Por Jesús Aguilar
Huele a podrido y a un trístemente estirado 2027, año clave para San Luis y el país, el año de la elección más tormentosa de los últimos 30 años.
Y en ése contexto está entrando al laboratorio más delicado de toda democracia: cambiar las reglas antes de que empiece el juego.
Y el problema no es que se discuta una reforma electoral. Al contrario: el estado la necesita. El problema es desde dónde, para quién y con qué prisa se está proponiendo.
Hoy hay tres pulsos corriendo al mismo tiempo. El CEEPAC planteó una reforma integral para modernizar procesos, ajustar calendarios, fortalecer órganos desconcentrados, ampliar inclusión y reforzar paridad. Entre sus propuestas están iniciar el proceso electoral el 15 de noviembre del año previo, modernizar boletas y sistemas de resultados, ampliar atribuciones para elecciones judiciales y obligar a partidos a destinar 5% de su presupuesto a capacitación de personas con discapacidad y diversidad sexual.
El PAN, por su parte, puso ya esta semana sobre la mesa una iniciativa con cambios en candidaturas, paridad, gobiernos de coalición, representación parlamentaria y la exigencia de constancias de antecedentes penales para aspirantes. También propone dividir candidaturas en un bloque de 50% exclusivo para mujeres y otro 50% “sin género”, además de que gabinetes de gobiernos de coalición sean avalados por el Congreso, salvo seguridad.
Desde el bloque oficialista se ha hablado de “blindar” elecciones con controles de confianza, reducir tiempos electorales y evitar que el crimen organizado capture candidaturas. Las fuerzas Verdes dominantes en el congreso buscarán consensos entre las fuerzas políticas y que uno de los temas con coincidencias es aplicar controles a aspirantes.
Hasta ahí, el discurso suena razonable. ¿Quién podría oponerse a blindar elecciones? ¿Quién podría defender que dinero ilícito o presiones criminales entren a campañas? Nadie serio. Pero el punto jurídico fino es otro: no todo lo que se presenta como blindaje democrático es constitucionalmente aceptable.
El politólogo Juan Mario Solís Delgadillo advirtió que condicionar candidaturas a controles administrativos puede vulnerar el derecho a votar y ser votado en igualdad de condiciones. Su frase es dura: “Se entraña una violación a los derechos constitucionales de votar y ser votado”. También alertó sobre el riesgo de que un órgano dependiente del Ejecutivo pueda decidir, directa o indirectamente, quién compite y quién no.
Ahí está el corazón del asunto: la democracia no se defiende convirtiendo al gobierno en portero de la boleta.
El crimen organizado no se combate pidiendo papeles al candidato débil mientras el dinero ilegal entra por las rendijas de las campañas. Se combate con fiscalización financiera, inteligencia patrimonial, investigación penal real, trazabilidad del gasto, protección efectiva a candidaturas amenazadas y sanciones rápidas. Solís lo dijo con claridad: buena parte de la distorsión electoral reciente tiene que ver con dinero ilícito en campañas, no con la ausencia de certificados.
La discusión local ocurre, además, en un momento nacional inflamado. La reforma electoral de Sheinbaum fue rechazada en Diputados por falta de mayoría calificada; Morena activó un “Plan B” por leyes secundarias; y el debate se ha centrado en reducción de regidurías, financiamiento, representación proporcional, revocación de mandato y reglas para la elección judicial de 2027.
San Luis no está discutiendo en el vacío. Está discutiendo dentro de una tormenta nacional donde cada fuerza política intenta corregir el sistema, pero también acomodarse en él.
El Congreso debe decidir si quiere una reforma de Estado o una reforma de coyuntura. Una reforma de Estado se construye con evidencia, técnica constitucional, consulta pública, participación del CEEPAC, academia, partidos, colectivos y ciudadanía. Una reforma de coyuntura se cocina con calculadora electoral y miedo al 2027.
Hay que decirlo sin rodeos: blindar elecciones no puede significar restringir derechos políticos por vía administrativa. Si se abren filtros ambiguos, mañana cualquier mayoría podrá usarlos contra adversarios. Hoy se dice crimen organizado; mañana puede decirse “riesgo político”, “falta de confianza” o “perfil no idóneo”.
La salida propositiva es clara: sí a la reforma, pero con cinco candados democráticos.
Uno: ningún filtro de candidatura puede depender del Ejecutivo.
Dos: toda restricción debe ser objetiva, legal, proporcional y revisable judicialmente.
Tres: el foco debe estar en fiscalización del dinero, no en simulación documental.
Cuatro: la paridad debe fortalecer derechos de mujeres sin convertirse en traje a la medida de una sucesión.
Cinco: cualquier reforma debe aprobarse con tiempo suficiente, no “al cuarto para las doce”, como advirtió Solís Delgadillo.
San Luis Potosí necesita una reforma electoral, sí. Pero no una reforma para cerrar la competencia, domesticar adversarios o resolver por ley lo que la política no ha sabido procesar.
La verdadera pregunta no es si queremos elecciones más limpias. Todos dirán que sí.
Para finalizar este Radar lanzamos al estilo de mi gran maestro Félix Corpus una ardiente pregunta al auditorio:
¿queremos una ley electoral que proteja al ciudadano del poder, o una ley electoral que proteja al poder del ciudadano?
