En las últimas semanas, se ha producido a nivel internacional una sería diatriba entre organizaciones protectoras de derechos humanos. Tuvo su origen al darse a conocer un documento de Amnistía Internacional denominado “Borrador de política sobre trabajo sexual” destinado a discutirse en la sesión del 11 de agosto de su consejo internacional en Dublín con delegados de la organización de todo el mundo. Ante la develación de su contenido, cerca de 400 ONG´s como la Coalición contra el tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), pero también activistas reconocidos en la protección de derechos humanos emitieron una carta dirigida a Shalis Shetty, Secretaria General de AI, para establecer una posición en contra.
Y es que el borrador en mención, pone sobre la mesa de las decisiones supranacionales, la intención de despenalizar de manera absoluta lo que denominan trabajo sexual realizado con consentimiento. A éste punto de las cosas, ese documento ha sido aprobado y pasará a formar parte de las propuestas de Amnistía para con los gobiernos, en la búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales.
La oleada de críticas desde todos los puntos del orbe, se da por primera ocasión en la vida de esta organización desde perspectivas que durante mucho tiempo han compartido sus luchas y su visión sobre lo que significan los derechos humanos y para dimensionar las razones de este pasmo, cabe decir, que no estamos hablando de un ente cualquiera, no se trata en efecto de una como tantas que oprobian los temas que tanto dicen defender, no es una organización que viva de ningún poder estatal, no es el coto de un complejo protagónico, no pervive de las víctimas por las que busca firmas, ni cambia sus causas por prebendas, ni oculta su forma de adquirir recursos, ni se da a conocer porque sus representantes ocupen cargos públicos en ningún sitio. De entre las miles que ahora existen AI ha logrado posicionarse y obtener legitimidad a partir de su congruencia.
El argumento para ésta propuesta lo plantea Gauri van Gulik subdirectora europea de esa organización quien debate uno a uno las contraposiciones exteriores, manifiesta su sorpresa ante la airada reacción internacional, asumiendo que deviene de un malentendido sobra la política que buscan, una que pretende brindar a los trabajadores sexuales de seguridad, empoderamiento y acceso a la salud. Así mismo, afirma que no se trata de que la prostitución sea un derecho humano sino en reconocer que ese grupo de trabajadores tienen derechos humanos como el de vivir libres de trata y explotación sexual, que la intención de despenalizar a los compradores deriva de la inseguridad que se produce cuando quienes en el ejercicio de vender su cuerpo se ven obligados a concertar citas en casas, en la clandestinidad, lo que tiene el mismo impacto que criminalizarlos a ellos, desde luego que están contra la explotación pero no creen que la vía punitiva proteja a esas mujeres. Y es que hay, en la justificación de esa propuesta una alusión expresa a la igualdad de género, a la no discriminación.
Ante la acusación concreta acerca de que esta política de “reducción de daños” facilite el tráfico y la trata de personas, AI expresa que no hay evidencias que sugieran que de alguna forma el trafico se incremente con la descriminalización del trabajo sexual, al contrario, muchas mujeres de no ser criminalizadas estarían en posición de intervenir más fácilmente en los juicios y de participar abiertamente con la policía, la intención es que los gobiernos se concentren en terminar con el tráfico y la explotación, con terminar el trabajo forzado, pero no castigando a quienes mayor protección merecen.
Sin embargo esto no es lo que opinan las demás organizaciones, que si bien reconocen la labor de Amnistía, eso no les ha restringido de indicar que arribó tarde al entendimiento de que los derechos de las mujeres, eran derechos humanos. Señalan estar de acuerdo por completo en que no debe criminalizarse de ninguna forma a las personas, en su mayoría mujeres que son víctimas de trata, sino que por el contrario coinciden en que la protección a sus derechos debe ser respetada y buscada exhaustivamente.
Y aquí, la discusión que por décadas ha dado la diversidad de feminismos en el mundo. ¿Es la prostitución parte del ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres? ¿Es una alternativa laboral? ¿Es viable en el Estado democrático y de derecho de occidente la venta de sexo? En aras de respetar lo que aparentemente se pretende equivaler a un derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. Ya Amnistía reconoce que el deseo y la actividad sexual son una necesidad humana, “que penalizar a quienes no son capaces o no quieren satisfacer esa necesidad a través de medios más tradicionalmente reconocidos y por consiguiente compran sexo” es agredir estos derechos.
Imagino que hay países, no lo sé, en donde sea posible disociar la cosificación social que se tiende sobre una persona que vende sexo, que hay compradores que no ven en el coito comprado un acto de poder, sino un mero ejercicio de su derecho a pagarle a otro ser humano que reconoce como igual para obtener placer; de hecho en algunas opiniones sobre el tema, hay quien afirma que no es ético confundir el derecho que tienen las personas a prostituirse a lo que sucede con la trata de personas con fines de explotación sexual.
El problema es que no soy yo, quien utiliza la industria del sexo “legal”, dígase tables, mens club, servicio de acompañantes o la pornografía para vender gente. Esa mezcla indisoluble la hacen los delincuentes. El estado de las cosas no deviene de la opinión subjetiva de las organizaciones en contra, porque si bien es cierto aún cuando la intención de AI pareciera una solución definitiva a las agresiones que padecen las personas que quieren vender sexo y las que no, lo cierto es que esa política no está hecha para éste mundo. No hay una percepción inocua para el uso del cuerpo como objeto de mercado, dado que conlleva riesgos ineludibles que derivan de una relación entendida desde su origen de forma asimétrica.
En cualquier ejercicio de compra venta, si yo pago por un coche, por una casa, por un lapicero, ¿es mío o no lo es? ¿Me pertenece o no? Sí, me pertenecen las cosas, pero las personas no. No es lo mismo emplearse en un trabajo común, vender ideas, horas de tiempo y de actividad, que vender sexo, ¿Por qué no? Porque no significa lo mismo, ni para el otro, ni para el sistema de poder que nos mueve, menos aún cuando en ese tamiz, se trasvasan miles de menores de edad todos los días.
En México por concretar, la prostitución no constituye un delito, pero el lenocinio si, actualmente han sido todas las representaciones de la trata de personas que sumadas a la violencia y al estado de impunidad han dado con que sus víctimas no se encuentran en un perfil que busque la denuncia, hay ya demasiados vericuetos que invisibilizan el problema, sin embargo apenas ayer hemos sabido de nuevos estudios que indican que tan solo en la frontera que hace Ciudad Juárez y Tijuana, 4 de cada 6 “trabajadoras sexuales” son menores de 18 años y 1 de cada 8 menor de 15. La representante de Equality Now, Andrea Matolcsi indica que este descubrimiento derriba la creencia de que la gran mayoría de la gente que se prostituye es mayor de edad que lo hace por voluntad propia. Se trata entonces de víctimas de trata de personas, a veces de 8 y de 10 años de edad que son vendidas a un mayor precio por ser ofertadas como vírgenes, se trata de niñas que son obligadas a mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de precaución en lugares hacinados, con riesgo a embarazos, enfermedades, maltrato y explotación, niñas a las que su país no atiende porque esa esclavitud se da en tugurios públicos sin que nadie haga nada al respecto.
Crímenes que de hecho no son valorados como los robos, o las lesiones, o con otras actividades de la delincuencia organizada, de ahí que su estadística no aparezca en la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo Nacional ni cuando la trata era del fuero común, ni ahora que es exclusivamente del fuero federal, crímenes que se volverían aún más invisibles si la política internacional comenzará a cambiar de perspectiva confundiendo la venta del cuerpo con un derecho humano. A más ver.
Twitter: @Almagzur
