Las inundaciones del pasado 26 de junio que afectaron a más de 200 familias de los ejidos San Pedro El Saucito, El Tazajal y La Victoria, localizados a la vera del río San Miguel en la zona rural poniente de esta capital, fueron provocadas por particulares que levantaron bordos de protección en sus propiedades encausando las avenidas de agua hacia las zonas habitacionales.
El lunes 6 la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la declaratoria de emergencia para estos ejidos hermosillenses; desde entonces, autoridades de los tres órdenes de gobierno analizan la posibilidad de que se declare zona de desastre y con ello la contingencia sea remediada con fondos públicos.
Entre la noche del 25 y madrugada del 26, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó 60.2 milímetros de lluvia, una cantidad suficiente para que la furia del río San Miguel se desbordara sobre el desprotegido territorio ejidal.
La amplitud de esta cuenca alcanza los 200 metros, pero al paso del tiempo unos cuantos empresarios “ahorcaron” el río hasta reducirlo a un caudal de sólo ocho metros.
A fin de conocer de conocer los factores que devinieron en esta inundación se realizó un recorrido el sábado 4 junto a afectados, representantes y presidentes ejidales de San Pedro “El Saucito”, El Tazajal y La Victoria, donde se logró establecer que el principal factor de riesgo fue un bordo construido por el empresario, Adolfo Rubio, propietario del hotel ambiental, “EcoNatura”.
También se encuentra un montículo de tierra de unos 10 metros de alto por dos kilómetros de largo para proteger una plantación de nogal de 24 hectáreas, propiedad del exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, quien se amparó el 9 de junio pasado ante cualquier acción judicial por posibles denuncias de enriquecimiento inexplicable.
Según declaraciones de los afectados, este promontorio de tierra se erigió en un lapso de un mes con maquinaria de la Comisión Estatal del Agua (CEA), a expensas del erario público sonorense.
Aledaño al ejido La Victoria, se encuentra un muro perimetral de concreto de unos 8 kilómetros de largo, edificado para protección del fraccionamiento de súper lujo Riberas del Pitic, propiedad de las familias Coppel LemmenMeyer-Bours.
Esta protección perimetral electrificada ocasionó que el líquido desbordado del río San Miguel se estancara sobre unas 100 casas del ejido La Victoria, en un espejo de agua de 2 kilómetros de circunferencia y de 1.50 metros de profundidad.
Ante esto, los vecinos desesperados realizaron un boquete de unos tres metros a la tapia de concreto sólido y el agua cedió, pero el daño estaba hecho. Los ejidatarios reportaron pérdidas totales en sus hogares, convirtiéndolo así en una zona desoladora.
Otro de los factores de riesgo es la plantación de nogal Coprimex SA de CV, de Ceferino Bringas, quien construyó una barda de concreto de unos 500 metros de longitud, sin la autorización de Conagua y en perjuicio de 16 parceleros locales.
Río arriba de la comunidad de San Pedro “El Saucito”, en la gravera del empresario Miguel Cázares se levantó un talud gigante desde hace años, por lo que ya suma diez denuncias ante Conagua y PGR, pero hasta ahora, no ha se ejercido acción penal o administrativa contra este particular.
Allí, también se encuentra la gravera Noriega, propiedad de Alfonso Noriega, que obstruye el cauce del río con un camino que facilita el acceso a esta propiedad además que extrae materiales pétreos y los deja sobre el lecho acuático.
Finalmente, el puente San Miguel, construido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el año pasado para unir a Hermosillo con los pueblos de la sierra sonorense, taponeó el río debido a que con los cimientos amplió la corrida del agua hacia ambos márgenes.
Fuera de peligro
Estas invasiones al río obligaron a que osé Vega Navarro se convirtiera en héroe durante la madrugada del 26 de junio al rescatar a sus dos nietos que andaban flotando dentro de su casa, donde el nivel del agua alcanzó el 1.50 metros tras el desborde del río San Miguel.
“Intenté sacarlos por la puerta principal pero el agua fuera y dentro de la casa me lo impidió, así que los puse a salvo a través de una ventana, que afortunadamente no estaba enrejada como las otras”, relata don José, quien reportó pérdidas totales ante esta contingencia.
No tuvo una suerte distinta don Guadalupe Aguilar, quien se dijo sorprendido por la rapidez con la que se desplazó el agua por el ejido, dejando a su paso una ola de destrucción.
“Nos hemos quedado en la calle… estábamos dormidos cuando escuchamos los ruidos de los vecinos que nos alertaron de lo que estaba ocurriendo mientras ponían a salvo lo que tenían y como podían… a mi familia le costó la pérdida de tres carros, toda la ropa y los muebles”, lamenta.
Noira Valdez, del ejido de La Victoria, señala que el río se desbordó porque el cauce debe tener una amplitud de unos 200 metros y por interés de particulares lo han reducido a ocho metros.
“Los bordos levantados por estas están más altos que los levantados para cubrir a la protección de los pueblos, por lo que el agua rebota hacia nosotros provocando la inundación”, resume Noira, quien aún espera una respuesta institucional ante los daños y pérdidas experimentadas.
