Acusan a la directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Empleados del sistema de Seguro Popular en el estado se acercaron a La Jornada San Luis para denunciar lo que consideran tráfico de influencias, acoso y abuso laboral, por parte de Leticia Pineda Vargas, directora del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, al igual que dos de sus colaboradores cercanos, Juan Antonio Martínez y César Esteban Huerta Salinas, quienes habrían formado un grupo de compadrazgos y amistades en los cuales existiría incluso el acoso sexual a las empleadas. Por tratarse de un asunto que pone en riesgo su fuente de empleo, pidieron se guardara su identidad.
“A los que benefician son únicamente a sus amigos, sus compadres o familiares, o si la trabajadora es bien parecida y quieren ganarse sus favores. Y ya extendieron este modo de trabajar a los responsables en cada jurisdicción sanitaria, quienes no protestan contra sus superiores mientras estos les dejen operar de manera semejante en sus respectivas zonas”.
“Nos someten a largas jornadas laborales, y en varias ocasiones no se nos remunera; el personal es sometido a trabajar después de su horario de salida casi diario, sin ningún pago o compensación por ese tiempo extra laborado. Así como también no se les autoriza comprobar ante recursos humanos dicho tiempo laborado, pues se les argumenta que su contrato establece que deben estar a disposición siempre que sea requerido (horas extras, sábados y domingos) sin pago o reposición de tiempo, siendo que a la fecha a los trabajadores no se les ha proporcionado el contrato o documento que avale que deban trabajar dicho tiempo sin remuneración”.
Además, continúan, “todos hemos sido testigos de que los vehículos oficiales son usados por los jefes para atender intereses personales o de otras áreas que no corresponden a Seguro Popular; de igual manera capital humano se utiliza para actividades de otros departamentos, lo que causa que no se pueda cumplir en tiempo y forma las metas establecidas, exigiendo al personal terminar el trabajo en mucho menor tiempo de lo establecido, lo que pone en riesgo la calidad del trabajo. Y de no cumplir con dicha tarea se les cataloga como incompetente, y se les pone a prueba con amenaza de despido”.
Por si eso fuera poco, los quejosos afirman que la información de beneficios a los que tienen derecho por ley los trabajadores es manipulada o escondida, para que desconozcan los derechos que puedan ejercer y cuál es su salario verdadero. Y en el caso de que algún trabajador indague o muestre inquietud es inmediatamente sancionado y amenazado poniendo de por medio su futura recontratación.
Cabe mencionar que en el proceso de formalización laboral (basificación) llevado a cabo a mediados del año 2014, a última hora fue excluido únicamente el personal del departamento de Seguro Popular a nivel estado; otorgándoles tan solo un concepto al que los superiores llaman “base eventual estatal”. En este esquema, “a final de cuentas no se nos otorga seguridad laboral” ni el derecho a afiliarse a un sindicato que los respalde al exigir sus derechos como trabajadores. “También se nos disminuyó el sueldo”.
Algo que puntualizaron los quejosos, es que estas declaraciones por parte del personal en cuestión no están relacionadas a un fin político. “La intención de nosotros no es afectar las campañas, pero es necesario dar a conocer todas estas irregularidades con la esperanza de que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto”.
Fuente: Jornada
