Pese a que Alejandra de 27 años denunció en 2018 ser víctima de violencia familiar de su expareja y solicitó medidas de protección, la Fiscalía General del Estado (FGE) no atendió el asunto y en ese año fue asesinada presuntamente por el señalado en la colonia República, en el municipio de Matehuala, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En razón de ello, emitió la Recomendación No, 05/2022 a José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Arturo Rodríguez García, director general de Métodos de Investigación.
De acuerdo con el expediente 4VQU-0176/2018, el 9 de octubre de 2018, Alejandra compareció ante Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Atención Temprana y formuló querella por violencia familiar y lo que resulte en contra de su ex cónyuge,
Posteriormente, el Ministerio Público determinó no ejercer la acción penal en contra del imputado, y un mes y 10 días después, el 19 de noviembre de 2018 Alejandra fue asesinada, cuyo cuerpo fue ubicado en una terracería.
La investigación expuso que, aunque denunció la violencia familiar de la que era víctima, la madre constató que nunca hubo monitoreo o supervisión por parte de los agentes policiales, ya que vivía en su domicilio y no observó que llegaran los policías a preguntar sobre el estado de su hija en relación a su seguridad.
Detectó una irregular integración de expedientes de investigación penal en la práctica de diligencias necesarias para la debida integración, así como omisiones para allegarse de otros datos de prueba y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito de violencia familiar.
La CEDH sentenció que se pudo constatar que no se emitieron las órdenes de protección necesarias que la víctima requería, acorde a la medición de riesgo grave que se determinó en su primera atención.
Así, recomendó: reparación integral del daño ocasionado e inscribir a tres víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas; capacitar al personal en investigaciones de delitos relacionados con la violencia en contra de niñas y mujeres; y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
Y que realice las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento al mandamiento judicial para la ejecución de la orden de aprehensión en contra del imputado, prófugo de la justicia desde el 2018.
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