¿Qué le parecería a usted amable lector, ganar un sueldo como burócrata y a parte recibir beneficios como el gozar de dos servicios médicos? La respuesta parece obvia pues este beneficio es apenas un esbozo de los múltiples privilegios que varios de los trabajadores estatales perciben gracias a esos históricos apapachos negociados desde las administraciones anteriores que no escatimaron en ceder a las pretensiones de las organizaciones sindicales para darles cualquier tipo de beneficios.
Hoy, las organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), o el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE), junto a unos otros que deambulan por ahí, parecen enfrentar escenarios completamente distintos con la llegada de Ricardo Gallardo a la administración estatal quien ha estado decidido a frenar esos excesos a los que han estado acostumbrados los líderes de estos gremios.
Un caso particularmente interesante es el que acontece recientemente con el tema de la prestación de los servicios médicos que se otorgan a la burocracia estatal, donde el gobierno estatal buscó por la vía del diálogo persuadir a la líder del SUTSGE Bernardina Lara, cuyo sindicato es mayoritario al tener la mayor base de trabajadores agremiados a su organización , para que aquellos sindicalizados pudiesen continuar recibiendo su servicio médico ya sea en el IMSS o en un hospital privado con el que se tiene convenio.
Evidentemente el gasto por mantener estos privilegios, es oneroso para la administración estatal ya que se trata de cifras multimillonarias que le cuestan a usted ya todos los potosinos, pero la líder del citado sindicato en vez de negociar, se obstinó en mantener a como dé lugar ambos servicios médicos interponiendo un recurso para supuestamente obligar al gobierno estatal a dejar las cosas como están.
En opinión de expertos e incluso algunos sectores como el empresarial, la estrategia legal ha evidenciado la mala decisión de Bernardina Lara quien va a privar de manera definitiva a los trabajadores del servicio médico privado, ya que al devolverle a la base sindical los servicios del IMSS, que rara vez utilizan por considerar que reciben una atención pésima, el gobierno estatal tendrá el sustento legal suficiente para dar por terminado el contrato que tiene con un hospital privado.
Aunque el tema parece tener camino por recorrer, no solo los empresarios sino la gran mayoría de la sociedad en San Luis Potosí, estarían a favor de que este tipo de privilegios terminen por fin para una obesa burocracia que fue heredada por tantos gobiernos que vieron la oportunidad de regalar posiciones al por mayor cual si se tratase de una agencia de colocaciones y ahora, miles de los trabajadores acostumbrados a recibir un cómodo servicio médico privado, podrían dejar se recibir ese privilegio en caso de que la proyección de los expertos se dé.
Los tiempos que ahora se viven son diferentes y los criterios de gobernar también experimentan ese proceso, pero quienes se aferran a la idea de que las cosas deben mantenerse como estaban, son las organizaciones sindicales que si bien su función es velar por la defensa de los derechos de sus trabajadores, no mantienen la prudencia ni son sensatos a la hora de negociar sus acostumbradas pretensiones salariales que vaya que son bastante buenas y que ya las quisieran miles de trabajadores de la zona industrial por ejemplo o un empelado general, sin que la comparación pretenda ser ofensiva.
Ojalá que en este nuevo escenario, el gobierno estatal logre un buen resultado y se garantice la prestación del servicio médico para las y los trabajadores del Gobierno del Estado, pero en medio de ello deberá prevalecer la congruencia para evitar que este concepto le siga costando carov a la gente de San Luis Potosí, que debe seguir soportando la pesada carga por mantener a una burocracia que es obsesa.
