La Embajada de Estados Unidos en México desmintió categóricamente la existencia de una lista de políticos mexicanos con presuntas órdenes de aprehensión por delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero. Esto luego de que el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, difundiera en redes sociales una supuesta lista con nombres de funcionarios actuales y exfuncionarios vinculados a dichos delitos.
“Esta información es falsa”, publicó la representación diplomática desde su cuenta oficial en respuesta directa a Levy, quien había anunciado que revelaría los nombres de “políticos, gobernadores y personas políticamente expuestas mexicanas” con supuestas acusaciones en Estados Unidos.
En el listado difundido por Levy —y desmentido por la Embajada— aparecían figuras como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco; y Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros. Levy incluso afirmó que habría más personas bajo investigación por temas como robo de combustible, aunque no presentó evidencia.
Horas después, la Embajada reafirmó que no existe ninguna lista de esa índole y llamó a la ciudadanía a no difundir información falsa y a consultar únicamente canales oficiales.
Este episodio se suma a otro ocurrido el pasado 3 de junio, cuando tanto las embajadas de México como de Estados Unidos desmintieron otra presunta lista que vinculaba a diversos políticos mexicanos con cárteles del narcotráfico. En esa ocasión, se mencionaban nombres como los de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Layda Sansores, de Campeche; y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
¿Presión real desde EE. UU.?
Aunque las embajadas han negado versiones sobre listas específicas, un reporte de Reuters publicado este miércoles señala que el gobierno de Donald Trump habría ejercido presión diplomática sobre México para que se investigue y procese a ciertos políticos presuntamente ligados al crimen organizado.
La nota indica que dicha solicitud fue impulsada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien —según Reuters— habría planteado en al menos tres reuniones la posibilidad de extraditar a funcionarios mexicanos si existiesen cargos formales en su contra. En estos encuentros habrían participado figuras como el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó rotundamente la versión de Reuters y afirmó que en ninguna reunión oficial con Marco Rubio o miembros del Departamento de Estado se solicitó investigar o extraditar a funcionarios mexicanos.
“Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”, indicó la Cancillería en un comunicado.
