La organización civil El Poder del Consumidor (EPC) sostuvo que las empresas refresqueras en México han seguido la tónica internacional de presionar en contra de las medidas fiscales a través del uso de estudios científicos, de los cuales muchos son financiados por la propia industria.
Alejandro Calvillo Unna, director de EPC, dijo que varios de los recientes pronunciamientos de la industria refresquera tienen como trasfondo presionar a los legisladores durante la próxima discusión del Paquete Fiscal 2016 contra el impuesto que grava los refrescos en México.
“Hay dos lecturas según sus declaraciones. La primera es que hay una línea que pretende que se eliminen los impuestos. La segunda, tratan de que no se aumenten los impuestos como nosotros hemos propuesto”, dijo.
Actualmente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava el 10 por ciento de los refrescos, pero las organizaciones de salud han dicho que se necesita aumentarlo al 20 por ciento, “sólo así podríamos ver efectos más notorios, ya que gracias al impuesto el consumo de refrescos se redujo 6 por ciento el año pasado, pese a que estudios de la industria digan que la reducción fue de 2.5 por ciento”.
Asimismo, la controversia en Estados Unidos conformada tanto por los estudios que demuestran el daño que producen los refrescos a la salud, como los que niegan la magnitud de dichos efectos, se ha trasladado a México.
La semana anterior la doctora Kimber Stanhope, investigadora del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, participó en un foro realizado por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), en el que mostró los resultados de un estudio que demostró el vínculo que existe entre el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa usado en los refrescos y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Después de la ponencia de Stanhope en el país, llegará el 2 de septiembre a la Ciudad de México James Rippe, un investigador con un estudio financiado por la Asociación de Refinadores de Maíz de los Estados Unidos (Corn Refiners Association, por su nombre en inglés) con resultados contrarios a los de Stanhope, para participar en un foro de nutrición organizado por el International Life Sciences Institute de México.
El financiamiento de estudios científicos por parte de las empresas transnacionales se ha vuelto una práctica de presión a los legisladores en ambos países, dijo en su momento aSinEmbargo, Kimber Stanhope.
Una investigación del 2013 publicada en la revista científica PLoS Medicine mostró que los estudios que son financiados por empresas, son cinco veces más propensos a negar que exista evidencia entre las bebidas azucaradas y la ganancia de peso u obesidad.
Además, el 83.6 por ciento de los estudios que especificaron tener conflictos de interés debido a su fuente de financiamiento mostraron resultados en los que aseveraban que no había evidencia científica suficiente para decir que el consumo de azúcar era un riesgo para ganar peso.
ESCÁNDALO COCA-COLA
A principios de este mes una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times (NYT) destapó un escándalo sobre la ética de transparencia de Coca-Cola en el financiamiento de investigaciones científicas.
La empresa apoyó con 1.5 millones de dólares (unos 25 millones de pesos) a la creación de una organización no gubernamental llamada Global Energy Balance Network (GEBN), que promueve el mensaje de que el consumo de calorías no es tan importante como la actividad física en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.
De acuerdo con esta investigación, el mismo vicepresidente del Grupo Steven Blair, un profesor de la Universidad de Carolina del Sur, manifestó en un video de la ONG que, “los medios y en la prensa científica se enfocan en ‘Oh, están comiendo demasiado, comiendo demasiado, comiendo demasiado’, y le echan la culpa a la comida rápida y a las bebidas azucaradas”. Sin embargo, las imágenes fueron retiradas de la página luego de la investigación, a petición de Blair, como el mismo reconoció después.
El medio estadounidense reveló que Coca-Cola proporcionó alrededor de 4 millones de dólares (cerca de 67 millones de pesos), repartidos en varios proyectos, a Blair, quien ha desarrollado lineamientos de actividad física para el Gobierno de EU, y otro profesor, Gregory Hand, quien labora en la Universidad de Virginia Occidental.
