Estela Ambriz Delgado
Ante diversas irregularidades en las que han incurrido los comisariados del ejido La Pila y sus anexos; de la comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y el ejido Núñez, del municipio de Guadalcázar; sus habitantes han solicitado a la Procuraduría Agraria (PA) que se les realice una auditoría a cada uno, sobre la administración de recursos derivados de programas federales con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como de los obtenidos por el aprovechamiento de sus recursos naturales, la firma irregular de convenios para la ampliación del Libramiento Oriente y los contratos fraudulentos que han comprometido a la gente a la entrega de sus tierras, entre otros asuntos.
En el caso de La Pila y sus anexos, la auditoría que se solicita es en relación a los convenios de pago y de ocupación previa de 30 hectáreas para el proyecto de ampliación del Libramiento Oriente, a cargo del corporativo Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta), cuyo convenio de pago establece una cantidad de 30 millones de pesos y el contrato de ocupación dice que solamente se pagaron 9, hay ocultamiento de documentos y los cheques no coinciden con lo que se les pagó.
Los ejidatarios Ma. del Carmen Gómez Silva, Vitaliano Martínez Zárate, Alejandrino Rivera López y Antonio Hernández Ávila, en primera instancia solicitaron una auditoría a la dependencia a nivel federal en la Ciudad de México, y les notificaron que fue enviada a la representación local, de donde les respondieron que no había procedencia para llevar a cabo una auditoría, pues tenía que ser a partir de un acta de asamblea.
Sin embargo, los ejidatarios presentaron nuevamente en el mes de junio su solicitud, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, publicado el 21 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, y los lineamentos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), en donde se determina una alternativa ante la dificultad de que la asamblea acuerde realizar una auditoría.
“Los sujetos agrarios podrán solicitar de manera personal o por escrito un servicio pericial en materia de auditoria contable, a través de las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas o Residencia que le corresponda, donde se levantará el Acta de Comparecencia o en su caso, se recibirán su solicitud, así como documentación que acredite su personalidad e interés jurídico en la realización de los trabajos periciales”.
La petición de los ejidatarios es para que se auditen los recursos que se relacionan al convenio de pago del 25 de noviembre de 2022, que tienen como origen un acuerdo de asamblea del 6 de noviembre del mismo año y como consecuencia un convenio de ocupación previa del 3 de noviembre de 2023, a fin de que sea evaluada la historia de la cuenta de banco utilizada por las autoridades ejidales para el manejo y disposición del recurso en comento, los convenios de prestación de servicios y la información que al respecto pueda y deba proporcionar el comisariado y/o la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con el texto de la supuesta asamblea del 6 de noviembre de 2022, no aparece en la convocatoria de la misma ni en el desarrollo de esta, alguna determinación sobre autorizar a la mesa del comisariado ejidal a firmar el convenio de pago para la liberación del derecho de vía, considerando un monto de pago, y luego para la firma del convenio de pago el 25 de noviembre se utilizó un avalúo elaborado por un perito registrado en INDAABIN, sin que se anexe el mismo.
La solicitud de los afectados se sustenta en que son manifiestas las inconsistencias y contradicciones entre los acuerdos de asamblea enunciados y los convenios de ocupación previa y de pago, y es evidente que el ejido firmó de manera irregular e ilegal los mismos, además de que, en los pagos realizados a algunos ejidatarios, les fueron rebajadas diversas cantidades que ascendieron a 20 mil pesos por persona.
Además, señalan que se pactó un pago a asesores por el ocho por ciento de los 39 millones 349 mil 254 pesos entregados por el grupo Mexicana de Técnicos en Autopistas, sin que exista un contrato de prestación de servicios que haya sido validado por la asamblea ejidal y a su vez reportado al Sistema de Administración Tributaria.
