El Radar
Por Jesús Aguilar
Ayer, en la Comisión de Salud del Congreso del Estado, lo que debía ser un ejercicio de fiscalización técnica terminó convertido en un choque partidista que rompió el debate.
La diputada Sara Rocha Medina (PRI) presentó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Salud federal explicaciones sobre la llamada “mega farmacia” y el persistente desabasto de medicamentos que, en los hechos, sigue afectando a pacientes en San Luis Potosí. La también priista Frinné Azuara respaldó la preocupación y pidió revisar con datos la eficacia real del modelo de distribución y vacunación.
Desde el PAN, Mireya Vancini planteó reforzar las acciones contra el sarampión, señalando que existen rezagos que no pueden minimizarse.
Del otro lado, el diputado Carlos Arreola (Morena) defendió la estrategia federal y acusó a sus contrapartes de reproducir una narrativa nacional en lugar de atender la discusión en términos locales.
Hasta ahí, la pluralidad es sana.
El problema vino después.
El intercambio dejó de centrarse en cifras y cobertura para escalar en descalificaciones. La discusión técnica se diluyó. No hubo contraste serio de indicadores, ni comparativos presupuestales, ni datos específicos sobre desabasto estatal. Hubo confrontación.
Y eso es lo verdaderamente preocupante.
La Comisión de Salud no es una tribuna ideológica. Es el espacio donde se revisan políticas públicas que impactan directamente la vida de las personas. Cuando un debate sobre medicamentos y vacunación se convierte en un choque de consignas, el Congreso no cumple su función constitucional: deliberar con evidencia y construir soluciones.
Rocha Medina y Azuara plantearon dudas legítimas sobre la efectividad del abasto. Vancini encendió una alerta epidemiológica concreta. Arreola defendió un modelo que, según su bancada, ha corregido inercias del pasado.
Pero ninguna de esas posturas estuvo acompañada de un ejercicio serio de contraste técnico.
La salud pública no se defiende con narrativa.
Se sostiene con datos.
Un Congreso que no exige cifras claras sobre cobertura municipal de vacunación, tiempos de surtimiento, contratos vigentes y niveles reales de desabasto renuncia a su papel de contrapeso. Y cuando el Legislativo baja el nivel, la democracia también baja.
Lo ocurrido no es un gran escándalo. Es algo más delicado: mediocridad deliberativa.
En lugar de discutir indicadores del estado, el debate se desplazó a la polarización nacional. En lugar de revisar cifras locales, se intercambiaron posiciones ideológicas.
Eso es cómodo. Pero es irresponsable.
Hoy fue el tema de medicamentos. Mañana será el agua, la seguridad o el presupuesto. Si el nivel es este, las decisiones seguirán tomándose sin escrutinio técnico sólido.
La pregunta no es quién ganó la discusión.
La pregunta es otra:
¿Está nuestro Congreso preparado para debatir con la profundidad que exige la realidad de San Luis Potosí?
Porque un Legislativo que se grita pero no se escucha no fortalece la democracia.
La debilita.
Y San Luis merece algo más que espectáculo.
Merece representación con rigor.
Ese debería ser el estándar.
