Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaron que el matrimonio conformado por Inés Gómez Mont y el abogado Víctor Álvarez Puga habría movido millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fantasma. De acuerdo con reportajes periodísticos y documentos oficiales, la red utilizó compañías creadas para aparentar servicios que nunca se realizaron, como proyectos de software para reforzar la seguridad en siete penales federales. Estas operaciones formaban parte de un esquema que habría permitido desviar casi 3 mil millones de pesos, a través de transferencias entre múltiples cuentas para ocultar el origen del dinero, hasta llegar a cuentas personales de la pareja. También están señalados por evasión fiscal debido al uso de decenas de cuentas bancarias, varias de las cuales fueron congeladas por el gobierno.
La polémica volvió a tomar fuerza luego de que medios estadounidenses confirmaran que Álvarez Puga fue detenido en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Fue ingresado al Krome North Service Processing Center, una instalación normalmente utilizada para migrantes en situación irregular y no para personas acusadas de delitos penales, lo que sorprendió a la opinión pública mexicana. Aunque un juez migratorio ya ordenó su deportación, la defensa del abogado presentó una apelación que ha frenado su entrega inmediata a México.
Estos hechos se suman a las acusaciones que comenzaron en 2021, en plena pandemia, cuando la FGR giró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont por peculado y contra Álvarez Puga por delincuencia organizada y lavado de dinero. La conductora salió del país después de que se filtrara la investigación, lo que desató críticas sobre cómo lograron mover más de 300 millones de pesos provenientes de instituciones gubernamentales sin ser detectados durante años.
Los detalles sobre el modo en que operaban comenzaron a conocerse una vez emitidas las órdenes judiciales. Un reportaje del medio Animal Político describió cómo la red utilizaba dependencias como la Secretaría de Gobernación y el Sistema Penitenciario Federal para obtener contratos que sólo existían en papel. Con estas simulaciones se construyó un mecanismo de desvío sistemático de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Mientras continúa el proceso de extradición y las autoridades mexicanas tratan de recuperar los montos desviados, el caso ha provocado indignación entre ciudadanos y especialistas que cuestionan cómo una firma legal tan conocida pudo participar en operaciones de esta magnitud.