Durante una reunión con el representante local de la Procuraduría Agraria, Álvaro Pineda Maldonado, y el subdirector jurídico César Ortega, para exponer su solicitud, la señora Ma. del Carmen puntualizó a los funcionarios que el contrato de pago anticipado, con recursos de la SICT a través de la concesión a Meta, tiene un moto de 39 millones, y posteriormente cuando se firma el convenio de ocupación ahí se establece un monto inferior de aproximadamente 9 millones de pesos, y al revisar los cheques, no coinciden con dichas cantidades
“Cuando nosotros estuvimos revisando el informe financiero que nos dio el banco empezamos a darnos cuenta que a los ejidatarios no se nos entregó la cantidad proporcional de ninguna de las dos cifras, pues al hacer cuentas de la proporción de cada compañero, a cada uno le debió de haber tocado 20 mil pesos más aproximadamente, y a muchos de los compañeros se les entregó todavía menor, en el listado de la entrega de cheques hay unos de 40, muchos de 60 y otros por 700 y 900 mil pesos”.
El despojo en La Pila convalidado por autoridades de la PA en 2018
Por otra parte, el señor Alberto en la misma reunión, le preguntó directamente a Pineda Maldonado en qué condiciones quedarían sus parcelas, que fueron cambiadas de estatus a uso común en una asamblea a la que el mismo funcionario acudió a verificar en 2018, y le explicó la situación.
“Las parcelas están medidas, incluso hay un plano del 2001 creo, donde las parcelas aparecen tal como están en el archivo que tiene el Registro Agrario de las parcelas antiguas, pero por ahí en la asamblea del 2018 hicieron otros planos, le cambiaron el giro a las parcelas, y sucede que ya no son de nosotros, entonces esas parcelas que nosotros los ejidatarios tenemos, se las asignan a otro compañero y las del otro compañero se las asignan a otro”.
El activista Carlos Covarrubias Rendón, integrante de Guardianes de la Sierra, quien acompañó a los ejidatarios en la reunión con los funcionarios de la PA, puntualizó que en 2018 se llevó a cabo una asamblea ilegal en la que en la que se certificó el ejido suprimiendo algunas parcelas e incorporando otras a conveniencia, además de que el comisariado asignó más de 200 parcelas en forma irregular, que actualmente son materia de múltiples juicios, con la anuencia del entonces delegado de la dependencia Felipe Aurelio.
“Nosotros le planteamos por mucho tiempo a la PA y a muchas autoridades, que una manera de arreglar la problemática era reconocerles sus parcelas históricas, como un primer paso, pues actualmente se busca obtener la nulidad de la asamblea de 218 en el Tribunal Unitario Agrario.
En La Pila están los intereses económicos y empresariales industriales más grandes que hay en San Luis Potosí, es el WTC parte tres, tienen tanto dinero y tanto poder que ellos hacían lo que querían (…) si esto es algo de una cosa imagínense todo lo que debe haber, aquí hay una situación de mucho riesgo de corrupción, ahorita hay un poquito de respiro porque el procurador ha frenado cosas, pero así va a seguir hasta que una autoridad le ponga un freno”.
El comisariado de SJG y su estrategia para urbanizar la Sierra de San Miguelito
De igual manera, las y los comuneros de San Juan de Guadalupe solicitan una auditoria contable en relación a los ingresos y egresos de fondos comunes, igualmente de acuerdo a los lineamientos de Conamer y a lo establecido por el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria para gestionar los servicios periciales, siempre de forma gratuita.
En su escrito especificaron que los rubros que deberán ser parte de dicha auditoria corresponden a la expedición y cobro de constancias de derechos durante la representación comunal correspondiente al periodo 2021-2024, las cuales emanan del acuerdo celebrado en la asamblea de formalidades especiales del 22 de marzo de 2009 y que fuera inscrita en el Registro Agrario Nacional, a fin de conocer cuánto dinero y de qué forma se ha cobrado, y en qué se ha usado.
Así como el pago respecto a la indemnización derivada del Juicio 1144/2016; el pago de 50 mil pesos por comunero respecto a obras de equipamiento del libramiento Antonio Rocha Cordero, que los comuneros consideran fue un acto de despojo, ya que se desconoce el monto total acordado, distribuido y comprometido, y el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y la comunidad en marzo de 2022, que se había mantenido oculto.
Asimismo, piden que sean auditados los casi 5 millones de pesos que la comunidad recibió por parte de la Conafor, por conceptos de Servicios Ambientales, para actividades de restauración, conservación, monitoreo y vigilancia, entre otros, así como el cobro de atalaje por concepto de pastoreo de ganado mayor de comunidades vecinas como Escalerillas, por venta de cosecha de piñones a otros núcleos como Bledos de Villa de Reyes; y venta de cantera y arena.
