Una situación tensa se vivió en el Instituto Tecnológico de Veracruz cuando un profesor fue confrontado por estudiantes tras ser señalado por presunto acoso. Todo ocurrió durante una clase, en la que el maestro pidió a las alumnas que lo acusaban que se identificaran frente al resto del grupo. El momento generó incomodidad y fue grabado en video por los propios alumnos.
Ante la petición del maestro, algunos estudiantes reaccionaron de inmediato y comenzaron a gritar “¡fuera!”, mostrando su desaprobación al comportamiento del docente. El video fue difundido en redes sociales y desató una ola de comentarios divididos entre quienes exigen justicia y quienes consideran que el tema debe tratarse de forma más institucional.
Durante el enfrentamiento, el profesor negó los señalamientos e insistió en que las acusaciones surgieron porque algunas alumnas reprobaron la materia. La situación dejó al grupo en silencio y aumentó la polémica sobre cómo se deben manejar este tipo de casos dentro de los planteles educativos.
El caso también ha puesto sobre la mesa la necesidad de seguir correctamente los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, los cuales están diseñados para proteger a las víctimas, garantizar una investigación imparcial y evitar la revictimización.
Según la SEP, cuando se presenta una denuncia de acoso, las escuelas deben actuar de inmediato. Primero se recibe la denuncia (ya sea verbal o escrita), se separa preventivamente al maestro señalado, se da apoyo psicológico y legal a la víctima, y se informa a las autoridades competentes, como la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) o el Ministerio Público en casos graves.
Después, se abre una investigación interna, se recaban testimonios, se registra todo en un acta oficial y se determina si el caso requiere sanción, intervención legal o medidas correctivas. También se busca fortalecer la cultura institucional con capacitaciones y revisión de protocolos internos.
Estos lineamientos están basados en el interés superior del menor, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia, con el objetivo de garantizar entornos seguros para el alumnado sin dejar impune ninguna forma de violencia.
