Antonio González Vázquez
A cuatro meses del nuevo gobierno municipal capitalino, hay “un enorme abismo” entre lo que prometió Enrique Galindo Ceballos y lo que se ha cumplido, evalúa el Frente Cívico Potosino (FCP), por lo que le exigen “se ponga a chambear”
Esa organización arrancó con la publicación de cápsulas informativas con la intención de desmenuzar lo que ha hecho y dejado de hacer el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Destacan un desmantelamiento institucional que consideran “alarmante”: la Instancia Municipal de las Mujeres, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico y la Dirección de Cultura son ejemplo de cómo los reglamentos han sido sistemáticamente violentados.
Las unidades administrativas han sido reducidas al “empleo para los allegados”.
Del compromiso de Galindo de trabajar con un gabinete de perspectiva de género, el FCP critica que “al día de hoy lo único que se ha visto es un retroceso, pues se ha pretendido desconocer a través de la Instancia Municipal de las Mujeres al propio Consejo Consultivo”.
Además, desmanteló las facultades sustantivas de la Puerta Violeta, espacio para atender a las mujeres en situación de violencia y ahora se pretende confinarla a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En materia de seguridad, el saldo en cuatro meses “es desastroso”. Por ejemplo, en el último trimestre de 2021, la percepción de inseguridad en la capital creció 4.45 por ciento y también crecieron delitos como el homicidio doloso, el robo a vehículo, el robo a negocio.
Abundan que ahora, en el gobierno de Galindo, “los grupos delictivos hasta hacen videos en la Delegación de La Pila”.
“En la capital hay muerte y desolación por los homicidios y los enfrentamientos con armas de fuego”.
Critican, además, la creación de la Secretaría de Seguridad porque es simulación al tratarse solamente del cambio de nombre.
Cuestionan la falta de transparencia en la adquisición de las nuevas patrullas.
El FCP advierte que revisará el procedimiento de arrendamiento que costará más de 203 millones de pesos “en un escandaloso contrato” asignado de manera directa. Acusan la compra a sobreprecio.
Ese caso, anuncia, se va a denunciar.
