El Radar
Por Jesús Aguilar
La reciente iniciativa presentada en el Congreso del Estado por el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, para penalizar el uso “indebido” de la inteligencia artificial, ha abierto una discusión urgente y necesaria: ¿cómo proteger a la sociedad del abuso tecnológico sin poner en riesgo la libertad de expresión?
La propuesta busca reformar el Código Penal potosino para castigar la difusión de imágenes, audios o videos generados con inteligencia artificial que reproduzcan la voz o el rostro de una persona sin autorización, o que provoquen “alarma social”. En apariencia, el objetivo es legítimo: frenar los llamados deepfakes y la manipulación digital que puede dañar reputaciones o desinformar a la ciudadanía. Pero el problema, como bien advirtió el abogado José Mario de la Garza Marroquín, está en el enfoque punitivo y en el riesgo de convertir la regulación tecnológica en un instrumento de censura y control político.
De la Garza advierte que, bajo el argumento de proteger a las personas, esta iniciativa podría derivar en persecución de la crítica o la parodia. En lugar de promover transparencia, educación digital y responsabilidad civil, se recurre —otra vez— al derecho penal como si el castigo resolviera los dilemas éticos de la tecnología. En un país donde la impunidad es la regla, la creación de delitos técnicos y de difícil comprobación abre la puerta a un uso selectivo de la ley, capaz de intimidar periodistas, creativos y opositores políticos.
Regular la inteligencia artificial es indispensable, pero desde la ética, no desde el miedo. En las democracias modernas, el debate sobre IA se centra en la protección de derechos y la responsabilidad de las plataformas, no en la criminalización de la expresión. México necesita una legislación que defienda la libertad y sancione la manipulación, sin confundir crítica con delito ni sátira con amenaza.
San Luis Potosí podría ir más lejos si, en lugar de penalizar, propusiera elevar el debate al ámbito federal. Urge un marco que obligue a las grandes plataformas —TikTok, Meta, Google y YouTube— a transparentar el origen y financiamiento de contenidos difundidos mediante inteligencia artificial, y que prohíba la promoción de sitios anónimos o campañas negras sostenidas con recursos públicos. Ningún gobierno debería esconderse tras cuentas falsas o portales basura para distorsionar la opinión pública.
El verdadero peligro no está en la inteligencia artificial, sino en la falta de inteligencia política. En la tentación de convertir la ley en mordaza y la tecnología en herramienta de guerra sucia. Lo que San Luis necesita no es castigar más, sino iluminar mejor: hacer transparente lo que hoy se oculta tras la sombra del anonimato digital y el dinero público disfrazado de “estrategia comunicacional”.
Regular sin censurar, castigar sin callar. Ése debería ser el espíritu de una ley moderna, valiente y verdaderamente inteligente.
Ya en el espacio de radio que comparto con el propio Héctor Serrano, hice la observación al diputado que ahora ponderamos también aquí, y aunque no hay fecha para la discusión del tema que ya levantó ámpula, seguimos instando en que se vaya al fondo, se castigue a quien use las redes sociales, la inteligencia artificial y las plataformas para denostar, mentir, y buscar dañar dolosamente, mucho más si además provienen de presupuestos oficiales de cualquier nivel.
La transparencia en el manejo de los recursos de comunicación social también deben integrarse a esta iniciativa, no podemos seguir haciendo esfuerzos formales, con nombre y apellido, pagando impuestos, derechos y obligaciones y demostrando que somos profesionales con influencia real, para seguir alimentando grangas de bots de carroñeros auto inflingidos.
Invítenos a un debate constructivo, y ampliemos a todo el espectro el tema, despoliticemos el asunto y procuremos una purga de la basura que encontramos todos los días en cada scroll.
