Tres décadas después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega volvió a colocarse en el centro del debate público cuando, el 8 de noviembre, agentes ministeriales lo detuvieron en el barrio de Los Reyes, en Tijuana. Este lugar se encuentra a unos 13 kilómetros del sitio donde ocurrió el magnicidio en 1994. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga nuevamente su posible participación como presunto segundo tirador.
La FGR retomó el caso en 2024, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitara abrir nuevas líneas de investigación. En ese momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los avances apuntaban a una presunta intervención de Genaro García Luna, quien habría tenido un papel clave para “rescatar” a Sánchez Ortega después del asesinato.
Aunque la Fiscalía pidió una orden de aprehensión contra él el 4 de enero de 2024, un juez del Estado de México la rechazó sin analizar todas las pruebas disponibles. Meses después, un tribunal confirmó nuevamente la negativa. Hasta el 10 de noviembre de 2025, no se conocían detalles oficiales sobre la orden que permitió la reciente detención; sin embargo, de manera extraoficial se informó que se habría tratado de un mandamiento federal.
Su historia con el caso Colosio comenzó el mismo día del homicidio, el 23 de marzo de 1994. En ese entonces, Sánchez Ortega tenía apenas siete meses dentro del extinto Cisen y, presuntamente, se encontraba en Tijuana para dar seguimiento a las actividades del candidato del PRI. Estaba cerca de la multitud cuando Colosio recibió dos disparos —en la cabeza y el abdomen— mientras convivía con la gente que acudió a escucharlo.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que Sánchez Ortega tenía sangre en su chamarra. Él explicó que se debió a que ayudó a trasladar al candidato herido hacia un hospital. Esta declaración quedó plasmada incluso en una tesis de la UNAM publicada en 1995, donde se documentó que el agente afirmó haber estado a 200 metros del mitin cuando ocurrieron los hechos.
Durante aquellas primeras horas, también fue sometido a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparos como bario y plomo. Los resultados fueron positivos en su palma derecha y en el dorso de ambas manos. Aun así, las autoridades lo dejaron en libertad al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que hubiera disparado un arma.
La reciente atención al caso también se relaciona con lo que la FGR describe como inconsistencias históricas en la investigación original. El propio López Obrador aseguró en una conferencia que, según las nuevas indagatorias, García Luna habría tenido un papel relevante en la liberación de Sánchez Ortega en 1994.
Sánchez Ortega fue detenido por primera vez el mismo día del asesinato y ahora vuelve a estar bajo custodia 31 años después. Su presunta participación como coautor del homicidio y la forma en que fue liberado en 1994 han reabierto dudas en torno a una de las investigaciones más complejas y polémicas de la historia reciente del país.