Salvar a la población
La solución a estas inundaciones, de acuerdo con especialistas consultados, sería “desangrar” el río San Miguel en la curva conocida como “cuello de botella” –unos 200 metros río arriba del ejido La Victoria-, pero se requiere que el titular Sergio Durazo ceda a Conagua un predio de 4 mil metros para que por este predio circule el agua lejos de la población y desfogue sin contratiempos en la presa Abelardo Rodríguez L.
A casi tres semanas de la inundación, personal de Conagua, junto con las autoridades ejidales, localizó 24 puntos críticos sobre el río San Miguel, que tiene una extensión de 23 kilómetros.
Una situación alarmante porque apenas está por iniciar la temporada de lluvias que para esta región del país se tienen pronosticados 19 ciclones tropicales, un 40% más de la cantidad histórica registrada en el litoral del Pacífico mexicano.
Se prevé que al menos cuatro de estos fenómenos meteorológicos alcanzarían la clasificación de huracanes categoría 3, con vientos predominantes de los 178 a 208 kilómetros por hora.
Desgracia: Festín de la impunidad
Por si fuera poco, en esta zona, las familias Coppel Lemmen Meyer-Bours “tuercen” la ley para apropiarse más de 2 mil 100 hectáreas en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, a fin de edificar un complejo habitacional de súper lujo llamado Riberas del Pitic, representado por la inmobiliaria Misión Veintiuno SA de CV, como documentó Proceso, en la edición 1657, en el reportaje “…Y a los Bours”.
El fraccionamiento residencial, tiene contemplado clubes de golf, caballerizas y lagunas de una extensión superior a las 23 hectáreas, para realizar deportes extremos y paseos en yate.
La familia Coppel –emparentada en 2008 con el exgobernador Eduardo Bours luego del enlace matrimonial de su hija Lourdes con Alejandro Gaxiola Coppel, sobrino del empresario sinaolense José Coppel Lemmen Meyer– ha comprado y despojado alrededor de 2 mil 10 hectáreas, desde diciembre 2007 según consta por escrituras presentadas por el notario público, Salvador Corral.
En un principio, se invertirían 430 millones de pesos y al cabo de dos décadas de luchas legales y compras ilegales de terrenos la suma se ha elevado a miles de millones.
La historia
En noviembre de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto en favor del municipio de Hermosillo por medio del cual expropió mil 608 hectáreas para delimitar la presa Abelardo L Rodríguez, donde hoy se encuentra el vaso de la presa.
Más de medio siglo después, el 21 de agosto de 1997, el gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera expropió una franja de 2 mil 398 hectáreas del mismo vaso e intentó expulsar a los campesinos y colonos de esta zona, que es ideal para actividades de cultivo, ecoturismo y ganadería.
Desde aquel decreto a la fecha, paralelamente se consolidaron colonias populares como el Parque Industrial, San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, La Victoria, El Tazajal y Las Amapolas, donde habitan unas mil familias.
No obstante, en 2005, el exgobernador Bours interpuso algunas demandas judiciales y por la vía civil contra los campesinos y colonos –algunos de ellos ya fallecidos- que se niegan a vender a la inmobiliaria Misión Veintiuno S.A. de C.V.
También ejercieron presión mediante amenazas de ministerio públicos, ataques armados, cortes de energía eléctrica ordenados desde la CFE; persecuciones y quema intencionales de viviendas.
Luego de esta cacería, los representantes de la inmobiliaria ofrecen a los asustados ocupantes pagar el irrisorio precio de 20 centavos por metro cuadrado, cuando Riberas del Pitic tiene valuada esa zona a 500 dólares por metro cuadrado a sus clientes en Estados Unidos y Canadá.
No sólo eso. La actual administración estatal que encabeza Guillermo Padrés se unió a este festín de impunidad validaron en marzo de 2011 títulos de propiedad apócrifos a nombre de la inmobiliaria, mientras que los residentes han batallado por más de 40 años para que el estado les reconozca y regularicen el decreto presidencial.
La abogada y residente del vaso de la presa, Rosa Delia Coronado, denunció que este ilícito se originó cuando se le presentó un proyecto de ecoturismo el exgobernador Beltrones y éste instruyó al secretario de Turismo, Ignacio Trellez, para adueñarse de estas tierras.
La también maestra de la Universidad de Sonora desde hace 31 años, relató la necesidad de acudir archivo de Alma Máter sonorense para conseguir los diarios oficiales de 1946, en los que se demuestra que el gobierno federal expropió los terrenos del vaso de la presa en beneficio del ayuntamiento de Hermosillo y no del gobierno estatal.
“Algunos moradores nos resistimos a aceptar este despojo institucional y vencernos ante la ambición de los políticos que han visto las propiedades de los más pobres para enriquecerse”, acusó.
Pese a todo, Riberas del Pitic invadió el cauce del río San Miguel sin la autorización de Conagua, además que no cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental para deforestar el principal pulmón de la ciudad, como se ha asentado en la denuncia civil con número 14600100 interpuestas en mayo de este año.
Con información de: Proceso
