A una semana de que entrara en vigor la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, se han otorgado miles de libertades plenas a personas perseguidas por motivos políticos, según datos oficiales de la Asamblea Nacional, aunque persisten cuestionamientos sobre el alcance y la transparencia del proceso.
La legislación, aprobada el 19 de febrero por el parlamento y promulgada por el Gobierno, permite que quienes habían estado bajo detención o medidas cautelares —como presentarse periódicamente ante tribunales, prohibiciones de salida del país o restricciones de comunicación— recuperen su libertad en forma plena tras solicitarlo ante los tribunales competentes. En los días recientes se han procesado más de 8 000 solicitudes, de las cuales al menos 4 534 han resultado en libertades plenas a la fecha, incluidas 223 personas que salieron de prisión, de acuerdo con el seguimiento legislativo.
Entre quienes han recuperado sus derechos figura Martha Lía Grajales, activista defensora de derechos humanos que estuvo bajo restricciones durante varios meses tras ser detenida luego de participar en protestas. Tras la concesión de la amnistía, pudo recuperar su derecho a hablar públicamente e incorporarse a actividades cívicas sin restricciones.
La ley comprende delitos vinculados con protestas y tensiones políticas desde 1999 hasta 2026, enmarcando una amplia serie de situaciones bajo su cobertura. Sin embargo, no todos los casos son atendidos automáticamente ni todos los detenidos quedan cubiertos de inmediato: aún quedan cientos de personas en prisión por motivos políticos, incluidos militares, extranjeros y algunos cuyos paraderos son desconocidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el proceso enfrenta irregularidades en su aplicación, como exigencias inapropiadas en algunos tribunales y la exclusión de ciertos casos que, a juicio de críticos, deberían haber sido contemplados en la ley. La exigencia de pagar materiales para el trámite o de cumplir con requisitos no previstos en la norma son ejemplos de trabas denunciadas por solicitantes y sus familias.
La implementación de la amnistía ocurre en un contexto político complejo, marcado por tensiones internas, disputas sobre la inclusión de distintos grupos dentro del alcance del beneficio y llamados internacionales a revisar mecanismos como el estado de emergencia vigente en el país. La Organización de las Naciones Unidas ha instado a que se liberen a todos los presos políticos, así como a revisar las medidas extraordinarias que todavía limitan derechos civiles y políticos en Venezuela.
Pese al avance en otorgar libertades plenas a miles de personas, la aplicación de la ley continúa siendo vigilada de cerca por defensores de derechos humanos y familiares de los afectados, quienes demandan una implementación más amplia, transparente y sin obstáculos burocráticos, con la finalidad de que la amnistía cumpla con su propósito de facilitar una convivencia democrática más amplia para la sociedad venezolana.