Distintos sectores interpretaron que el rol de Coca-Cola en el financiamiento de esta organización presentaba un claro conflicto de interés, al ser una de las refresqueras más grandes del mundo.
Al parecer la empresa tendría varias razones para financiar estudios, pero, principalmente, es la preocupación de que las ventas de refrescos han descendido en Estados Unidos un 25 por ciento en las últimas dos décadas, de acuerdo con la opinión de Dana Radcliffe, profesor de ética de negocios en la Universidad de Syracurse, expuesta en su blog en elHuffington Post.
“Y mientras tanto ciudades y escuelas están intentando desmotivar el consumo de bebidas azucaradas, especialmente en los niños”, expuso.
Otro aspecto encontrado por este trabajo periodístico del NYT que demostró los vínculos que atan a Coca-Cola con GEBN fue que el sitio web gebn.org, estaba registrado en la sede de Coca-Cola en Atlanta, “y la compañía también estaba listada como administradora del sitió”, citó el trabajo.
“Coca-Cola y otros fabricantes de bebidas han canalizado mucho dinero para los científicos de corte empresarial y formado grupos de fachada que suenan inocentes para difundir el mensaje de que las bebidas gaseosas azucaradas no tienen ningún efecto nocivo sobre la salud y no deben ser gravados o reguladas . La nueva organización, sin fines de lucro GEBN, es el último esfuerzo de poner brillo ‘basado en ciencia’ a la posición de la industria”, citó un editorial del NYT sobre el escándalo.
A partir de este trabajo el jefe ejecutivo de Coca-Cola, Muhtar Ken, hizo público su compromiso de publicar un listado de los esfuerzos que la compañía ha financiado. Así como de crear un panel de expertos independientes que emita recomendaciones sobre a dónde dirigir los esfuerzos de financiamiento académico.
“Pero, lo que no dijo [Muhtar Ken] fue ‘nosotros vamos a parar de pelear contra los impuestos a los refrescos y a limitar las ventas’ ”, dijo al NYT, Marion Nestle, profesora de nutrición de la Universidad de Nueva York.
REFRESQUERAS EN EL MUNDO
Calvillo recordó que la presión que han metido las refresqueras en contra de las políticas públicas de salud, cuando consideran que atentan contra sus fines comerciales, práctica generalizada a nivel mundial.
El director del EPC recordó que el 11 de mayo la Alianza Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), en la que también se encuentra Coca-Cola, se pronunció en contra de las medidas fiscales, publicitarias y de etiquetado en México, Ecuador, Chile y Perú.
“Las asociaciones miembros de ALAIAB manifiestan su rechazo a los esquemas tributarios establecidos sobre los alimentos y bebidas, que se justifican sobre la hipótesis de que el incremento del precio de un bien vía impuestos inhibe el consumo y por tanto, dicha política fiscal es capaz de modelar hábitos de consumo”, expresaron las transnacionales de alimentos y bebidas en un comunicado.
Por otra parte, en el viejo continente, agregó Calvillo, el Observatorio de la Europa Corporativa (CEO, por sus siglas en inglés) determinó que la campaña de presión que hizo la industria alimentaria en el 2010 en contra del etiquetado del semáforo ascendió a un billón de euros.
“Este es un etiquetado hecho para que hasta un niño lo pueda entender, en México no quisieron implementarlo, y el único estudio hecho en estudiantes de nutrición determinó que no lo entendían”, dijo.
La CEO hizo énfasis en que el Parlamento Europeo votó en marzo de ese año en contra de implementar este etiquetado justamente por considerar un estudio que presentaba un conflicto de interés, ya que fue elaborado por un tanque de pensamiento llamado European Food Information Council (EUFIC), que fue “fundado por la industria de alimentos”.
En la visita que hizo Kimber Stanhope a México destacó que transparentar las fuentes de financiamiento de los estudios de la ciencia limpiaría el camino para que los políticos dejen de presentar excusas, y que se priorice la salud pública.
Con información de: Sin Embargo
