El siniestro que enlutó a Tlahuelilpan no admite juicios de valor prejuiciados ni insensibles críticas lanzadas a la ligera, porque detrás de los índices de pobreza y marginación que afectan al municipio más joven del estado de Hidalgo –fundado el 28 de octubre de 1969—, están los orígenes del porqué una región con vocación y prosperidad agrícola fue absorbida por los proyectos energéticos del pasado siglo que, como en otras tantas regiones del país, no reportaron un equilibrado desarrollo regional ni un mejor nivel de vida a sus habitantes.
Con una absoluta falta de sensibilidad humana pero también de objetividad para explicar las causas de la necesidad de su población –el Coneval establece que la mitad de sus 19 mil residentes son pobres–, tanto en medios de comunicación como en redes sociales se criminalizó un hecho que puso en evidencia a las políticas públicas que no respetaron el entorno de las comunidades.
En 1935, los hombres que labraban los terrenos de lo que fuera la Hacienda de Tlahuelilpan obtuvieron el respaldo del gobierno de General Lázaro Cárdenas para garantizar una ampliación de sus tierras y consolidar su comunidad. Para reconocer tan trascendente hecho, quisieron rendir un homenaje al ejido, al campesino y al trabajador erigiendo la obra que se conoce como la Torre del Reloj, inaugurada el 5 de mayo de 1937.
Este monumento fue ubicado en el centro del municipio y es uno de sus emblemas más representativos y testigo fiel de la historia de la región, pero también es la muestra palpable que esta región hidalguense, hoy lacerada por la tragedia, no es ni remotamente un pueblo de malvivientes sino de gente trabajadora que ahora se enfrenta indefensa ante los embate de hechos delictivos que le hacen pagar un alto precio por el hecho de haber permitido que por sus tierras de labranza se instalaran oleoductos y líneas de transmisión eléctrica.
No fue obra de la casualidad que hace más de 400 años los españoles se asentaran aquí y fundaran una hacienda por la calidad de sus tierras y ricos mantos acuíferos, lo que hasta la fecha les hacen ser de las mejores en el Valle del Mezquital. Por décadas, en esta región se desarrolló una agricultura de calidad, en cultivos como la alfalfa, el maíz, la cebada y la producción de hortalizas.
Buena parte de esos productos se distribuyen en importantes centros de abasto, pero también proveen de forrajes a ranchos lecheros que entregan su producto a firmas como Alpura. En los años 70s en que se expandieron las industrias petrolera y eléctrica a gran escala por el auge de la refinería de Tula y la Termoeléctrica de la región, las autoridades convencieron a los pobladores de Tlahuelilpan y otros municipios como Tezontepec, Mixquiahuala, Tlaxcoapan y Atitalaquia-Atotonilco, de permitir que por sus zonas de labranza se instalaran ductos, líneas de transmisión y la explotación de sus mantos acuíferos.
A cambio, se les prometió, se generarían miles de empleos, pero a la distancia los impactos ambiental y social son considerables, aunado a otro grave problema pues ahora llegan las aguas residuales de la Ciudad de México para ser almacenadas en dos principales presas: Endhó y Tlamaco. Desde hace tiempo los gobiernos federal y estatal han prometido atender la situación pero no hay respuesta y sí un completo abandono. La producción agrícola ha comenzado a resentir los efectos de la contaminación y los contantes derrames de hidrocarburos.
Otra de las promesas incumplidas fue la Nueva Refinería de Tula, anunciada en el gobierno de Felipe Calderón, proyecto que, supuestamente, detonaría la creación de empleos y el desarrollo en la región. Una más de las tantas mentiras del mal llamado “presidente del empleo”, en la que se gastaron 620 millones de pesos y solo se levantó un muro, dejando una millonaria deuda pública al estado por la adquisición de terrenos. Ahora todos los hidalguenses deben pagar con sus impuestos los altos intereses del empréstito contratado.
