Estados Unidos ha sancionado a 16 funcionarios de Venezuela, incluyendo a miembros del gobierno, militares, y de la Corte Suprema, así como de la autoridad electoral, por obstruir el proceso electoral y violar derechos civiles. El Departamento del Tesoro anunció estas sanciones, que están dirigidas a individuos involucrados en la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro y la represión posterior a las elecciones.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, comentó que las sanciones buscan responsabilizar a los funcionarios por sus acciones en las elecciones fraudulentas y la dura represión contra la libertad de expresión. “Mientras la mayoría de los venezolanos clama por un cambio, estos actos muestran una represión brutal”, declaró Adeyemo.
Entre los sancionados se encuentran varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Malaquías Gil Rodríguez, entre otros.
Desde las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de arrestar arbitrariamente a ciudadanos que ejercen sus derechos políticos y de utilizar tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Esto incluyó la emisión de una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, quien se vio obligado a buscar asilo en España. Urrutia representó a la líder opositora María Corina Machado, quien no pudo participar en las elecciones debido a una inhabilitación política.
Las protestas posteriores a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años resultaron en 27 muertes, aproximadamente 200 heridos y más de 2,400 detenidos, que el gobierno de Maduro ha calificado de “terroristas”.
Estados Unidos ya había impuesto sanciones anteriormente a funcionarios venezolanos, incluido Maduro, quien ha sido acusado de narcotráfico. En abril, el gobierno de Joe Biden reimpuso sanciones al sector petrolero y de gas de Venezuela, tras haberlas suspendido temporalmente para alentar a Maduro a mejorar las condiciones electorales. A pesar de las sanciones, se han otorgado licencias individuales a empresas petroleras como Chevron y Repsol para operar en el país.
