Luego de que OHL anunciara que pondría en venta la totalidad de sus acciones en México, en julio de 2017, comenzaron a darse varios movimientos en los que, en teoría, nada tenía que ver ninguna autoridad del país, pero sí intervinieron: fue después de que se concretara la venta y lo hicieron para adquirir parte del Circuito Exterior Mexiquense con dinero de las Afores y del Fonadin.
Cada uno de los movimientos de esta transacción se ocultaron cuando tenían el carácter legal de ser públicos. Ocurrió en los primeros meses de 2018, el último año de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
En mayo de ese año, a un par de meses de distancia de la elección presidencial, mil 972 millones de pesos provenientes de las afores de trabajadores y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se utilizaron para comprar a precio elevado una participación en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), una de las obras construidas por OHL en el Estado de México, la entidad donde también gobernó Enrique Peña Nieto, y en la que recaen varios señalamientos de presunta corrupción, tanto en su adjudicación como en su construcción, funcionamiento y hasta en los rendimientos por peaje.
El abogado Paulo Díez Gargari se encargó de documentar los pasos de este acuerdo en el que jugaron un papel importante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con información compartida a SinEmbargo, el movimiento de dinero inició en mayo de 2018, cuando la empresa australiana IFM Investors vendió el 49 por ciento de su participación en el CEM, por un monto aproximado en 27 mil 600 millones de pesos.
IFM informó en un par de eventos relevantes, que el fondo de inversión canadiense Caisse de Dépot et Placement du Quebec (CDPQ) fue quien compró ese 49 por ciento, lo que era falso. CDPQ es dirigido en México por Alonso García Tamiz, quien estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y luego fue director del Banco Nacional de Obras (Banobras) en el periodo en el que le fueron entregados los créditos más importantes al Circuito Exterior Mexiquense.
Pero CDPQ no se hizo del 49 por ciento, sino del 45.5 por ciento. El 3.5 por ciento restante fue adquirido por diversas Administradoras de Fondos para el Retiro, Pensionissste y Fonadin a través de Banco Invex en su carácter de fiducidiario a través del Fideicomiso CKD. Así se emitieron 36 mil certificados bursátiles por 2 mil millones de pesos que fueron a parar al capital social de la Organización Proyectos de Infraestructura (OPI), filial de OHL –hoy Aleática– y operadora del Circuito.
Texto en el que se informa de la emisión de 36 mil certificados bursátiles. Foto de la denuncia
El fideicomitente y administrador del CKD es CKD Infraestructura México, que es un consorcio conformado por Afore XX Banorte, Afore SURA, Afore Banamex, Pensionissste y Fonadin.
El 9 y 10 de mayo, Aleática, OPI y Concesionaria Mexiquense (Conmex, filial de OPI) informaron que IFM “a través de una subsidiaria” había transmitido primero una participación del 10.01 por ciento de su capital de OPI a CDPQ, luego otro 38.99 por ciento.
El primer anuncio. Foto: BMV
El segundo, donde se informa de la adquisición del resto. Foto: BMV
En ninguno de los documentos hay alguna mención al fideicomiso CKD.
Se optó por tomar un código secreto “Copper”, que fue tomado del fideicomiso CKD de la denominación social de Copper Infrastructure, SA de CV. Aparece en la información del 4to trimestre de 2018, difundida públicamente por el fideicomiso CKD a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): “el 10 de mayo de 2018, el Fideicomiso confirma el cierre de la adquisición de una participación en un proyecto de infraestructura (Copper) presentado en la Asamblea de Tenedores el 29 de enero de 2018”. Pero no era “Copper”, era el CEM.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la que SinEmbargo tiene copia–, la razón de ocultar se debe a que no había manera de justificar que a unas cuantas semanas de la elección presidencial se invirtieran recursos del Fonadin y de ahorros de trabajadores, en el rescate de un proyecto tan cuestionado como el CEM.
Ese mismo día, el fideicomiso CKD publicó un evento relevante en el que informó “el cierre de la adquisición de una participación en un proyecto de infraestructura”, manteniendo ocultos los términos y condiciones de la compra y decidió que la presentación de dicho proyecto era de naturaleza confidencial.
Al 31 de diciembre, el Fideicomiso CKD ya había realizado una inversión por mil 972 millones de pesos que presentó como “Organización de Proyectos de Infraestructura (Proyecto Copper)”, sin mencionar siquiera al Circuito Exterior Mexiquense.
La Consar incurrió en lo mismo: en el Documento de Trabajo del 17 de noviembre de 2018, habla de una “Inversión en Instrumentos Alternativos” de las afores y se hace referencia expresa al CKD asociado al “Proyecto de infraestructura confidencial”.
