Aunque el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, ha arremetido en contra del Ayuntamiento de la capital al afirmar que el antro Rich operaba con un refrendo de orden municipal, en la audiencia de vinculación a proceso, el juez constató que el lugar operaba sólo con un refrendo expedido por la administración estatal.
En las dos últimas semanas, el secretario general afirmó que en las investigaciones que se siguen por el caso del antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y ocho personas resultaron lesionadas tras la caída de un barandal de cristal, el Ayuntamiento se ha mantenido al margen e incluso se ha tenido una comunicación deficiente.
El pasado 10 de junio, apenas tres días después de la tragedia, Torres Sánchez declaró a la prensa que el bar donde ocurrieron los hechos operaba con una licencia de funcionamiento no refrendada, concedida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Sin embargo, las recientes jornadas de juicio correspondientes a la formulación de imputaciones contra los tres presuntos responsables en el caso, han revelado que los documentos que utilizaron los dueños del Rich para funcionar no eran municipales, sino de orden estatal.
Durante la jornada de juicio de este sábado 22 de junio, los abogados de la defensa, quienes representan a Nancy N., Ulises N. y Francisco N., administradores del establecimiento, afirmaron que el Rich solo se regía por ordenamientos estatales; por tanto, solo podían considerarse como medios de prueba para validar los permisos que tenía, documentos expedidos por el Gobierno del Estado.
Dentro del grupo de medios de pruebas que presentó la defensa se expuso la existencia de un refrendo de licencia con número de identificación CAO3454, el cual fue gestionado ante la Secretaría de Gobernación del Estado.
Los abogados defensores informaron que, dentro de la carpeta de investigación, se reunieron una serie de documentos que comprueban cómo Nancy N. inició el procedimiento para obtener su licencia de venta de alcohol ante la autoridad estatal, y fue la Secretaría de Gobernación la que validó y autorizó el trámite; incluso ordenó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para que cobrara a los dueños del Rich por la expedición de la licencia.
El procedimiento que estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación quedó asentado en un oficio firmado el 8 de febrero de 2024 por la titular de la dependencia, Concepción Gallardo Martínez, y quedó registrado con el folio 0034/2024.
A diferencia de lo que han declarado en entrevistas las autoridades estatales, el único medio de prueba de origen municipal presentado por los abogados de la defensa fue un dictamen de la Dirección de Ecología y Manejo de Residuos, el cual utilizaron para intentar comprobar que el giro del establecimiento era de “restaurante bar”.
Este argumento fue desechado por el juez durante el juicio, justo antes de resolver vincular a proceso a los tres involucrados y dictar la medida cautelar de prisión preventiva ante el alto riesgo de fuga.
