Hoy se reinician las audiencias del complejo caso de Alejandro Fernández Montiel, ex funcionario público Carrerista acusado de violación contra un menor que se encontraba bajo el resguardo del estado.
La vida de la víctima es una tragedia sostenida y el estado es corresponsable también.
El crimen es ominoso y monstruoso desde donde se vea, la postura de la defensa de Alejandro, también.
Las pruebas periciales que se han ventilado en el proceso que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado (la sala 6 del centro integral de justicia de la capital del estado) sobre la presunta violación agraviada a un menor por parte de Alejandro N, ex funcionario público de la administración de Carreras son devastadoras.
La defensa del en otros tiempos considerado el Golden Boy de la filantropía y asistencia social del estado quiere destruir las evidencias, desacreditarlas, haciendo dudar a todos de que los métodos utilizados para generar el ejercicio pericial fueron inadecuados. Tienen derecho y probablemente razón en muchos de sus puntos, pero la base de esta defensa también es absolutamente inhumana y ahonda en la profundidad del crimen de estado que se cometió contra Brayan. El estado no fue capaz de reclutar a los personas adecuadas para cumplir con su responsabilidad, tampoco pudo resguardar la integridad de un niño en condiciones de extrema vulnerabilidad, no sería noticia que ahora tampoco fuera capaz de haber hecho un proceso vinculatorio adecuado.
La entidad de San Luis Potosí bajo la administración de Juan Manuel Carreras y la vigilancia directa de su esposa, Lorena Valle Rodríguez, permitieron enquistar a un individuo colmado de falsos honores en una responsabilidad incendiaria; pusieron al pirómano a cargo del polvorín.
Como referimos antes, pero vale la pena reafirmar, el estado a través de la pareja gubernamental falló reclutando a un potencial sociópata y a afines sin perfil, el resultado es monstruoso.
El tomar la vida de un niño en condiciones de alta vulnerabilidad como lo fue Brayan y en su momento su familia, es un acto elemental de humanidad contemplado como obligación del estado, pero someterlo al criterio y personajes que lo hundieron en un infierno que acabó normalizado desde el principio al sodomizarlo, es un acto de inaudita maldad.
La salvedad del caso fue producto del shock que les causó a las entonces Presidenta y Directora del Sistema DIF Carrerista descubrir el abismo detrás de la máscara de su ex colaborador, lo fue también la presión que se ejerció para que Federico Garza, su fiscal esencial, generara las condiciones para ordenar capturar al a todas luces responsable.
Por más que quieran inventar justificaciones inconexas y calamitosas teorías y complots, el descubrir al enemigo en casa y que este tuvo a su merced a la víctima desde que aún estaba en un albergue de la extinta Fundación Creando Sonrisas cierra aún más la brecha de la construcción de una verdad incuestionable.
Hoy los alegatos que intentan probar la no culpabilidad de Fernández Montiel apuntan a descubrir los vicios o errores procesales, además insisten en re victimizar al jovencito dañado, ésa es la única versión que cabalga su intención de exonerarlo. Pero es que no hay de otra, ese es su único camino, no hay por ningún lado decencia al gritar a los cuatro vientos una inocencia incomprobable, tampoco puede nadie esgrimir que su espíritu y valores nunca fueron desquiciados; un tipo que se vendió siempre y alcanzó el reconocimiento del estado por su postura pública esencialmente humanista tendría que estar buscando al culpable de una vejación tan grande y abominable como generar la transacción psico-emocional con un niño en altísima vulnerabilidad, “vendiendo” laprotección ficticia y la pertenencia tocida y el abuso sexual, emocional y psicológico descarnado.
¿Quién carajos defiende a Brayan? ¿Quién quiere todo el peso de la ley para su violador?
CAMBIO Y FUERA.
