Abelardo Medellín
San Luis Potosí, dice el doctor Miguel Carbonell, es una potencia “admirable” en materia de inversión extranjera, sin embargo, el sobresaliente desempeño económico de la entidad está en riesgo por la elección popular de cargos judiciales; amenaza que, según el especialista, deja una duda.
“¿Queremos echar a perder esto?, ¿de veras puede darse el lujo San Luis Potosí de poner en riesgo algo que todos los potosinos saben que les ha dado muy buenos resultados?”.
A 129 días de que San Luis Potosí se convierta en uno de los 14 estados que por primera vez en la historia participe en una elección popular de cargos judiciales, Astrolabio Diario Digital sostuvo una entrevista con Miguel Carbonell, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C., investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 87 libros, 600 artículos, ponente en más de 2 mil 300 cursos y conferencias. En suma, uno de los más eminentes constitucionalistas que tiene México actualmente.
En septiembre de 2024, Carbonell afirmó que el Estado Mexicano vivía una “crisis constitucional” por la forma en que los tres poderes del Estado se confrontaron y, sin tomar en cuenta los comentarios, sugerencias y protestas, procedieron a aprobar las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial para la elección de jueces, ministros y magistrados.
Hoy, refrenda, el estado de las cosas es muy similar, ya que aún impera la incertidumbre sobre lo que pasará tras la elección del próximo domingo 1 de junio.
“En ningún país del mundo, en ningún país del mundo, no hay algún antecedente donde elijan a todos sus jueces; México es el primero y entonces obviamente ahí nos hacemos una pregunta, que es una pregunta de sentido común: Oye, ¿por qué nosotros vamos a implementar un sistema que en ningún otro país del mundo siguen?, ¿será que nosotros sabemos algo que todos los demás países no saben?”, dijo el constitucionalista quien, ya lejos de aquello que antes llamaba crisis constitucional, ahora lo identifica como “un salto al vacío”.
Carbonell reflexionó sobre los argumentos que se han utilizado para defender la reforma y la elección de cargos judiciales, y acepta sin miramientos que sí, la justicia mexicana es “manifiestamente mejorable”.
Recientemente, en una visita a San Luis Potosí, la ministra y aspirante a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, afirmó que la elección judicial era un “experimento arriesgado” con muchos beneficios y, además, necesario.
Al respecto, Miguel Carbonell aseveró:
“Nadie niega que tengamos problemas en la impartición de justicia, pero ¿esos problemas van a quedar resueltos por el mero hecho de que ahora llegan a través del voto popular? Yo creo que no, entonces yo sí difiero de ese diagnóstico en cuanto a que era necesario; yo creo que era necesario afinar cosas y mejorar mucho, pero no sé si era necesario esta reforma judicial tal como quedó aprobada”, contestó.
La reforma entonces, dijo el constitucionalista, no solo es difícil de justificar, sino que tampoco es fácil explicarla a la ciudadanía debido a que los órganos que se encargan de impartir justicia, entre las muy distintas ramas, son altamente especializados y tal grado de especialización podría generar un vacío de conocimiento que haga más fácil la manipulación, tergiversación y la guerra sucia.
“La gente va a llegar a la urna el día de la votación y le van a poner enfrente un listado de nombres y de cargos a ocupar, y si no sabe qué hace el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, pues no todo el mundo lo sabe; el Juzgado Especializado en lo que llamamos Concursos Mercantiles, que son las quiebras, pues ¿qué hace?, ¿qué tipo de perfil debe ocupar ese cargo?, ¿qué preparación se requiere?, ¿es el que salga mejor en la fotografía?, ¿es el que sea más simpático para sus vecinos?, ¿es el que patrocinó la barbacoa el fin de semana o trajo al grupo de música para los 15 años de la hija de no sé quién? Híjole, pues ahí por eso yo sí creo que está bien complicado”.
Carbonell reconoció que otro frente de incertidumbre es el económico, y como ejemplo habló de las dificultades y tensiones que tuvo que pasar el Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener el financiamiento de la elección judicial.
“El INE había pedido 18 mil millones de pesos, quedó finalmente en 13 mil. Hubo un recorte importante (…), en primer lugar que va a haber menos capacidad para contratar gente que esté capacitando a quienes van a ocupar el cargo de mesa directiva de casillas; segundo, va a haber menos casillas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, va a haber menos espacios, van a tener que concentrarse las casillas, va a haber más urnas en un solo lugar; entonces, la gente pues obviamente le va a quedar más lejos, eso va a impedir la participación y todas las consecuencias que de ello de ello derivan”.
El especialista apuntó que la crítica no solo debe limitarse a los recortes que se dieron al presupuesto base de este ejercicio, sino también en el sentido de si es conveniente que el Estado Mexicano erogue más de 13 mil millones de pesos este año y otra decena de miles de millones de pesos en 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.
