La Comisión Estatal de Garantías y Acceso a la Información Pública, CEGAIP tiene más de 12 años de existir en San Luis Potosí y se ha ido adaptando a las transformaciones del actual sistema nacional de transparencia y las diferentes versiones de la Ley General de Transparencia. Tiene una razón legal de ser, pero lleva años sin entender la importancia de su motivo social, el más esencial de todos.
Recientemente relevado en su posición de Comisionado Presidente, el abogado Alejandro Lafuente terminó una gestión sin pena ni gloria, transitando en la grisura de sus padrinos políticos y concediendo con férrea resistencia un activismo personal pro priísta impensable para los puristas, afortunadamente para su causa no generó ningún efecto colateral, era tan poco su marco de influencia y notoriedad que ni eso le ganó algún nivel de fama.
Paulina Sánchez Pérez del Pozo es la nueva responsable de llevar la Comisión a buen puerto, pero antes de que termine de entender su funcionamiento técnico y estructural, antes de lidiar con sus compañeros comisionados y sus extrañas ideas, antes de construir una proyección temporal que le permita navegar con relativa calma debe tener claras varias ideas.
La CEGAIP ha huido sistemáticamente de su carácter de entidad pública de vinculación social apartidista, entre el secuestro de las ternas y decisiones que ha provocado el manoseo legislativo de una clase política en plena decadencia y la increíble incapacidad de sus ungidos ocupantes, se ha convertido en una ventanilla insípida y sin peso en la sociedad, insignificante para ser la plataforma de los contrapesos de lo público como lo fue en un tiempo.
La CEGAIP viene arrastrando también un desinterés por la gestión, no pelea por mayores y mejores condiciones porque contraviene los intereses de quienes dispusieron a los ocupantes de la misma, la beca conveniente que reciben es suficiente para mantenerlos a raya en estado casi vegetativo.
La CEGAIP cumple con las normatividades y obligaciones elementales que su existencia le exige, pero parece que se sometió sin chistar a un proceso de manutención del status quo que le hizo perder el sentido, perdió la condición de ser garante de la vigencia del estado de derecho y escondió bajo la alfombra su posibilidad de ser agente de cambio. La clase política vigente ha hecho de todo para disminuir, destruir o limitarla, el reto hoy es dignificarla con congruencia, que su órgano de gobierno sea independiente y verdaderamente autónomo y que se inclinen permanentemente por el beneficio de las mayorías. La democracia va mucho más allá que la organización de elecciones libres y el respeto a la voluntad del ciudadano, las instituciones formadas en el crecimiento de la misma nunca deben atentar contra los privilegios de las mayorías. La CEGAIP tiene una última llamada.
La Comisión Estatal de Garantías y Acceso a la Información Pública, CEGAIP tiene más de 12 años de existir en San Luis Potosí y se ha ido adaptando a las transformaciones del actual sistema nacional de transparencia y las diferentes versiones de la Ley General de Transparencia. Tiene una razón legal de ser, pero lleva años sin entender la importancia de su motivo social, el más esencial de todos.
Recientemente relevado en su posición de Comisionado Presidente, el abogado Alejandro Lafuente terminó una gestión sin pena ni gloria, transitando en la grisura de sus padrinos políticos y concediendo con férrea resistencia un activismo personal pro priísta impensable para los puristas, afortunadamente para su causa no generó ningún efecto colateral, era tan poco su marco de influencia y notoriedad que ni eso le ganó algún nivel de fama.
Paulina Sánchez Pérez del Pozo es la nueva responsable de llevar la Comisión a buen puerto, pero antes de que termine de entender su funcionamiento técnico y estructural, antes de lidiar con sus compañeros comisionados y sus extrañas ideas, antes de construir una proyección temporal que le permita navegar con relativa calma debe tener claras varias ideas.
La CEGAIP ha huido sistemáticamente de su carácter de entidad pública de vinculación social apartidista, entre el secuestro de las ternas y decisiones que ha provocado el manoseo legislativo de una clase política en plena decadencia y la increíble incapacidad de sus ungidos ocupantes, se ha convertido en una ventanilla insípida y sin peso en la sociedad, insignificante para ser la plataforma de los contrapesos de lo público como lo fue en un tiempo.
La CEGAIP viene arrastrando también un desinterés por la gestión, no pelea por mayores y mejores condiciones porque contraviene los intereses de quienes dispusieron a los ocupantes de la misma, la beca conveniente que reciben es suficiente para mantenerlos a raya en estado casi vegetativo.
La CEGAIP cumple con las normatividades y obligaciones elementales que su existencia le exige, pero parece que se sometió sin chistar a un proceso de manutención del status quo que le hizo perder el sentido, perdió la condición de ser garante de la vigencia del estado de derecho y escondió bajo la alfombra su posibilidad de ser agente de cambio. La clase política vigente ha hecho de todo para disminuir, destruir o limitarla, el reto hoy es dignificarla con congruencia, que su órgano de gobierno sea independiente y verdaderamente autónomo y que se inclinen permanentemente por el beneficio de las mayorías. La democracia va mucho más allá que la organización de elecciones libres y el respeto a la voluntad del ciudadano, las instituciones formadas en el crecimiento de la misma nunca deben atentar contra los privilegios de las mayorías. La CEGAIP tiene una última llamada.
RECADERO
Un nombre comienza a ceñirse como espectro a diferendos legales inmobiliarios como un verdadero enviado de ultratumba, Manuel Luciano Gerardo Montiel Mejía… cuentan con suficiencia casos de cómo se ha aliado o abusado de ejidatarios en contubernio con connotados fedatarios para hacer trinquetes sin parar. En los pasillos del Poder Judicial, ya se cansaron de que les tomara la medida y corre como boletín subrepticio su expediente de linduras. No les vayan a dar un puño de tierra por ahí…
Los 500 millones de pesos que presumió Gallardo, habían pagado de adeudos, dicen que no estaban en libros pues eran temas directos a proveedores y asuntos urgentes no formalizados… Para que la burra deje de ser arisca, debería darle unos palos con la transparencia debida al tema, especificando a quiénes, cómo y en dónde se liquidaron esas jugosas cantidades para continuar con la deuda pública hasta un 10% arriba de lo que se heredó. El tic-tac para el 15 de agosto suena a reloj en panza de cocodrilo…
Salomón Rosas uno de los expatriados potosinos que cada vez que hay elección se acercan para presumir su potosinidad en la repartición de circunscripciones fue balconeado con probidad por Proceso, el presunto desvío de 30 mil dólares destinados a apoyo y defensa de migrantes es el motivo. El defenestrado cónsul de San Bernardino, California tiene mucho que explicar y que lo haga sin poner el acta de nacimiento por delante… para vergüenzas…