Destaca también en la petición de los comuneros, que se auditen los dividendos, ganancias y distribución, de recursos provenientes del contrato de usufructo por 2068-378-57 hectáreas del 23 de diciembre de 2013, con el empresario Alejandro Tamayo Ibarra, que contempla actualizaciones, adenda y adecuaciones del mismo contrato, y que refieren a una cantidad de 50 millones de pesos.
Asimismo, sea parte de la auditoría el contrato de prestación de servicios técnicos, urbanísticos y comerciales suscrito por la empresa Cañada de Lobos SA de CV del 17 de diciembre de 2010, por la cual pagaron 82 millones de pesos a la comunidad como anticipo por mil 600 hectáreas, mismo que se convertiría en un contrato de prestación de servicios técnicos.
En la reunión que sostuvieron los comuneros con el representante local de la PA y el subdirector jurídico para explicar más a detalle su solicitud, María Amalia Pérez Campos indicó que se pone especial énfasis en los últimos dos contratos, debido a que hace dos meses se intentó llevar a cabo una asamblea en la que dentro del orden del día se contemplaba votar la renovación de los mismos.
La comunera también hizo mención de que el contrato de usufructo de Alejandro Tamayo lo intentaron renovar en el 2019 y en diferentes ocasiones, y de la misma forma el de Cañada de Lobos, e inclusive hay un litigio contra la comunidad, promovido por el abogado Gustavo Barrera, quien tras renunciar en el mes de enero a la representación de la misma, demandó por daños y prejuicios por los servicios brindados, utilizando como parte de su argumento dichos convenios, porque dice que es parte de lo que a él le encargaron litigar para anular el decreto de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, con la simulación de contratos de ocupación.
La simulación del comisariado ejidal de Núñez para obtener recursos federales
En el caso del ejido Núñez, en el municipio de Guadalcázar, Leonardo Carrizales Hernández, Miguel Ángel Carrizales Hernández, Delfino Castillo Alvarado y Alberto Alvarado Lumbreras, solicitan una auditoria contable a fondos comunes derivados del aprovechamiento de una mina de yeso, así como de arcilla, uso de suelo, cobro de renta por torres de telefonía, así como por derecho de paso, y del recurso recibido por programas federales, estatales y municipales, administrados por sus representantes, debido a que se desconoce el uso que se ha dado del mismo.
Sin embargo, a diferencia de los otros núcleos de población que piden el mismo procedimiento a la PA, ya se realizó una asamblea en segunda convocatoria el 7 de abril del presente año, en la que dentro del orden del día se puso a consideración la solicitud de auditoría, y fue aprobada por mayoría de votos, posteriormente se levantó el acta y se envió a las oficinas centrales en la Ciudad de México.
En la reunión que sostuvieron con los funcionarios de la PA para exponer su petición, los ejidatarios señalaron que derivado de dicho envío, dependencias como la Conafor ya iniciaron investigaciones, concretamente sobre un proyecto de 100 mil plantas de lechuguilla, en el que hay una simulación de su cumplimiento, pues se encuentra hecho un desastre, dado que se trataba de lechuguilla que fue sustraída de la sierra dejando deforestación, y trasplantada de manera errónea a otro lugar en donde ya está muerta.
Asimismo, informaron que hay también un problema grave con la disposición del mármol que extraen de una mina en las inmediaciones del ejido, pues de manera irregular se han llevado grandes bloques, e inclusive se tuvo conocimiento de que el mismo representante ejidal sustraía material, y respecto a las torres de telefonía, han pasado años sin que emitieran un informe, y cuando se ha hecho no se presenta ninguna nota, factura, y mientras que la empresa les dice que han pagado todo hasta el momento, el comisariado asegura lo contrario.
Al respecto de los tres casos, el representante local de la PA, Álvaro Pineda Maldonado, se comprometió a enviar las solicitudes de cada uno a las oficinas centrales en la Ciudad de México, dado que los servicios periciales se encuentran allí, con el lineamiento de Conamer, para que se emita una opinión al respecto y se indique si es procedente o no, y en el primer caso los requisitos a cumplir y la documentación que se deba aportar, por lo que actualmente se espera la respuesta de la dependencia federal.