“No es poco dinero, estamos hablando de algo que es bastante significativo para el bolsillo de nosotros que pagamos impuestos”.
Del total de 17 entidades de México que ya han aprobado sus reformas locales en materia de elección judicial, San Luis Potosí es una de las 14 que realizarán el ejercicio este 2025 y además tiene la complicación adicional de que se someterán a elección todos los cargos judiciales y no la mitad, como se planteó en la reforma federal.
Al respecto, Carbonell expresó que, aunque desea el mejor de los éxitos para el estado potosino en esta gran coyuntura, se debe reconocer que es una “apuesta grande” la que juega al decidir cambiar todos los cargos en un proceso novedoso.
Carbonell identificó un riesgo adicional que podrían tener las entidades que celebren elecciones judiciales en 2027: los estados en esta condición tendrán que elegir jueces y magistrados, pero además el proceso será concurrente con la elección, en algunos casos, de gobernadores, alcaldes, diputados locales y en todos los casos, diputados federales.
Comentó que, con esta concurrencia, las elecciones de cargos en el Poder Judicial empatarán con las actividades proselitistas de los partidos políticos; situación que puede aumentar la posibilidad de intervenciones políticas y ajenas al rubro meramente judicial.
Astrolabio: ¿Será acaso que no se tomó en cuenta la perspectiva económica para aprobar y poner en marcha esta reforma?
Miguel Carbonell: Sin duda que no y qué bueno que lo preguntas, porque yo creo que hay entidades federativas que aprecian y valoran mucho la inversión, claro, tú citas del caso de San Luis es muy significativo. San Luis ha generado inversión a partir de la certidumbre, a partir de la seguridad, a partir de que tiene un clima propicio para los negocios (…) Les ha dado muy buen resultado y los admiramos mucho a ustedes en otras partes de la República, admiramos lo bien que han hecho su trabajo en San Luis Potosí. ¿Por qué están fábricas de maquila de coches, internacionalmente reconocidas, que podrían estar en Alemania que podrían estar en Brasil, que podrían estar en Texas, están en San Luis Potosí?, ¿por qué? Porque la gente de San Luis ha hecho las cosas bien.
Para Carbonell, ya iniciado el proceso rumbo a estas elecciones, la pregunta no es ya si la estabilidad del estado de San Luis Potosí está en riesgo, sino a cambio de qué. Afirma que actualmente nadie sabe si con los resultados de la reforma, la justicia será cualitativa o cuantitativamente mejor.
Sobre posibles grupos de poder o funcionarios públicos que estén interviniendo en este proceso electoral, Carbonell opinó que el verdadero problema reside en la reforma propia, ya que a los próximos candidatos se les negó la oportunidad de acceder a recursos públicos o privados para hacer su campaña.
“La propia reforma va incentivar que se arriesguen a caer en la ilegalidad, porque privó de financiamiento, entonces alguien que quiere realmente ser magistrado o que quiere ser juez y la ley le dice: ‘oye, no puedes poner ni medio centavo’, pues dime cómo le hago (…). Yo espero que las autoridades electorales realmente decidan ejercer una fiscalización a fondo y en serio, porque ya hemos visto ejercicios, tú describías esta visita de una ministra aquí a San Luis; vamos, habría que ver si esa visita fue con recurso público, habría que ver si no se trata de un acto anticipado campaña y habría que ver si eso va a entrar en una futura fiscalización o no, porque también ahorita los demás contendientes que no están en el cargo de ministra de la Corte no tienen esa ventaja, no tienen ese nivel de exposición, no tienen la posibilidad de dar a conocer su propuesta o su plataforma o lo que ellos creen que sea importante que la ciudadanía conozca y ella sí”.
Carbonell advirtió de un “evidente” grupo de poder que estará interesado y probablemente ya ha avanzado esfuerzos en intervenir la contienda: el crimen organizado.
“Imaginemos que hay un proceso penal federal por delincuencia organizada contra el líder de la célula o líder del cártel de no sé qué y va a tocar dictar la sentencia a finales de año al Tribunal Colegiado Circuito, que ya es la última instancia y hay candidatos para esas plazas porque algunas de esas plaza seguramente van a renovar; bueno, el crimen organizado tiene una enorme capacidad de influir, ya sea positivamente, apoyando por debajo de la mesa con dinero al candidato o candidata que le interese, o ya sea amenazando o incluso asesinando, porque ya lo vimos en la campaña anterior, cuantos candidatos mataron”.
