Abelardo Medellín
La información difundida por medios locales en la que se afirma que a través de un juicio de amparo se “tiró” la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, es “absurda” y es una “estrategia facilona” emprendida por fraccionadores, así lo explicaron en entrevista con Astrolabio Diario Digital los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Los Guardianes afirmaron que ya tuvieron oportunidad de revisar las listas de acuerdos donde figura el amparo al que refieren los medios locales:
“Es una suspensión contra un acto de despojo de mil 805 hectáreas, es decir, pedir que no se desincorporen del régimen comunal… caramba, ¿eso qué tiene que ver con el decreto? El decreto es una categoría de Área Natural Protegida de flora y fauna que no cuestiona la propiedad originaria proveniente de la resolución presidencial del núcleo de población, es decir, las tierras son de los comuneros”.
Los Guardianes apuntaron que si se promueve una resolución o amparo para que las tierras no se desincorporen del régimen comunal, eso sería bien recibido, ya que “no se van a poder fraccionar ni vender”.
El grupo defensor de la Sierra de San Miguelito comentó, además, que llama la atención la forma en que solo se promovió el amparo por mil 805 hectáreas y se dejó fuera de esta consideración de “despojo” a las otras 11 mil hectáreas que fueron declaradas ANP.
“Qué error tan terrible, es el último clavo en el ataúd de los fraccionadores, pensamos que entre los desarrolladores y algunos abogados no se pudieron poner de acuerdo en la estrategia, y en lugar de planificar una estrategia para litigar el decreto […] se desesperaron tanto, que se fueron por el camino fácil”, explicaron.
Los activistas indicaron que la difusión de esta información falsa sobre el amparo que “tiraría” la declaratoria de ANP fueron solo “unas buenas dosis de placebos” para los propietarios de medios de comunicación, que también son inversionistas en el proyecto “Las Cañadas”.
“Es un amparo patito y no afecta el decreto, es una estrategia inocente, nada que ver con el proceso integral de la Sierra”, opinaron los guardianes, quienes añadieron que este intento de desinformación relacionado con la Sierra de San Miguelito, también significará una confrontación con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador:
“Eso sí, acaba de cocorear al presidente, pues que se agarren los fraccionadores, porque el presidente sabe que esto no es de las y los comuneros, la gente sabe que su tierra es de ellos, y lo que acaban de hacer los varones del cemento es ponerle el cascabel al ‘AMLO”.
De igual forma, apuntaron que, una posible confrontación de grupos fraccionadores contra un decreto promovido desde el Poder Ejecutivo Federal, podría poner a los empresarios inmobiliarios en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF):
“Qué te parecería si la UIF empieza a escudriñar como está el asunto del manejo financiero de los varones del cemento, no queremos ni ver”.
Pese a que desestimaron que este amparo fuera a afectar en algo la declaratoria de ANP de la Sierra de San Miguelito, dijeron que los ataques mediáticos contra esta resolución continuarán y son peligrosos, ya que terminan por usar a la gente como “carne de cañón”.
“Hay un riesgo de que la distorsión de la información, provoque esta situación [de reacción violenta] y ahí los responsables son los dueños de esos medios ‘fake’ (…) ellos son los que van a tener que responder si hay un escenario de confrontación provocado por la calumnia y la mentira”.
Asimismo, los Guardianes añadieron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá la responsabilidad de informar más claramente lo que ha ocurrido y lo que se planea hacer con la Sierra.
En el mismo sentido, los activistas apuntaron que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, deberá involucrarse y coordinarse con la Semarnat en lo que refiere al tema presupuestal, la construcción del plan de manejo, además de “tener una postura pública, clara y sin titubeo de un proyecto común”.
“Es su obligación, es un momento en que esto debe quedar definido públicamente, ahí no hay marcha atrás, ahí es claridad de objetivos, si no, imagínate las consecuencias, los problemas que esto le puede traer con el tema de la gobernabilidad”, finalizaron.
