El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas y compañías de Irán y Venezuela, al señalar que participan en la compra, venta y distribución de drones y componentes relacionados con misiles, actividades que, de acuerdo con Washington, representan un riesgo para su seguridad y la de sus aliados.
Las medidas fueron dadas a conocer por el Departamento del Tesoro, que explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la presión internacional contra el programa nuclear iraní y apoyar la reactivación de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Irán, por su parte, ha reiterado que su programa nuclear tiene fines pacíficos.
Entre los sancionados se encuentra una empresa con sede en Venezuela y su presidente, acusados de adquirir drones fabricados en Irán. También figuran ciudadanos iraníes señalados por su presunta participación en la compra de materiales químicos utilizados en la fabricación de misiles balísticos, así como empresas vinculadas a un grupo industrial iraní que ya había sido castigado previamente por Estados Unidos.
El endurecimiento de estas sanciones ocurre en un contexto de mayor tensión. Desde febrero, el presidente Donald Trump reactivó la política de “máxima presión” contra Irán, la cual incluyó ataques militares a instalaciones clave de enriquecimiento de uranio durante un reciente conflicto entre Israel e Irán.
En declaraciones recientes, Trump advirtió que su gobierno no descarta nuevas acciones militares si Irán intenta reconstruir su programa nuclear. Este mensaje fue reiterado durante encuentros con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Autoridades estadounidenses señalaron que estas sanciones buscan frenar la proliferación de armas. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que se continuará actuando para impedir que redes vinculadas al sector militar iraní utilicen el sistema financiero de Estados Unidos.
Por su parte, el Departamento de Estado aseguró que Irán sigue incumpliendo restricciones internacionales y advirtió que el suministro de armamento a Venezuela representa una amenaza directa para los intereses estadounidenses en la región.
