El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, derivado de una acción militar directa de Estados Unidos, marca un punto de quiebre en el sistema internacional vigente desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque, calificado como ilegal e injustificado, representa un abierto desafío al derecho internacional y coloca en entredicho la vigencia de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Analistas sostienen que este hecho consolida la llamada “ley de la selva” como nueva lógica en la política global. De acuerdo con el economista estadounidense Jeffrey Sachs, el caso venezolano se suma a cerca de 100 operaciones de cambio de régimen impulsadas por Estados Unidos desde mediados del siglo XX. La diferencia, señalan, es que la administración de Donald Trump ha abandonado cualquier intento de encubrimiento diplomático o legal, actuando de manera abierta y sin intermediarios.
Aunque el intento de derrocar al gobierno venezolano no es nuevo —Estados Unidos ha buscado ese objetivo durante más de dos décadas—, el discurso ha cambiado. Argumentos como la democracia, el combate al narcotráfico o al terrorismo han sido desplazados por una narrativa directa, en la que Trump ha reconocido públicamente el interés estratégico en las reservas petroleras de Venezuela, las mayores del mundo.
Este proceder, advierten especialistas, no responde a un gobierno en particular, sino a una visión de largo plazo de la política exterior estadounidense, que ha utilizado distintos pretextos según la coyuntura para justificar intervenciones militares. Ejemplos recientes incluyen la guerra en Ucrania y el derrocamiento del gobierno sirio de Bashar Al Assad, ambos resultado de estrategias prolongadas de desestabilización.
El contexto internacional, además, ha mostrado una respuesta limitada. A pesar de precedentes como el conflicto en Gaza, donde no hubo sanciones significativas pese a las denuncias de genocidio, la reacción global ante Venezuela se ha reducido a comunicados y pronunciamientos diplomáticos, divididos principalmente por afinidades ideológicas.
En este escenario, México y Colombia han sido mencionados por Trump como posibles objetivos de intervención. Para el caso mexicano, la situación es particularmente delicada. El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un equilibrio complejo: la confrontación directa con Estados Unidos no es viable, pero tampoco lo es la subordinación.
La estrecha relación económica entre ambos países, con más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos, actúa como un factor de contención ante una intervención directa. Sin embargo, se anticipa un aumento en la presión política y económica para revertir proyectos emblemáticos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, así como políticas de redistribución que, como el aumento del salario mínimo, han reducido la pobreza en millones de hogares.
El secuestro de Maduro, concluyen analistas, no es un hecho aislado, sino una señal de advertencia para América Latina en una etapa donde la fuerza parece imponerse sobre el derecho.
