La cámara baja del parlamento japonés aprobó dos controvertidas leyes que cambian las leyes de seguridad del país, a pesar de las protestas que se produjeron en Tokio.
Los cambios permitirán a los soldados japoneses combatir en el extranjero por primera vez desde la segunda Guerra Mundial.
John Swenson-Wright, director del Programa de Asia en Chatham House -un instituto independiente basado en Londres- argumenta que los cambios (que deben ser aprobados todavía en la cámara alta, donde el gobierno también tiene mayoría) suponen un riesgo para el país, pero también pueden mejorar su posición política y diplomática.
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El gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha anunciado una nueva y fundamental interpretación de las provisiones de seguridad de la constitución del país, de 1947.
El gobierno permitirá a sus Fuerzas de Autodefensa (SDF, por sus siglas en inglés) participar por primera vez en actividades relacionadas con la autodefensa colectiva.
En el futuro, las SDF podrán, en principio, asistir a las fuerzas de un país extranjero en situaciones en las que no esté en riesgo ni la supervivencia ni la seguridad de Japón y sus ciudadanos.
La nueva interpretación es muy controvertida, dado que representa un abandono profundo del consenso político posterior a la segunda Guerra Mundial, codificado en el artículo 9 de la constitución.
Ese artículo limita explícitamente el uso de fuerza militar exclusivamente a la defensa del territorio soberano y del pueblo de Japón.
Tal ha sido la fuerza del sentimiento pacifista japonés que, pese a la alianza duradera con Estados Unidos, las fuerzas defensivas japonesas han sido incapaces de extender su colaboración militar con sus aliados estadounidenses más allá de un papel muy limitado.
Con las nuevas normas, hay una serie de escenarios nuevos en los que este tipo de actividad defensiva conjunta podría expandirse.
Los ejemplos incluyen proporcionar apoyo defensivo a fuerzas estadounidenses bajo ataque cerca de Japón, cooperar militarmente con fuerzas estadounidenses para salvaguardar a ciudadanos japoneses en riesgo en el extranjero, participar en actividades de dragado de minas durante una guerra o enviar fuerzas japonesas para proteger el acceso a la energía o a líneas de comunicación tierra-mar de importancia fundamental para la supervivencia japonesa.
De hecho, en teoría, la nueva interpretación permitirá a Japón cooperar con cualquier país extranjero con el que tenga “vínculos fuertes”, expandiendo así sustancialmente el ámbito de la cooperación militar con distintos países y más allá del área limitada de la defensa del territorio japonés.
¿Carta blanca?
La opinión pública en Japón está divida sobre las ventajas de este cambio: según una encuesta reciente de Nikkei, el 50% se opone, mientras que el 34% apoya la nueva interpretación.
Los motivos de los que se oponen son variados y reflejan, en parte, el debate no resuelto sobre la identidad política de Japón posterior a la guerra, pero también se han visto reforzados por la incertidumbre sobre los objetivos de seguridad a largo plazo del gobierno de Abe.
Los pensadores progresistas argumentan que los cambios suponen un vuelco a las convenciones sobre las normas legales e interpretaciones pacifistas establecidas tras la segunda Guerra Mundial, que garantizaban que Japón nunca volvería a participar en conflictos en el extranjero.
Dada la sensibilidad y la importancia de estas normas políticas, los críticos argumentan que deberían hacerse con una reforma de la constitución.
Aunque el gobierno de Abe domina ambas cámaras del parlamento, su capacidad para revisar la constitución rápidamente no está clara y los críticos perciben que la nueva interpretación tiene una legitimación política dudosa.
También hay algo de miedo, dentro de Japón y entre sus vecinos más cercanos, sobre todo China y Corea del Sur, de que la nueva interpretación tenga como objetivo permitir al gobierno enviar tropas libremente a un gran abanico de situaciones conflictivas.
Sin embargo, el gobierno de Abe ha excluido explícitamente estas opciones y ha sido cuidadoso a la hora de distinguir entre la autodefensa colectiva (pensada para salvaguardar los intereses nacionales y los activos de Japón) y la seguridad colectiva, por la que los estados cooperan para proteger sus intereses mutuos contra agresiones extranjeras.
El mismo Abe ha dejado claro que las fuerzas japonesas no “participarán en combate en guerras como la del Golfo o la de Irak”.
Riesgo estratégico
Abe parece tener varias razones para introducir la nueva interpretación.
Proporcionará a Japón mucha más libertad para reforzar su cooperación militar con Estados Unidos, algo que Washington quiere conseguir como parte de la revisión actual de las Directrices de Defensa Conjuntas de Estados Unidos y Japón, que no se modifican desde 1997.
También abrirá la puerta a una cooperación defensiva más activa con otros países de la región de Asia-Pacífico, como Australia y Filipinas, que han dado la bienvenida a esos cambios, ya que perciben con ansiedad la postura marítima cada vez más fuerte de China en los mares del Sur y del Este de China.
En términos más generales, es probable que la nueva interpretación refuerce la percepción de que Japón se ha convertido en un estado más “normal”, en términos de su habilidad para contribuir de forma constructiva a la seguridad global y regional.
Es probable que los dividendos políticos y diplomáticos de un cambio de actitudes de este calibre sean considerables, reforzando potencialmente la vieja pretensión japonesa de conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y añadiendo peso a la estrategia articulada recientemente por Abe de hacer “una contribución proactiva a la paz”.
Esta nueva postura no carece de riesgo. Mientras los principales partidos políticos japoneses permanecen débiles y divididos, el activismo ciudadano contra estos cambios puede verse potenciado, sobre todo en la política local.
Ambigüedad
Las críticas en las prefecturas, las ciudades, los pueblos y las aldeas contra el enfoque gubernamental han sido fuertes, y podrían costarle apoyos al gobierno en próximas elecciones.
En el extranjero, las nuevas medidas pueden debilitar una relación ya tensa con Corea del Sur y aumentar las tensiones políticas y territoriales con China.
Finalmente, la ambigüedad intencionada que rodea los detalles de la nueva interpretación proporciona al gobierno una flexibilidad útil para enviar fuerzas al extranjero, pero también magnifica el potencial de riesgo estratégico y táctico en un momento en el que las tensiones de seguridad regionales se están intensificando.
Para un gobierno japonés con poca experiencia en los retos que comportan las decisiones bajo alta presión de seguridad y manejo de crisis, puede ser que este desarrollo no sea del todo positivo.
Fuente: BBC
