La presencia de empresas de transporte como Uber, Didi e InDriver en San Luis Potosí ha sido motivo de controversia desde su llegada en marzo de 2016. La regularización de este servicio ha generado debate entre las autoridades y los operadores del transporte tradicional.
Recientemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha expresado su postura en contra de estas plataformas, calificándolas como ilegales y desaconsejando su uso por parte de la población. Sin embargo, no ha proporcionado detalles específicos sobre por qué considera que estas empresas están fuera de la ley.
Para entender la situación, es necesario revisar lo que establece la Ley Estatal del Transporte de San Luis Potosí. En esta legislación, se dedica un capítulo completo a las “Empresas Redes de Transporte”, que incluye a plataformas como Uber, Indriver y Didi.
Según la ley, estas empresas operan como intermediarias entre usuarios y prestadores de servicios de transporte a través de aplicaciones digitales. Para operar legalmente en San Luis Potosí, estas empresas deben registrarse ante la SCT y suscribir un convenio con el Poder Ejecutivo, además de contribuir con un fondo público económico.
Además, los vehículos y operadores deben ser dados de alta ante la SCT, con vehículos de cierta antigüedad y circulación limitada. Un punto crucial es el artículo 71 Septies, que prohíbe el cobro en efectivo y establece que los pagos deben realizarse únicamente a través de la aplicación digital.
Es importante mencionar que, a pesar de un proceso judicial que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las disposiciones de la legislación potosina que limitaban la forma de cobro eran ilegales. Sin embargo, otras disposiciones de la normativa local aún no están siendo cumplidas por estas plataformas digitales.
La situación legal de Uber, Didi e InDriver en San Luis Potosí sigue siendo motivo de debate y disputa entre las autoridades y los operadores del transporte tradicional.
