Las autoridades estadounidenses han intensificado su estrategia contra los cárteles mexicanos al concentrarse en el dinero que sostiene sus operaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que ahora prioriza el rastreo de redes financieras que lavan ganancias del narcotráfico, especialmente aquellas que utilizan criptomonedas para mover recursos desde ciudades de la Unión Americana hacia líderes criminales en México.
Como parte de esta ofensiva, varios presuntos intermediarios financieros fueron enviados recientemente de México a Estados Unidos para enfrentar cargos. De acuerdo con documentos judiciales, estas personas coordinaban la recolección de grandes cantidades de efectivo en distintas ciudades estadounidenses y buscaban sacarlo del país mediante métodos cada vez más difíciles de detectar, entre ellos el uso de activos digitales, tras el endurecimiento de los controles tradicionales.
Funcionarios del DOJ explicaron que el objetivo no es solo detener a operadores de bajo nivel, sino golpear directamente el sistema que permite a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) seguir funcionando. Para las autoridades, atacar el flujo de dinero es una forma clave de debilitar a estas organizaciones, incluso más que enfocarse únicamente en el tráfico de drogas en las calles.
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto y jefe de la división penal del Departamento de Justicia, señaló en entrevista con The Associated Press que cortar las finanzas es una de las herramientas más efectivas contra los cárteles. Detalló que, además del contrabando tradicional de efectivo, ahora es común que el dinero se convierta en criptomonedas para luego transferirse y comercializarse sin pasar por los canales bancarios habituales.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, México ha transferido a más de 90 personas acusadas de delitos graves a Estados Unidos, en distintos operativos que incluyen cargos por narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero. Altos funcionarios estadounidenses consideran que estos traslados pueden abrir la puerta a nuevas acusaciones si los detenidos cooperan con las investigaciones y aportan información sobre mandos superiores de los cárteles.
Entre los casos más recientes destacan los de Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco, quienes enfrentan acusaciones por conspiración para lavar dinero ante un tribunal federal en Kentucky. Según las autoridades, estos intermediarios se quedaban con una parte de los recursos como pago por facilitar el retorno del dinero ilícito a México.
El Departamento de Justicia también ha reorganizado su División Criminal para integrar a fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero, con la intención de responder a las nuevas tácticas financieras de los grupos criminales. Esta reorganización busca cerrar los espacios que los cárteles han encontrado para mover sus recursos a través de sistemas financieros cada vez más complejos.
La más reciente transferencia de acusados, realizada en enero, generó polémica en México. Abogados y familiares de algunos detenidos acusaron al gobierno mexicano de haberlos enviado sin un proceso formal de extradición. No obstante, las autoridades mexicanas han defendido que estas acciones se realizaron conforme a la ley y bajo argumentos de seguridad nacional.
