Un grupo de ocho migrantes, entre ellos un mexicano, fue deportado por Estados Unidos a Yibuti, en la región del Cuerno de África. Así lo confirmó Stephen Miller, asesor presidencial del presidente Donald Trump, después de que se manejara la versión de que estaban en Sudán del Sur. Todos ellos fueron condenados por delitos graves, como asesinato y abuso infantil.
Jesús Muñoz Gutiérrez, el mexicano deportado, fue sentenciado por asesinato en segundo grado y cumplía cadena perpetua en Estados Unidos antes de ser parte de esta expulsión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los migrantes fueron enviados a ese país africano porque era uno de los pocos que aceptó recibirlos.
El juez federal Brian Murphy, sin embargo, acusó al gobierno de violar una orden judicial, la cual prohíbe enviar personas a terceros países donde su vida esté en riesgo, como es el caso de Sudán del Sur, que atraviesa un conflicto armado. Señaló que los deportados no pudieron comunicarse con sus abogados ni presentar recursos legales antes de ser sacados del país.
La noche anterior a su salida, organizaciones defensoras de derechos de migrantes presentaron una apelación urgente en un tribunal de Massachusetts. Aseguraron que algunos de los deportados serían enviados a Sudán del Sur y otros posiblemente a Myanmar, dos países con alto riesgo para su seguridad. El juez ordenó que los migrantes no debían ser trasladados sin que su situación fuera revisada.
Pese a esto, las autoridades estadounidenses ejecutaron el traslado. Miller informó que un juez de Boston “puso en peligro” a los agentes que escoltaron a los migrantes al ordenar que permanecieran al menos 15 días en Yibuti sin personal ni recursos para su protección. Llamó a los migrantes “monstruos” y criticó duramente al juez por frenar una expulsión que ya estaba en proceso.
El DHS aseguró que, aunque ya están fuera del país, los migrantes siguen bajo custodia del gobierno estadounidense. También informaron que se trataba de personas con antecedentes extremadamente violentos y con condenas por crímenes como violación infantil y homicidio. En muchos casos, los países de origen se negaron a recibirlos por la gravedad de sus delitos.
Tricia McLaughlin, vocera del DHS, dijo que ningún país quería aceptarlos por lo que representan. Afirmó que la suspensión de la expulsión por parte del juez fue un intento de obligar a Estados Unidos a traer de regreso a personas peligrosas. Al ser presionada por la prensa sobre el destino final, evitó confirmar si era Sudán del Sur y solo mencionó que eran ocho las personas en ese vuelo.
Por su parte, Todd Lyons, funcionario interino de ICE, explicó que los migrantes provenían de países con los que era difícil negociar retornos por razones legales o diplomáticas, y que se logró que una nación —sin especificar cuál— los aceptara finalmente.
En tanto, el jefe policial de Sudán del Sur, mayor general James Monday Enoka, negó que los migrantes hayan llegado a su país. Aclaró que, si llegaran y no fueran sudaneses, serían devueltos a su país de origen.
Un rastreo realizado por el diario The New York Times mostró que un jet privado tipo Gulfstream V, usado anteriormente en deportaciones, salió desde Harlingen, Texas. El avión cruzó el Atlántico, hizo escala en Irlanda y aterrizó el miércoles en Yibuti.