Los pocos empleos formales los han desaparecido de manera violenta e ilegal gobiernos como el del autoritario Felipe Calderón, quien el 11 de octubre de 2009 emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. De forma repentina, casi 3 mil trabajadores perdieron su empleo en la región; vecinos de Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Progreso de Obregón y Tetepango fueron echados a la calle con lujo de violencia y la fuerza de las armas.
Vale concitar en este momento de tragedia que a 5 kilómetros de Tlahuelilpan se localiza la Central Hidroeléctrica de Juandhó. Tras el inesperado anuncio del cierre de la empresa pública, la subestación fue tomada en las sombras de la noche por elementos del Ejército vestidos de policías federales. Para los que ahora cuelgan la etiqueta de “huachicoleros” a los agobiados pobladores, es importante comentarles que con fusil en la mano las fuerzas del Estado reprimieron a los electricistas que cumplía su turno. Cuál si se tratara de una dictadura militar, ni siquiera se les informó el por qué se les desalojaba. Los trabajadores que se negaron a salir de su centro de trabajo fueron reprimidos.
Muchos comentaristas de los medios que hoy criminalizan a sus habitantes, fueron los mismos que aplaudieron la impositiva medida del entonces mandatario, pero nunca se tomaron la molestia de visitar municipios que sufrieron un devastador impacto social por el cierre de lo que al paso de los años fue su única fuente de empleo. Los costos sociales brotaron con su pobreza y marginación de la mano.
Es por demás lamentable que una tragedia como la registrada en Tlahuelilpan tuviera que presentarse para que el país volteara a ver las condiciones de abandono y pobreza en que se encuentran miles de mexicanos por la falta de oportunidades. No puede soslayarse, ahora se presenta la oportunidad para evaluar las consecuencias que pueden traer a futuro varias de las concesiones otorgadas en la reforma energética y sus megaproyectos, en comunidades agrarias y pueblos originarios.
En la iniciativa aprobada por el Congreso en el pasado sexenio, se autorizó el uso de sistemas de extracción de gas por medio del sistema fracking, que emplea millones de litros de agua y ocasiona una devastadora contaminación del subsuelo y de los mantos acuíferos. En países como Estados Unidos tal sistema ha sido prohibido y de manera insólita e irresponsable los diputados del PAN y PRI le dieron luz verde, razón por la que es alentador el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su cancelación.
El nuevo gobierno ya planteó la aplicación de programas sociales en los 91 municipios por donde corren los ductos de Pemex, con el objetivo de que la gente no caiga en prácticas ilegales como el robo de combustible. Y eso es loable, pero debe acompañarse de apoyos para proyectos productivos, pues como lo refiere la emblemática Torre del Reloj, en Tlahuelilpan, la gente trabajadora fue engañada y después despedida por el propio gobierno.
El lamentable suceso también debe llevarnos a cuestionar sobre la efectividad en los sistemas de seguridad que implica el manejo de combustibles como el gas y las gasolinas; hace 35 años, el 19 de noviembre de 1984, estallaron la planta almacenadora de gas licuado de Pemex y tanques de almacenamiento de empresas gaseras en el poblado de San Juan Ixhuatepec, conocida como la Tragedia de San Juanico.
Más de 500 personas humildes perdieron la vida y su patrimonio y otras 2 mil resultaron severamente heridas, algunas con secuelas de por vida. Se habló que las gaseras saldrían de esa zona densamente poblada, pero ahí siguen. En los hechos del pasado 18 de enero, debemos preguntar a los funcionarios de Pemex el por qué estando las válvulas de rebombeo a un kilómetro de Juandhó, poblado colindante con Tlahuelilpan, no se cerraron a tiempo, pudiendo evitar la tragedia.
Reflexionemos, pues es importante que este doloroso hecho no sea un sacrificio en vano y nos lleve a enmendar los errores del pasado. Al final de cuentas, todos somos Tlahuelilpan.
