Respecto del periodo comprendido entre el año 2000 y diciembre de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó en testigos colaboradores un total de 178 millones de pesos, informó a una particular el IFAI La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de 2000 a 2012 erogó 178 millones 261 mil 493 pesos, para cubrir gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores. Empero, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la dependencia buscar y proporcionar esa información desglosada por costos de manutención, transporte, vivienda, compensación u otros, tal y como le fue requerida por el solicitante. Respecto del periodo comprendido entre el año 2000 y diciembre de 2012, es decir, durante los sexenios del Vicente Fox y Felipe Calderón, un ciudadano pidió el Número de los testigos colaboradores y/o protegidos que tiene la PGR, la organización delictiva a la que pertenecían, tipo de información que proporcionaron y para qué ha servido esa información. Así como al número de testigos protegidos que han cumplido con su encomienda y tipo de protección o apoyo que les sigue brindando la PGR; el número que se han ido del país por motivos de seguridad; monto de gasto de la PGR, detallado por manutención, transporte, vivienda, compensación u otros. Así como el número de testigos protegidos que han sido dados de baja del programa y motivo de la baja; que han renunciado a la colaboración y motivo de la renuncia; que han terminado su encomienda y reincidieron en actividades ilícitas. “Causas legales que originan la pérdida del carácter como testigo protegido; perfil criminológico o requisitos que debe cumplir la persona que funge como testigo protegido”, informó el IFAI en un comunicado. En respuesta, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó la relación de los testigos por año y por gasto, de 2000 a 2012. Explicó que que las anteriores autoridades registraron en 2000 a 27 testigos colaboradores y/o protegidos; en 2001, 35; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004, 44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43; en 2011, 60, y en 2012, a 65. Además puso a disposición del particular la relación del gasto ejercido por años: 2000, 2 millones 397 mil 627 pesos; 2001, 5 millones 823 mil 927 pesos; 2002, 13 millones 370 mil 525 pesos; 2003, 13 millones 235 mil 68 pesos; 2004, 13 millones 834 mil 73 pesos; 2005, 14 millones 564 mil 594 pesos; 2006, 13 millones 702 mil 688 pesos; 2007, 10 millones 913 mil 904 pesos; 2008, 15 millones 123 mil 153 pesos; 2009, 20 millones 197 mil 167 pesos; 2010, 14 millones 825 mil 320 pesos; 2011, 18 millones 105 mil 351 pesos, y 2012, 22 millones169 mil 96 pesos. Por lo que se refiere a los requisitos que debe cumplir la persona que decide acogerse a la figura de testigo protegido, la PGR dijo que éstos se encuentran establecidos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), pero dijo no contar con el resto de lo solicitado. Por ello, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el IFAI que fue turnado a la comisionada Sigrid Arzt, por recibir información que para él es incompleta. En alegatos, la PGR precisó que no lleva un control o estadística con ese tipo de indicadores. Y precisó que de existir la información requerida, serían datos de averiguaciones previas y, por ende, información reservada y confidencial reservada hasta por un periodo de 12 años. En el análisis jurídico del caso, la comisionada Sigrid Arzt dijo que la PGR ha hecho pública información respecto a gastos de dicho programa, con más detalle de lo solicitado. Además, localizó el documento: “Programa Anual de Necesidades de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2008”, en cuya partida 3201 se observa el gasto por arrendamiento de casa para testigos protegidos, hotel y estacionamientos. Su ponencia aclaró que la difusión del ejercicio de gasto público no pone en riesgo la vida de las personas, no impide las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de los delitos y ni tampoco guarda relación directa, ni forma parte de alguna indagatoria en trámite. Sin embargo, la PGR no turnó la solicitud de información a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG), la cual también es competente para conocer del presupuesto ejercido y asignación presupuestal para adquisiciones de bienes y servicios con el fin de atender las necesidades de las unidades administrativas de la PGR, como es la SEIDO. Con información de: http://www.eluniversal.com.mx/notas/922479.html]]>