El constitucionalista explicó que el modus operandi de las células criminales es claro: aquellos perfiles judiciales “demasiado autónomos” o muy duros con sus sentencias serán obligados, por cualquier medio, a dejar la contienda, mientras que aquellos que acepten la colusión con el crimen o incluso ya estén en ese supuesto, serán beneficiados con apoyos económicos.
“Yo sí veo este riesgo; en México el crimen organizado es una realidad, no vamos a cerrar los ojos. Aquí muy cerca está Guanajuato, traen un tema grave; aquí cerca en esta zona, un poquito más para arriba, está Zacatecas que traen un tema grave; y luego más para arriba está Tamaulipas, entonces tampoco nos vamos a hacer los que no sabemos. Es una realidad, no nos gusta, pero ahí está”.
Miguel Carbonell consideró “una mentira” que la elección judicial venga a “democratizar el Poder Judicial” y a solucionar sus problemas, tal como han señalado los impulsores de la reforma.
“Lo voy a decir con todas sus letras, ni modo, aunque haya gente que no le guste: es una mentira, eso es ajeno a la verdad, porque ciertamente había aspectos mejorables, ciertamente había cosas que no dejaban contento a nadie del funcionamiento de la justicia en México, nosotros desde la academia, desde la abogacía, habíamos propuesto una cantidad de enorme de reformas, pero no es cierto cuando se dice, por ejemplo, que esto democratiza”.
Agregó que la reforma y la elección popular de cargos judiciales que supone tampoco le devolverán el poder a la ciudadanía, al ser difícil que una persona civil conozca el tipo de trabajo que realiza un tribunal colegiado, un juez de control o el circuito en materia administrativa.
El doctor Carbonell negó que someter cargos judiciales a las urnas vaya a hacer la justicia más accesible a la ciudadanía, pues lo que hará en realidad es “orientar la justicia hacia grupos de interés”.
“Si tú tienes un contexto institucional, en donde en las campañas no puede haber financiamiento ni público ni privado, te vas a ir con quien tenga el poder, tenga el poder político de mover gente, de movilizar votantes, quien tenga el poder económico de financiar campañas por abajo de la mesa o tenga el poder mediático de proyectar cierto nombre o cierto perfil para que sea conocido por el potencial votante. Entonces, esto lejos de ser algo que acerque la justicia a la gente, yo creo que lo va a complicar enormemente”.
Además de carecer de justificaciones democráticas, Carbonell recordó que esta reforma también no contó con un análisis previo que indagara cuáles son, efectivamente, las causas de los problemas que según el oficialismo se intentan combatir.
“Se dijo, incluso se reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia que hubo recientemente: no hubo un diagnóstico, nunca. Entonces lo primero es: tú quieres arreglar una serie de problemas, perfecto ¿Dónde están los problemas?, ¿cuáles son las causas que generan el problema?, ¿qué es lo que otros países han hecho para resolver este problema? En vez de hacer todo este trabajo previo de diagnóstico, de identificación de áreas de mejora, etcétera, lo que se hizo fue una reforma que en ningún otro país existe”.
Ante el cúmulo de problemas que ya se avizoran por este novedoso proceso electivo, Carbonell propuso como solución que las autoridades como el INE sirvan como “línea de defensa” ante posibles intervenciones.
En segundo término, afirmó que otra parte de la responsabilidad recaerá en los medios de comunicación, que deben abrir espacios para el debate de los aspirantes e informar con verazmente a la ciudadanía.
“Hay que intentar que ese primer domingo de junio no sean los grupos de interés los que capten las casillas, porque también hay una estimación del INE que dice que cada persona se va a tardar en votar 10 minutos aproximadamente. Entonces, yo no sé cuántos se pueden desahogar, o sea, por más mamparas y por más urnas que pongas, va a ser demorado, entonces mucha paciencia y ojalá, ojalá, que haya una participación, va a ser baja, pero que sea significativa”.
Carbonell opinó que a los tres niveles de gobierno y las autoridades detrás de este proceso se les debe exigir que definan las reglas claras detrás de este proceso, que se observe y vigile el potencial financiamiento ilegal, y que fiscalicen efectivamente los recursos que utilicen los candidatos.
En referencia únicamente a la ciudadanía, el doctor Miguel Carbonell llamó a la participación y, ante todo, a una participación informada en la medida de los posible para cada persona.
“La información es pública, obviamente, el perfil de quiénes son los candidatos, quiénes son las candidatas y mi razonamiento, lo que yo he expresado en mis propias redes sociales es: uno, tenemos que orientar el voto hacia los mejores perfiles, los más preparados, etcétera; y dos, debemos de impedir que lleguen los peores perfiles, porque también ahorita en la lista de candidaturas sí hay perfiles muy preocupantes. Entonces hay que evitar que lleguen y procurar del otro lado, que lleguen los que están más preparados”.
