En un avance hacia la protección de menores, la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores (PCTM) presentó su primer informe anual sobre los esfuerzos de la Iglesia para enfrentar los abusos sexuales, de conciencia y de poder. Este documento, solicitado por el papa Francisco y de cerca de 100 páginas, detalla los progresos y desafíos en la implementación de políticas de protección de menores en la Iglesia, con una especial mención a la urgencia de agilizar la destitución de sacerdotes involucrados en abusos y mejorar la transparencia en la rendición de cuentas.
El informe subraya la necesidad de una mayor velocidad en los procesos de destitución de los clérigos acusados de abuso y propuso, como una novedad, la creación de una figura similar a un “defensor del pueblo” o “ombudsman” que represente y defienda los derechos de las víctimas. Además, este defensor sería responsable de garantizar el acceso de las víctimas a información sobre sus casos y de velar por una reparación adecuada, más allá del apoyo económico.
Durante la presentación, el cardenal Sean O’Malley, presidente de la PCTM, y el arzobispo Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, destacaron que este informe es el resultado de una década de trabajo, no exento de dificultades y resistencias, tanto en el Vaticano como en diócesis locales. “Ha habido un avance significativo en la apertura de los dicasterios en el Vaticano, aunque todavía queda mucho por hacer”, comentó Alí Herrera.
El informe también evidenció la disparidad en los niveles de prevención entre diferentes regiones del mundo. En países como Estados Unidos y algunas naciones de Europa se han establecido sistemas robustos de prevención y apoyo a víctimas, mientras que en regiones con menos recursos, como el sur global, aún existen grandes deficiencias. La PCTM informó que ha recaudado fondos para ayudar a mejorar esta situación en estas áreas vulnerables.
La falta de cooperación de algunos episcopados, como el de México, también fue señalada: sólo el 20% de los obispos mexicanos respondieron al cuestionario de la PCTM, lo que refleja la lentitud en el manejo de casos de abuso debido a la falta de personal y al alto volumen de denuncias. “Justicia demorada es justicia negada”, enfatizó el cardenal O’Malley, quien se mostró preocupado por la dificultad que enfrentan las víctimas para acceder a información sobre el estado de sus casos.
Juan Carlos Cruz, miembro de la PCTM y sobreviviente de abuso, expresó su esperanza en que este primer informe represente un cambio positivo. “Es un paso importante, y se utilizan términos como ‘verdad’, ‘justicia’ y ‘reparación’, que antes eran palabras tabú en la Iglesia”, afirmó.
Para Cruz, quien ha trabajado en estrecha colaboración con el papa Francisco en los últimos años, este informe anual es un avance que debería ser implementado año con año. La idea es establecer una cultura de transparencia y responsabilidad en la Iglesia para la protección de los menores.
En conclusión, Alí Herrera resaltó que este informe es solo el comienzo de una nueva metodología en la Iglesia, y que espera que cada año se rinda cuenta de los avances en la protección de menores, reforzando el compromiso de la Iglesia con la transparencia y la rendición de cuentas en los casos de abuso.
