Radar Por Jesús Aguilar
Fabián Espinosa Díaz de León no está reformando al Comité de Participación Ciudadana: lo está achicando hasta volverlo funcional al poder.
La publicación de los nuevos lineamientos del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción revela una operación política envuelta en lenguaje técnico: se eliminan las Comisiones de Selección Municipales, se reduce la intervención de los cabildos, desaparecen etapas públicas del procedimiento y se concentra en el CPC estatal la facultad de emitir convocatorias y seleccionar directamente a los integrantes de los Comités Municipales de Participación Ciudadana.
Dicho en castellano: menos comunidad, menos municipio, menos escrutinio; más control desde el centro.
La coartada es noble: inclusión, no discriminación, eliminación de barreras educativas. Nadie sensato se opondría a que liderazgos comunitarios sin título universitario participen. El problema no está en abrir la puerta.
El problema está en quitar las ventanas.
Porque una cosa es ampliar derechos y otra muy distinta es usar el discurso de los derechos para desmontar controles.
Los lineamientos anteriores establecían consultas públicas, listas de aspirantes, expedientes en versión pública, audiencias, cronogramas y sesiones públicas de designación. La nueva versión elimina buena parte de esa arquitectura procedimental y la sustituye por una convocatoria administrada por el propio Comité estatal.
Esa es la trampa: invocar la participación para reducir los mecanismos que la hacían verificable.
Robert Klitgaard formuló una ecuación brutalmente vigente: corrupción es monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Lo que acaba de hacer el CPC de San Luis Potosí se parece demasiado a esa fórmula: concentra el monopolio de la selección, amplía la discrecionalidad y adelgaza la rendición de cuentas.
El Sistema Estatal Anticorrupción nació para desconfiar del poder, no para pedirle permiso.
Nació para ser una bisagra incómoda entre ciudadanía, instituciones, transparencia y sanción. Su propia definición pública sostiene que el CPC debe ser canal de interacción entre sociedad civil e instituciones, además de instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas.
Pero Espinosa parece haber entendido la vinculación como control de acceso: quién entra, quién no entra, quién pregunta, quién firma y quién se queda afuera.
La pregunta de fondo no es administrativa. Es moral.
¿Puede un organismo ciudadano seguir llamándose ciudadano cuando reduce la participación municipal? ¿Puede un comité anticorrupción combatir la opacidad con reglas menos transparentes? ¿Puede un presidente del CPC concentrar decisiones después de haber sido señalado por acercamientos políticos que, cuando menos, comprometían la apariencia de independencia?
Porque el antecedente importa. Apenas en mayo, Astrolabio documentó que Fabián Espinosa, ya como presidente del CPC, sostuvo una reunión con dirigentes y diputados del Partido Verde para presentar el proyecto de comités municipales. La reunión fue difundida por el PVEM, no por el CPC.
El periodista Victoriano Martínez planteó entonces la pregunta incómoda: ¿qué acuerdos se tomaron?, ¿por qué con un partido?, ¿por qué hablar de participación ciudadana omitiendo el combate a la corrupción?
https://www.astrolabio.com.mx/fabian-espinosa-diaz-de-leon-y-el-verde/
Ese antecedente vuelve más grave la reforma.
Cuando un presidente de un órgano ciudadano se reúne con la fuerza política dominante y después promueve reglas que le dan más control al órgano que preside, la sospecha no es paranoia: es método de análisis público.
Fabián Espinosa puede decir que legalmente tiene facultades. Pero la legalidad mínima no basta cuando se administra confianza pública. La legitimidad democrática no se agota en firmar documentos; se prueba abriendo procesos, publicando expedientes, justificando decisiones, permitiendo auditoría social y aceptando contrapesos.
Aquí ocurre lo contrario.
El nuevo diseño no parece pensado para blindar a los Comités Municipales de los poderes locales. Parece pensado para sustituir una captura por otra: quitar el posible control municipal para entregar el control al CPC estatal. Y eso no es ciudadanización. Es centralización con membrete ciudadano.
El Sistema Anticorrupción de San Luis Potosí lleva años atrapado entre la simulación y la irrelevancia. Ahora corre el riesgo de algo peor: convertirse en una aduana política de la participación. Un lugar donde la ciudadanía no llega por derecho, sino por autorización.
El punto no es defender a los cabildos. Muchos municipios han sido omisos, lentos o francamente indiferentes: en 2025 sólo Villa de Guadalupe y Lagunillas habían integrado sus comités, pese a exhortos enviados a los 58 municipios. El punto es que la negligencia municipal no autoriza al CPC a construir un mecanismo menos público. La respuesta institucional a la omisión no debe ser la concentración, sino la transparencia reforzada.
Si los municipios fallaron, se les exhibe.
Si las comisiones locales fueron lentas, se corrige el calendario.
Si los requisitos eran excluyentes, se modifican.
Pero si el remedio consiste en eliminar filtros, acortar procedimientos y concentrar nombramientos, entonces la medicina se parece demasiado a la enfermedad.
La participación ciudadana no es una fila de invitados escogidos desde arriba. Es conflicto, pluralidad, vigilancia, molestia, deliberación. Es la posibilidad de que alguien incómodo entre al cuarto y pregunte lo que nadie quiere responder.
Por eso el actuar de Espinosa merece una crítica severa. No por sus intenciones declaradas, sino por sus efectos institucionales. En política pública, las intenciones se presumen; los incentivos se analizan. Y aquí el incentivo es claro: quien controle las convocatorias, controla las entradas. Quien controle las entradas, controla las voces. Quien controle las voces, domestica la vigilancia.
San Luis Potosí no necesita un Sistema Anticorrupción obediente. Necesita uno incómodo, técnico, abierto, auditable y profundamente desconfiado del poder. Incluido el poder que se disfraza de ciudadanía.
La paradoja es feroz: el órgano creado para evitar capturas puede estar capturando el proceso ciudadano desde dentro.
Y entonces la pregunta final no es si Fabián Espinosa tiene facultades para firmar nuevos lineamientos.
La penúltima pregunta es grave:
¿Quién vigila al vigilante cuando el vigilante empieza a cerrar la puerta?
La última es peor:
¿Alguien en su sano juicio espera algo importante del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y de Fabían Espinosa Díaz de León?