Es hasta la presentación de los informes anuales de 2017 y 2018 que salen las claves: de parte de CDPQ se informa que sólo se hizo del 45.5 por ciento de participación en el CEM y OPI menciona en su “Actividad y Operaciones Sobresalientes” a CKD como “inversionista institucional con inversiones de largo plazo”.
En febrero de 2019, entre las inversiones realizadas por el fideicomiso CKD apreció “La Organización Proyectos de Infraestructura (OPI)”
TAMBIÉN SE COMPRÓ CARO
Luego de la noticia de que una parte de dinero público proveniente de afores y del fondo de infraestructura ya es parte del Circuito Exterior Mexiquense, está el hecho de que se compró a precio alzado, es decir, el monto que pagaron las afores y el Fonadin, por el 3.5 por ciento, incorporó la supuesta existencia de una rentabilidad garantizada que es falsa y por la que OHL incluso fue multada por la CNBV.
Ese derecho que ya dijo el Gobierno del Estado de México que no existe, hace que la valuación de esa carretera sea la mitad del precio presumido o incluso menos.
Al mismo tiempo, IFM ofreció comprar las acciones de los minoritarios a 27 pesos por acción, cuando éstas estaban en aproximadamente 47 pesos por acción.
Fue Bryan Lepe Sánchez, entonces director general de Emisoras de la CNBV, uno de los que autorizó la nueva Oferta Pública de Adquisición de acciones a 27 pesos sabiendo cuál era el precio al que se había valuado el CEM para efectos de otra venta. Con esto, IFM logró vender caro su participación en el CEM y compró barato a los accionistas minoritarios.
De acuerdo con la información compartida, cuando la CNBV sanciona a OHL en marzo de 2016, los multa con 70 millones de pesos y los obliga a modificar sus estados financieros, los españoles tomaron la decisión de salir de México porque sabían que no tenían ya futuro una vez descubierto su esquema de manipulación contable.
“Se ponen de acuerdo con IFM, que es el fondo de inversión australiano para que comprara caro a OHL España. Van con una primera Oferta Pública de Adquisición (OPA) en junio de 2017 e IFM ofreció comprar todas las acciones que estaban en el público, que eran como el 42 por ciento de OHL México, pero buena parte de esos accionistas deciden no vender porque consideran que no les estaban ofreciendo el precio establecido y eso hace que la empresa no pueda desenlistarse y tuviera que seguir en la BMV”, explicó en entrevista Díez Gargari.
Luego de eso, anunciaron en España que IFM compraría el 100 por ciento de OHL Concesiones, que es dueña indirecta del 56 por ciento de OHL México.
“Lo que se hizo fue darle una manita a IFM, comprándole caro el CEM para que pudiera, al mismo tiempo, comprarle caro a los españoles a unos meses de la elección presidencial, lo que parece un pago de favores”, agregó Díez Gargari.
Desde su perspectiva, lo trataron de ocultar, no solo por el escándalo político, sino porque si los accionistas minoritarios de OHL México hubieran conocido el precio que estaban pagando por el CEM en ese momento habrían demandado a OHL, porque r el mismo que les estaba vendiendo barato, estaba vendiendo caro con el conocimiento y autorización de la CNBV y la Consar.
De acuerdo con la denuncia antes citada, parte del acuerdo con los australianos era que compraran OHL, pero el precio que pagaron era muy alto. IFM, aunque tiene dinero dijo que no y tuvo que vender una parte del CEM y lo vendió carísimo. Al mismo tiempo que compró barato a los accionistas minoritarios. Todo esto ocurrió en mayo de 2018, un mes después de que le compraran a OHL España.
A pregunta expresa de si hay justificación para este movimiento, el abogado consideró que no la hay, ya que aunque se suponga que el CEM es una obra que no tiene cuestionamientos, es una carretera que se terminó hace 10 o 15 años; el dinero del Fonadin no es para refinanciar un proyecto de este tipo y tampoco para generarle al accionista una utilidad. El dinero de ese fondo es para proyectos nuevos de infraestructura “no para ponerle dinero a IFM para que lo use para pagarle a OHL España”. “Este es el último favor que le paga Peña Nieto a OHL a unos meses de irse. Le da unos 2 mil millones más a cambio del dinero que transfirieron para las campañas y quizá parte de ese dinero pudo haber regresado a Peña y su gente a través de OHL España”, concluyó Gargari.
En este mismo periodo, entre abril de 2017 y julio de 2018, Aleatica transfirió 186 millones de pesos al Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV, que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, es una presunta empresa fachada que podría formar parte de una red de empresas relacionadas a un esquema de desvío de recursos públicos para favorecer campañas políticas.
