La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 21/2013 al gobernador Fernando Toranzo Fernández, así como al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, por un caso de tortura cometido por agentes de la Policía Federal en abril de 2011. La recomendación al mandatario potosino se relaciona con actos de negligencia de personal de la Procuraduría General de Justicia en perjuicio de la víctima agredida por los federales.
De acuerdo con la relatoría de los hechos, la víctima, una mujer de la que se omite su nombre, viajaba en un automóvil por el Eje Vial, en el cruce con Avenida de la Paz. Eran aproximadamente las 22 horas del 14 de abril de 2011, cuando le cerraron el paso los policías federales que se transportaban en dos patrullas.
Le ordenaron que demostrara la propiedad de la unidad pues sospechaban que la unidad tenía reporte de robo, la víctima dijo que el auto se lo había prestado un amigo por lo que no portaba documentación.
En respuesta, los agentes la subieron a una patrulla en donde la empezaron a golpear en la cara, seguido de ello, la llevaron a un lugar desconocido en donde la ataron de pies y manos; le vendaron los ojos mientras le introducían agua por la boca para ahogarla.
La victima relató que fue torturada con descargas eléctricas aplicadas en los senos y la ingle.
Luego de eso, la volvieron a subir a una patrulla, la pasearon por diversas colonias y la volvieron a golpear. En su declaración a personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que fue violada sexualmente.
El día 15 de abril fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, conocidas como el charco verde, y de ahí la pasaron a la Procuraduría General de Justicia.
De lo anterior, el día 19 de abril, la víctima presentó escrito de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a su vez, la canalizó por ser de su competencia a la CNDH, misma que el 24 de mayo de 2011 inició el expediente CNDH/1/2011/4778/Q, y se solicitaron informes de las autoridades presuntamente responsables.
En la recomendación se asienta que cuando la víctima fue puesta a disposición ante el Ministerio Público Mesa II de detenidos de la Procuraduría General de Justicia, denunció haber sido violada y torturada. Pese a ello, los agentes adscritos a esa Mesa se negaron a hacer los estudios correspondientes.
El 17 de abril, el MP determinó ejercitar acción penal en contra de la víctima por los delitos de deslealtad al empleo, cargo o comisión o perjuicio al servicio público, y robo calificado; fue canalizada al Juzgado Séptimo Penal, y fue ingresada al reclusorio de La Pila.
El 23 de abril de 2011, el juez le dictó formal prisión por robo calificado, y logró su libertad el seis de junio de 2012, luego de que se demostró su inocencia.
Con base en lo anterior, la CNDH determinó que los elementos de la Policía Federal y el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado “cometieron actos de gravedad en contra de la integridad de la víctima al acreditarse violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la libertad, a la seguridad jurídica, a un trato digno, a la integridad y seguridad personal, así como a la presunción de inocencia”.
Del mismo modo, subraya el hecho de que en la Procuraduría General de Justicia no se realizó ningún estudio o revisión a la víctima cuando denunció haber sido golpeada y violada. Lo cual fue confirmado después, cuando fue revisada por un perito del Poder Judicial, quien reportó que si existían múltiples lesiones por golpes. La violación sexual no logró ser confirmada.
En ese sentido, se resalta de negligencia con la que actuó el Ministerio Público que estaba obligado a ordenar exámenes médicos a la víctima, pero no lo hicieron, por lo que incurrieron en responsabilidad.
LA CNDH instó al gobernador Toranzo a poner a disposición de las autoridades al personal de la PGJE que conoció el asunto en la Mesa II a fin de que se les investigue y sean sancionados.
Los actos de tortura fueron realizados por dos agentes federales, de quienes el informe de la CDNH omite nombres.
Recomendaciones a Toranzo
“Diseñar e impartir programas integrales de capacitación y formación para promover la actualización y especialización de los agentes del Ministerio Público, específicamente en materia de atención victimológica, así como el fortalecimiento de valores en los que se les induzca a ajustar su actuación a los principios que rigen en el servicio público, así como en toda aquella legislación relacionada con los derechos de las mujeres, y se envíen los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen a los elementos que lo reciban en los cuales se refleje su impacto efectivo”.
“Diseñar e impartir a la totalidad de los Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia, un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de derechos humanos y enviar a esta Comisión las constancias con las que acredite su cumplimiento, así como los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen a los elementos que lo reciban en los cuales se refleje su impacto efectivo”.
“Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en el tramite de la queja que este organismo público promueva ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de los servidores públicos involucrados en el presente caso, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento”.
“Se colabora ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí”.
http://www.lajornadasanluis.com.mx/2013/06/14/pol11.php
