.
Investigadores en evaluación institucional subrayan además que los modelos colegiados —como el que hoy tiene la CEGAIP— reducen arbitrariedad y generan deliberación técnica. Sustituirlos por estructuras verticales concentra decisiones y disminuye la imparcialidad, incluso cuando la ley declare buenas intenciones.
No es una acusación política. Es un principio básico de arquitectura institucional.
Lo que realmente está en juego
La CEGAIP no es solo un organismo incómodo para funcionarios. Es un acervo de criterios, precedentes y capacidades técnicas. Académicos especializados en gestión documental y derecho a la información han advertido que desaparecer estos órganos sin una transición robusta rompe procesos, genera rezagos y abre espacios a la discrecionalidad.
Por eso el debate no debería reducirse a una frase tranquilizadora: “la misma función”. En el diseño institucional, las funciones no viven solas; viven de las garantías que las rodean.
La prueba mínima de credibilidad
Si el Congreso decide enterrar a la CEGAIP, el nuevo esquema tendría que cumplir —como mínimo— condiciones que expertos consideran irrenunciables: autonomía técnica verificable, contrapesos internos reales, nombramientos no discrecionales, presupuesto protegido y reglas claras para que los recursos de revisión no terminen resolviéndose dentro del mismo poder que negó la información.
Sin estos candados, advierten especialistas, no hay modernización administrativa. Hay opacidad legalizada.
La CEGAIP puede desaparecer sin escándalo y sin protestas inmediatas. Ese es el verdadero riesgo. Porque cuando la transparencia deja de incomodar al poder, deja también de proteger al ciudadano. Y entonces sí: no será un muerto sin féretro, sino un derecho enterrado con método, calendario y discurso institucional.
