Agua Señora es una comunidad del municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí. Se encuentra a doce kilómetros de la capital potosina con una población de mil 200 habitantes según el conteo de 2005, y muchos de sus pobladores laboran en la ciudad. Es un lugar abundante en pozos, algunos históricos, y con un extraordinario manantial en la punta de un cerro. Sus habitantes se dedican al pastoreo de vacas y cabras en un territorio poblado de centenarios ejemplares de sauces y fresnos y mezquites y huizaches y pirules, y conejos y arañas y búhos y lagartijas y coyotes y víboras y relumbrantes hormigas aterciopeladas de un intenso color naranja, y murciélagos y golondrinas y extraordinaria variedad de aves y muchísimos nopales y magueyes y lechuguillas y garambullos y palmas y biznagas y pitahayas y xoconotztles y alicochas e infinidad de flora endémica de la región.
Gran parte de este paisaje y esta fauna desaparecerá porque una carretera habrá de construirse por órdenes del nuevo y supremo gobierno: “Retrata la abundancia de los nopales que ya no van a ser”, le pidió una señora a quien hacía fotografías del lugar.
Los afectados denunciaron por internet que “el pasado 24 de abril, empleados de la empresa META, del empresario Vicente Rangel, encargados del proyecto del libramiento poniente de San Luis Potosí, amedrentaron y violaron los derechos de la gente del pueblo de Agua Señoracuando ingresaron a sus tierras allanando sus propiedades con fuerzas del orden público. (…) En los terrenos de los afectados fueron clavadas estacas de cemento con alambre de púas”. Yo añadiré lo que pude observar: Dos enormes y coloridos letreros con el consabido: Propiedad federal. Prohibido el paso. Cualquier persona que sea sorprendida en el interior será consignada a las autoridades. De esa manera quedaron federalizadas, es decir secuestradas, propiedades personales de los afectados, arados, bicicletas, herramientas y hasta un burro. Sí, un burro vivito y rebuznando que ahora se apropió la Federación; como no se puede ingresar al territorio recientemente expropiado, si por falta de alimento fallece el desafortunado jumento se podría denunciar a Enrique Peña Nieto, a Fernando Toranzo y a Vicente Rangel por haber propiciado su muerte, la muerte de un discreto burro honrado y trabajador como tanto ciudadano afectado por el nuevo gobierno; esperemos la reacción de los grupos defensores de los animales.
Hace casi cuatro años un grupo de los habitantes justamente indignados por tan agresiva decisión crearon el Frente Huachichil en Defensa de la Tierra para mostrar su rechazo tajante a la construcción del libramiento poniente, obra concesionada a la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), propiedad de Vicente Rangel, cuya intensión es extender la ciudad de San Luis a través de diversos proyectos de infraestructura urbana que arrasarán con cientos de pequeñas comunidades cercanas a la capital. Un típico proyecto de la modernidad depredadora para la que plantas, animales y seres humanos se vuelven un estorbo. Es decir, que si el empresario modernizador puede ahorrase unos millones de pesos cambiando el trazo original, según han manifestado en diversas ocasiones los afectados, y para tal propósito hace pasar la carretera encima de las casas de quienes se niegan a mal vender sus tierras lo hará sin ningún miramiento, al fin y al cabo para eso cuenta con el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal. El propio presidente municipal de Mexquitic ha sido visto, rodeado de toda la policía municipal, supervisando que todo esté en orden.
Invitado por los vecinos del lugar, el pasado viernes 26 de abril pude observar el trazo expropiado, mismo que sin presentar ningún documento se invadió “legalmente”, y, a decir de las víctimas del atropello, saltando diversas instancias jurídicas. No les dijeron ni cuánto les iban a pagar y sin previo aviso llegaron los trabajadores de la empresa de Vicente Rangel acompañados de seis patrullas llenas de iracundos policías armados (provocando para justificar la agresión), y una ambulancia y una camioneta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy abusivos pero muy legalizados.
Como muestra un botón: el pasado 9 de marzo fue sustraída a la fuerza de su domicilio la maestra Leocadia Jacobo Ramírez, quien además es juez auxiliar de la comunidad de Agua Señora y dirigente opositora al despojo. Escribió uno de los vecinos en un correo electrónico: “cuatro sujetos, al parecer ministeriales, llegaron en una camioneta blanca sin placas ni identificación alguna, con engaños llamaron a la profesora jubilada para subirla a la camioneta. Los sujetos nunca presentaron orden de aprehensión, simplemente se la llevaron al Ministerio Publico de la capital donde sufrió tortura psicológica al acusarla de un delito que no cometió. Permaneció en el CEFERESO de La Pila desde el sábado 9 de marzo hasta el lunes 11 de marzo, de donde por falta de pruebas salió bajo fianza. Mientras estuvo resguardada las esposas y los grilletes le obstaculizaban moverse, como si fuera una persona de alta peligrosidad”. Estas infamias ocurren a doce kilómetros de nuestras casas en la capital potosina, ¿cómo será la agresión en lugares más incomunicados?. Refiriendo la invasión gubernamental y empresarial en Agua Señora, una vecina me dijo: “En serio que me dolió el estómago”.
http://www.lajornadasanluis.com.mx/2013/04/30/pol1.php
